A cuatro años de las masivas marchas del 11 de julio de 2021 (conocidas como las marchas del 11-J), organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos denuncian la continuación de la represión por parte del régimen.
Aquel julio de 2021 sacó a la luz el descontento de los cubanos, se connsidera que la serie de manifestaciones no tienen precedentes en más de 60 años de régimen comunista.
Miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir libertades civiles y mejores condiciones de vida. Las protestas fueron impulsadas por una grave crisis económica, escasez de alimentos y medicinas, cortes de electricidad prolongados y el manejo estatal de la pandemia de COVID-19. A esto se sumó la creciente frustración acumulada por décadas de represión política.
Miles de cubanos salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir libertades civiles. Foto:Eliana Aponte / El Tiempo
El estallido sorprendió al gobierno cubano, que respondió con una fuerte represión. Se reportaron detenciones masivas, cortes de internet y juicios sumarios. Activistas, artistas y ciudadanos comunes fueron encarcelados, y muchos recibieron largas condenas por cargos como desorden público, desacato o sedición. Según diversas ONGs, fueron capturadas unas 1.500 personas.
Desde entonces, denuncian, la fuerte represión se ha mantenido e incluso escalado recientemente. Según la ONG Prisoners Defenders (PD), al cierre de junio registró un total de 1.158 presos por motivos políticos en Cuba, la misma cifra que el mes anterior.
La represión no ha cesado: se ha transformado y expandido. Poner atención sobre Cuba hoy es un imperativo para la defensa de la dignidad humana y la libertad
La organización, con sede en Madrid, explicó que ocho personas entraron en su listado mensual y similar cantidad salió al cumplir íntegramente la sanción o medida impuesta.
El reporte mensual de PD identificó a 475 personas con “patologías médicas graves” y 40 con problemas de salud mental, todos ellos “sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”.
Explicó que 32 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 29 cumplen sentencia y tres están siendo procesados penalmente con “medidas cautelares sin tutela judicial alguna”. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
Manifestantes pro-gobierno gritan a favor del gobierno en frente del Capitolio de La Habana. Foto:Eliana Aponte / EL TIEMPO
También, en un comunicado firmado por 18 organizaciones (entre ellas Civil Rights Defenders, COnEnfoue, y 4métrica), se denunció la “escalada represiva contra actrivistas y defensores de DDHH” previo al cuarto aniversario del 11J.
“La represión no ha cesado: se ha transformado y expandido. Poner atención sobre Cuba hoy es un imperativo para la defensa de la dignidad humana y la libertad”, denuncian los firmantes, que agregan que uns 361 personas que participaron en las marchas del 11J “aún permanecen privadeas de la libertad”.
“La mayoría de las personas han sido condenadas en juicios sin garantías mínimas y bajo cargos manipulados políticamente”, puntualizan.
Asimismo, la ONG Human Rights Watch denunció “abusos”, “torturas” y “vigilancia” contra al menos 17 manifestantes recientemente excarcelados.
La mayoría de las personas han sido condenadas en juicios sin garantías mínimas
En su informe ‘Cuba: manifestantes relatan abusos en prisión’, la organización, con sede en Nueva York, recopiló los testimonios a través de entrevistas telefónicas.
En ellas, los involucrados –quienes hablaron bajo la condición de anonimato– denunciaron “haber sido golpeados y confinados en régimen de aislamiento” en su tiempo en la cárcel.
También detallaron las condiciones “insalubres” de las cárceles: con comida y agua insuficientes o en mal estado, infecciones que no fueron tratadas como sarna, tuberculosis y dengue o el rechazo a tener llamadas o visitas. Del mismo modo, describieron haber sido torturados por métodos como “la bicicleta”, que consiste en tirar desde un punto elevado a un convicto esposado.
Los manifestantes marcharon frente al capitolio de La Habana para rechazar la dictadura. Foto:Adalberto Roque. AFP
Las entrevistas, detalló HRW, se realizaron entre marzo y mayo de este año. Los expresos que decidieron hablar con la oenegé se encontraban recluidos en seis prisiones masculinas y dos femeninas.
Todos formaron parte del proceso de excarcelación echado a andar por el Gobierno cubano desde enero tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos –en los últimos días del presidente Joe Biden– mediado por el Vaticano para retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
“El hecho de que algunos hayan sido liberados tras un ‘acuerdo’, y no por una revisión de sus casos o por el cumplimiento de una sentencia justa, refuerza la idea de detenciones arbitrarias y con fines políticos”, criticó HRW en el documento.
Vista de la protestas en Cuba durante segundo día consecutivo. Foto:Eliana Aponte / EL TIEMPO
La organización destacó que los entrevistados aseguraron que, una vez fuera de la cárcel, han estado “bajo vigilancia constante” de la Seguridad del Estado.
De igual forma alertaron que solo pueden trabajar en oficios dentro de una baraja que determina el propio Gobierno. “Aunque fui liberado de prisión, sigo siendo un prisionero”, lamentó un entrevistado.
HRW recordó, asimismo, los casos de los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, quienes fueron reingresados a prisión tras haber sido excarcelados a principios de año.
Human Rights Watch instó a los Gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea a condenar la detención arbitraria y el acoso de manifestantes, periodistas y activistas en Cuba.
Se trata de la protesta más grande que se registra en la isla desde 1994. Foto:AFP y EFE
