Una operación militar en la frontera con Colombia, la desaparición de una embarcación y dos ataques contra barcos pesqueros en el Pacífico son los casos con los que Human Rights Watch (HRW) pone bajo la lupa la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, uno de los principales pilares de la estrategia de Quito contra el crimen organizado.
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En un informe divulgado este martes, titulado Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, HRW sostiene que cuatro episodios ocurridos entre enero y marzo de 2026 dejan preguntas sin resolver sobre el papel que desempeñó cada uno de los cuerpos de seguridad involucrados y sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El documento fue elaborado a partir de 62 entrevistas con víctimas, abogados, testigos, funcionarios y otras personas con conocimiento directo de los hechos, además de la revisión de imágenes satelitales, documentos judiciales, informes médicos, datos de monitoreo de embarcaciones, fotografías y videos para reconstruir los incidentes y contrastar los testimonios.
La operación militar en la frontera con Colombia, bajo escrutinio
El primer caso analizado es una operación militar desarrollada entre el 1 y el 6 de marzo en San Martín, en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia.
Funcionarios de ambos países describieron la misión, denominada ‘Exterminio Total’, como una operación “conjunta”, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, calificó públicamente la acción como un “éxito”, aunque ninguno de los dos gobiernos precisó cuál fue la participación específica de las fuerzas de cada país.
Gobierno de Noboa afirmó inicialmente que había destruido un campamento de los Comandos de Frontera. Foto:EFE
La organización encontró que el 3 de marzo militares ecuatorianos detuvieron, sin orden de captura, a cuatro ciudadanos colombianos que trabajaban en una finca lechera.
Ese mismo día, tres propiedades fueron incendiadas y dos de ellas resultaron atacadas con municiones lanzadas desde el aire tres días más tarde. Una bomba de 500 libras (MK-82) lanzada durante la operación no explotó y terminó en territorio colombiano tras “rebotar” desde el lado ecuatoriano, lo que generó un roce diplomático entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.
El informe recoge testimonios de los trabajadores, quienes relataron haber sido torturados para obligarlos a revelar la ubicación de supuestas armas o escondites utilizados por los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Farc que opera en Putumayo.
En aquel momento, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvo en declaraciones a medios que los trabajadores hacían parte del “primer anillo” de la estructura armada.
“Me torturaron con electricidad, con un taser. Me echaban agua y luego me pringaban, y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos”, contó uno de los trabajadores a HRW.
Me torturaron con electricidad, con un taser. Me echaban agua y luego me pringaban, y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos
De acuerdo con HRW, fotografías, informes médicos y un análisis realizado por especialistas del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura son compatibles con las lesiones denunciadas. Los cuatro hombres fueron liberados horas después sin que se presentaran cargos en su contra.
Respecto a ese operativo, el Gobierno ecuatoriano sostuvo que una fiscal se negó a formular cargos por “temor” a represalias. Sin embargo, la Fiscalía General de Ecuador, consultada por HRW, aseguró que los militares no aportaron pruebas suficientes para sustentar una imputación. La organización también verificó que los trabajadores no registraban antecedentes penales.
Además, la ONG afirmó haber encontrado evidencia que indicaría que se trataba de una finca dedicada a la producción lechera, con base en imágenes satelitales, testimonios y registros comerciales relacionados con la compra de insumos y la venta de queso.
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“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien agregó que “el Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”.
Desapariciones y ataques en el Pacífico ecuatoriano
La segunda parte del informe se concentra en tres incidentes ocurridos frente a las Islas Galápagos entre enero y marzo de este año.
El primero corresponde a la desaparición del pesquero Fiorella y de ocho integrantes de su tripulación, de 10 personas, el 20 de enero. La embarcación partió del puerto de Jaramijó el 13 de enero de 2026, bajo el mando del capitán Juan Carlos Valencia, para realizar pesca con espinel entre la costa ecuatoriana y las Islas Galápagos.
Los dos sobrevivientes de la tripulación, que lograron regresar porque se encontraban lejos de la embarcación principal en una lancha de apoyo, relataron que los días 18 y 19 de enero avistaron dos aviones grises y drones negros con cuatro hélices y luces rojas sobrevolando la zona. Ese 19 de enero, el capitán informó al propietario que un barco patrullero gris con bandera de Estados Unidos los estaba siguiendo de cerca.
Juanita Goebertus, directora para las Américas en Human Rights Watch (HRW). Foto: CORTESÍA José Orozco / La Hora
“El capitán detuvo la marcha, tomamos un refrigerio allí y estuvimos esperando a ver si nos abordaban los de la patrulla, pero no lo hicieron”, dijo uno de ellos a HRW. “Como no nos abordaron, seguimos avanzando”, agregó.
Finalmente, el 20 de enero de 2026, alrededor de la 1 p. m., se perdió la señal de rastreo satelital y el contacto radial con la embarcación. Su última posición conocida fue en aguas internacionales entre el continente y las Galápagos. Los sobrevivientes cuentan que, mientras estaban pescando, escucharon por radio a un compañero de otra lancha gritando: “Capitán, capitán”, sin recibir respuesta. Poco después, vieron a lo lejos lo que parecía ser una columna de humo.
Esperaron en el punto de encuentro hasta las 11:00 p. m., pero el Fiorella nunca apareció. Tras navegar a la deriva para ahorrar combustible, fueron rescatados el 22 de enero por la embarcación “Dios es mi Guía”.
Los otros dos episodios se relacionan con ataques mediante drones armados contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos el 17 y el 26 de marzo, respectivamente. Estos hechos dejaron cuatro personas con heridas graves: fracturas, pérdidas parciales de visión, daños auditivos, quemaduras y cortes profundos.
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Los tripulantes de ambos barcos describieron haber sido recogidos por una embarcación de tamaño mediano con el casco azul y una cabina blanca en la que, según sus testimonios, había hombres armados con uniformes de estilo militar e insignias de la bandera de Estados Unidos.
De acuerdo con sus relatos, personal armado con uniformes caqui los encapuchó y esposó con bridas de plástico. Así permanecieron retenidos durante varias horas antes de ser entregados a la Guardia Costera de El Salvador, desde donde regresaron posteriormente a Ecuador.
Human Rights Watch señala que analizó los antecedentes penales de los tripulantes de las tres embarcaciones y encontró que únicamente cuatro de los 46 pescadores registraban antecedentes, ninguno de ellos relacionado con delitos violentos o tráfico de drogas. La organización también afirma que revisó datos satelitales, sistemas de monitoreo marítimo y otros registros para reconstruir la secuencia de los hechos.
El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos negaron cualquier participación o conocimiento de estos incidentes. Según el informe, las autoridades ecuatorianas tampoco confirmaron oficialmente que los ataques hubieran ocurrido.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: AFP
Críticas a la estrategia de seguridad de Noboa y exigencias de transparencia
Más allá de los cuatro casos documentados, HRW sostiene que estos episodios reflejan problemas en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Noboa. Las críticas se producen mientras Ecuador registra una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta de América Latina, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
En ese contexto, el Gobierno sostiene que las principales estructuras criminales (Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones) reúnen alrededor de 21.000 integrantes, argumento con el que ha defendido la declaratoria de “conflicto armado interno”. El informe advierte que varias decisiones adoptadas desde esa declaratoria amplían las facultades de las fuerzas de seguridad sin fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Además, sostiene que ello facilita la comisión de abusos estatales y socava la independencia y la capacidad del sistema judicial. “Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos”, señaló Goebertus.
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Hasta marzo de 2026, se habían reportado 51 casos de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado, incluido el caso de cuatro niños en Guayaquil, cuyos restos calcinados fueron encontrados tras haber sido detenidos por una patrulla militar.
En paralelo, Human Rights Watch cuestiona varias medidas adoptadas por el Gobierno para blindar jurídicamente a las fuerzas de seguridad. En junio de 2026, Noboa emitió un decreto que garantiza indultos y amnistías para policías, militares y civiles que colaboren en la lucha contra el crimen por delitos cometidos durante el conflicto armado, una decisión que, según la organización, debilita la rendición de cuentas.
El informe recuerda que la Asamblea Nacional aprobó leyes que ampliaban las facultades para el uso de la fuerza letal y permitían labores de inteligencia sin controles adecuados, aunque algunas de esas disposiciones fueron posteriormente anuladas por la Corte Constitucional. Tras esos fallos, el Gobierno calificó a los magistrados como “enemigos del pueblo” y promovió manifestaciones en su contra.
Al mismo tiempo, Human Rights Watch advierte que el fortalecimiento del aparato militar no ha ido acompañado de un fortalecimiento del sistema de justicia. Mientras el Gobierno invierte en equipos militares, el país enfrenta un déficit crítico de 631 fiscales y 753 jueces, lo que, según el informe, limita la capacidad de investigar abusos y procesar a los responsables.
Ecuador se encuentra bajo un estado de excepción casi continuo desde el 8 de enero de 2024. Foto:EFE
El Gobierno de Noboa defiende su estrategia. En una respuesta enviada a ocho relatores especiales de Naciones Unidas, sostuvo que la declaratoria de conflicto responde al nivel de violencia que enfrenta el país y que las medidas extraordinarias buscan proteger a la población frente a organizaciones criminales fuertemente armadas.
En sus conclusiones, Human Rights Watch solicita a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos aclarar el papel desempeñado por cada uno de los dos países en los cuatro incidentes documentados, explicar el funcionamiento de su cooperación en materia de seguridad e informar cuáles son las salvaguardas implementadas para prevenir violaciones a los derechos humanos durante las operaciones conjuntas.
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
