En diciembre, el abogado congolés Albert K. Barume cumplirá un año como relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es el primer africano en el cargo.
Los últimos días estuvo en Belém, donde estas comunidades han sido protagonistas de la COP30. Allí visitó el Caucus Indígena, la instancia que unifica las posiciones sobre el cambio climático de las siete regiones socioculturales del mundo. Habló de su primer informe como relator y contó que, en pleno siglo XXI, algunas familias poderosas de África siguen regalando pigmeos a sus hijos, como si se tratara de mascotas y no de seres humanos.
En entrevista con O Globo, Barume se refirió a esos patrones coloniales que aún persisten y denunció que el menosprecio de estas culturas se relaciona en muchos casos con la intención de expropiar sus tierras. También advirtió sobre los peligros de amalgamar los conceptos de comunidades locales y pueblos indígenas, y dijo que estos últimos son naciones, con derechos específicos como la autodeterminación, y que el sistema internacional tiene que adaptarse a esta realidad.
¿Qué tan avanzado está en el mundo el reconocimiento estatal efectivo de los pueblos indígenas?
No estoy seguro de tener un mapa correcto, pero diré lo siguiente: los derechos de los pueblos indígenas dependen del nivel de democracia y de Estado de derecho. Cuando los pueblos indígenas viven en un contexto nacional de gobernanza débil, poca rendición de cuentas y un Estado de derecho disfuncional, es probable que enfrenten retos mucho mayores. Cuando los derechos humanos no son prioridad y no hacen parte de la cultura política, el nivel de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas es, obviamente, menor. La cuestión indígena es, fundamentalmente, un asunto de derechos humanos. Para ellos se creó un régimen jurídico que busca corregir la violación histórica de sus derechos. Debemos empezar por reconocer a los pueblos indígenas como titulares de derechos y como víctimas de una violación específica, que consiste en deshumanizar a alguien —o a toda una comunidad o su modo de vida— con el fin de despojarlo de su tierra. Muchas comunidades fueron consideradas salvajes, incivilizadas, porque se buscaba una justificación para quitarles la tierra. Esta violación particular dio origen al régimen internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas. Y se sigue presentando en países poscoloniales, donde algunas comunidades, culturas y modos de vida son menospreciados.
Albert K. Barume. Foto:Archivo particular
¿Puede darnos un ejemplo?
Antes de ser relator especial tuve el privilegio de trabajar para la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un mecanismo regional equivalente al Sistema Interamericano. Durante mi tiempo allí, se formuló el concepto de pueblos indígenas para todo el continente. La Comisión concluyó que este, tal como se entiende en el derecho internacional, se aplica a muy pocas comunidades en África. Principalmente, a los cazadores-recolectores y pastores nómadas, que encajan en el perfil de comunidades que sufrieron la violación específica de la que hablé antes, y que siguen sufriéndola. Incluso hoy oyes a representantes africanos que dicen: “No podemos permitir que la gente siga siendo cazadora-recolectora. Eso es un poco salvaje, incivilizado”. También se escucha: “No se puede dejar que la gente ande por ahí con ganado, como salvajes”. Eso es algo profundamente denigrante. Denigra culturas, modos de vida, medios de subsistencia que la gente no eligió.
¿Piensa pronunciarse sobre la militarización de la COP por los disturbios de la semana pasada?
Es una pregunta difícil. Yo no usaría la palabra ‘militarización’. En absoluto. Mi intención no es evaluar, porque no estaba aquí cuando la manifestación ocurrió. Pero eso no es excusa. Lo que intento decir es que el derecho a la protesta está garantizado. Eso es lo primero. El segundo punto: muchos pueblos indígenas que no tienen acceso a la Zona Azul han venido aquí para ser escuchados, para ser vistos, para que se les tenga en cuenta, porque los necesitamos: sin ellos no hay salida a la crisis climática. Numerosos estudios han demostrado que hay más biodiversidad en las tierras indígenas. Y se prevé que muchos de los proyectos de transición energética se desarrollen en ellas. Se habla de que entre el 40 y el 50 por ciento de los minerales de transición están en tierras indígenas o cerca de ellas. Así que estos pueblos son claves. Además, tienen conocimientos tradicionales que se reconocen como fundamentales frente al cambio climático. Es de interés para todos escuchar a los pueblos indígenas, tanto a los que están en la Zona Azul como a los que están afuera y usan la protesta o la libertad de expresión para hacer valer su postura.
Manifestantes se enfrentan con la seguridad en un intento de invasión a la sede de la COP30. Foto:EFE
¿Y el mundo los está escuchando?
No sé si el mundo los está escuchando, pero debería. Y no lo digo porque yo sea el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino por las razones que ya expuse: la forma en que ellos han usado los recursos naturales es mucho más sostenible. Creo que solo falta que quienes toman las decisiones entiendan que el futuro debe construirse con ellos.
A la luz del derecho internacional, ¿los pueblos indígenas deberían poder votar en las COP?
Los pueblos indígenas son naciones. Y hoy es innegable que se han convertido en sujetos del derecho internacional. El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas habla de la autodeterminación. Creo que los procesos internacionales, incluidas la Convención Marco sobre el Cambio Climático y las COP, tienen que ajustarse al estatus de los pueblos indígenas en el derecho internacional. Ha habido avances en ese sentido, pero no son suficientes. De hecho, en Nueva York y Ginebra hay un debate y una negociación en curso sobre cómo mejorar su representación dentro de la ONU. Porque los pueblos indígenas no son ONG y tampoco son Estados o individuos. Son sujetos de derechos internacionales. El debate ya no es sobre si deben estar mejor representados, sino sobre cuándo lo estarán como corresponde.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la COP30. Foto:EFE
¿Tiene alguna idea para cambiar el modelo?
Esa es una negociación entre Estados e indígenas. No soy lo uno ni lo otro. No puedo predecir lo que harán los Estados, que son los que construyen el derecho internacional. Y tampoco hablo en nombre de los pueblos indígenas. Soy relator especial sobre sus derechos; mi función es orientar sobre cómo aplicar mejor esos derechos.
En su primer informe como relator, usted advirtió sobre los riesgos de mezclar los conceptos de pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Cuáles son esos riesgos?
Si las dos categorías se confunden por completo, el primer riesgo es una degradación de los derechos de los pueblos indígenas, porque la ‘comunidad local’ sigue siendo un concepto de derecho interno, a diferencia de los pueblos indígenas, que constituyen un concepto de derechos humanos bajo el derecho internacional. En ejercicio de su soberanía, los Estados pueden definir quiénes hacen parte de una comunidad local. Y algunos Estados lo han hecho, como la República Democrática del Congo, de donde vengo yo. Pero el número de estos países aún es muy bajo. La legislación interna puede conceder algunos derechos sobre la tierra a las comunidades locales, pero estos pueden suspenderse, restringirse o modificarse, también en virtud de la legislación interna.
Si aceptáramos que los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas son lo mismo, eso podría implicar que los derechos indígenas también dependen de la legislación nacional, cosa que no es así. Los derechos indígenas están basados en el derecho internacional. Muchos Estados están impulsando con fuerza la categoría de comunidades locales, con la intención de degradar los derechos indígenas sobre tierras y recursos al mismo nivel que los de las comunidades locales. Así pueden controlar esos derechos, definir su alcance, expropiar, limitar, hacer lo que quieran. Un segundo riesgo es que, en ciertas regiones, como África y Asia, la tierra fue arrebatada a los pueblos indígenas por comunidades locales. Como escribí en mi informe, si colocas al actor dominante y a su víctima bajo la misma categoría legal de protección, comprometes el destino de la víctima.
BERNARDO BEJARANO G.
Especial para O Globo
bernardo.bejarano.g@gmail.com
