La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma constitucional que modifica la composición del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al eliminar la facultad de los partidos políticos de proponer ternas para elegir a tres de sus cinco magistrados, lo que deja a la oposición sin representación en el organismo electoral.
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“Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos serán elegidos de un proceso general y público que la comisión respectiva realice”, dice la nueva redacción.
Esta enmienda, ratificada con 57 votos de los 60 diputados, modifica el artículo 208 de la Constitución, que antes de la reforma establecía que tres de los cinco magistrados del TSE debían ser escogidos de entre las ternas presentadas por los tres partidos que obtuvieran el mayor número de votos en las elecciones presidenciales.
Soldados caminan en el municipio de Apopa, El Salvador. Foto: AFP
Estas ternas eran presentadas: una por el partido ganador de las elecciones presidenciales y dos por los partidos que quedaban en el segundo y tercer lugar, generalmente de la oposición.
La nueva redacción también establece que la convocatoria para elegir a los tres magistrados, que antes les correspondían a los partidos, será pública y que una comisión de diputados escogerá y propondrá al pleno a los candidatos para su votación “sin ningún tipo de cuota partidaria” y basándose en la “meritocracia”.
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Añade que “los magistrados del TSE deben cumplir los mismos requisitos que se piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista”.
Tras esta reforma, a los partidos de oposición únicamente les quedaría representación, si no obtienen diputaciones en las elecciones de 2027, en los concejos municipales, a través de algunos escaños locales.
No es la primera vez que el Gobierno de Bukele o su partido impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse unos comicios, con los próximos previstos para febrero de 2027.
En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otras medidas.
Gobierno de Bukele se ensaña contra medio independiente
El diario digital El Faro denunció este jueves que el gobierno de Bukele congeló los bienes de sus socios en represalia por sus denuncias sobre presuntos nexos entre el mandatario y pandilleros.
La medida, que afecta una cuenta bancaria y un inmueble, se relaciona con una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega y que, en cambio, vincula con la reciente publicación de un documental que amplió sus denuncias sobre los presuntos tratos de Bukele con criminales.
El Faro detalla supuestos “pactos criminales” de Bukele con grupos criminales. Foto: PRESIDENCIA DE EL SALVADOR
El presidente, que gobierna con poderes absolutos, rechaza los señalamientos de que pactó con las pandillas a cambio de apoyos para llegar al poder en 2019.
“La dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, señaló en un comunicado El Faro, cuyos colaboradores trabajan en el exilio desde hace un año.
Según el diario, una vez más el gobierno responde con represalias a publicaciones sobre “sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos; y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña”.
El Faro estrenó recientemente un documental que —recordó— detalla supuestos “pactos criminales” de Bukele que se rompieron en 2022 para dar paso a una guerra antipandillas.
Esa ofensiva, que se desarrolla bajo un estado de excepción, condujo a la captura de unas 92.000 personas sin orden judicial y ha motivado denuncias sobre crímenes de lesa humanidad por parte de un grupo de juristas internacionales.
El “objetivo final es silenciarnos”, indicó El Faro, al señalar que el congelamiento de activos se escuda en una medida para garantizar el eventual pago de obligaciones.
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La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo en X que esta “persecución” contra el medio, que incluye espionaje, difamación y amenazas de cárcel, “es una prueba más de la deriva autoritaria de El Salvador”.
El proceso fiscal comenzó en 2020 y el gobierno no ha logrado demostrar sus acusaciones sobre evasión y lavado de dinero, sostuvo la publicación, que en 2023 trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras 25 años en El Salvador.
La denuncia se produjo un día después de que un gremio de prensa denunciara que El Salvador registró en 2025 la mayor oleada de periodistas exiliados desde el fin de su guerra civil hace tres décadas, debido al temor a ser detenidos y a ataques de funcionarios.
Unos 53 comunicadores abandonaron el país el año pasado por “acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo”, indicó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en su informe anual.
CAMILO A. CASTILLO — Subeditor Internacional — X: @camiloandres894
(*) Con información de EFE y AFP
