El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.
Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por una condena, que aún puede ser apelada, de cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto.
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Los magistrados Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino secundaron el voto del relator, Alexandre de Moraes, para condenar al exdiputado por el delito de coacción durante un proceso judicial. Moraes declaró que “no es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país”.
De Moraes agregó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre con la intención de evitar una eventual condena.
El exmandatario derechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por intentar aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Tras la llegada de Eduardo Bolsonaro, el año pasado EE. UU. impuso sanciones contra los magistrados que juzgaron a su padre por golpe de Estado.
Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro Foto:Cuenta de X de Eduardo Bolsonaro @BolsonaroSP
El Gobierno estadounidense también justificó la imposición de aranceles a Brasil con base en el juicio contra Bolsonaro, que fue tildado por Trump de “caza de brujas”.
El hijo del expresidente y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro no estuvo presente en el juicio y fue representado por un abogado de oficio de la Defensoría Pública.
Eduardo Bolsonaro. Foto:Captura de pantalla @BolsonaroSP
El exdiputado también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.
Los argumentos contra Eduardo Bolsonaro
Durante su intervención, De Moraes exhibió varios videos de declaraciones y entrevistas en las que el exdiputado se refiere a las gestiones que realizó en Washington para promover sanciones contra Brasil y contra los jueces de la Suprema Corte.
“Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó el juez.
Los jueces también rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegó la supuesta parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación al acusado.
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El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que este se limitó a ejercer una “interlocución política” ante el Gobierno de Estados Unidos.
Personas durante una manifestación contra el proyecto de amnistía a Jair Bolsonaro. Foto:EFE
Carvalho recalcó que Bolsonaro “no tuvo ningún poder de decisión sobre la política exterior estadounidense” y tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción.
Esta tesis fue rechazada por los jueces, que interpretaron que la víctima de esas amenazas fue el sistema judicial brasileño.
El vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto:AFP
El juicio se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro jueces de perfil progresista, entre los que figura Cristiano Zanin, exabogado de Lula, y Flávio Dino, exministro en el Gobierno de Lula.
