La sucesión de noticias que involucran a militares de Chile con tráfico de drogas, a jueces que liberan a miembros de estructuras militares y a gendarmes nacionales que ayudan a reos extranjeros a entrar celulares, para operar desde las cárceles, se ha hecho cada vez más común en lo corrido de este año. Un fenómeno que ha elevado las alertas en el gobierno de Gabriel Boric.
Chile no estaba preparado para ese nuevo escenario y tenemos pocos policías por habitante, comparado con países latinoamericanos y de Europa.
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“Estos años no han sido fáciles en materia de seguridad. Tenemos tremendos desafíos para combatir una delincuencia que es audaz, y además un crimen organizado que intenta permear nuestras instituciones”, señaló el mandatario chileno hace algunas semanas, durante una ceremonia con Carabineros cuando todos los focos estaban sobre el Poder Judicial, por el error que permitió la liberación del sicario venezolano Alberto Mejía, posteriormente capturado en Colombia, y en el escándalo que golpeaba las Fuerzas Armadas por los exsuboficiales detenidos por traslado de droga.
Pero, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos años para que Chile pasara de ser uno de los países más seguros de América Latina y con más transparencia en sus instituciones y se haya convertido en un destino apetecido y usado por el crimen transnacional?
Alberto Mejía Foto:Redes sociales
EL TIEMPO consultó a varios expertos en materia de seguridad en Santiago, quienes coinciden en que su extensa y porosa frontera, y su ubicación estratégica en el Océano Pacífico lo han convertido en un destino ideal para que bandas criminales, de otros países, instalen sus estructuras de tráfico de drogas y de migrantes.
Para Jorge Araya, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, el crimen organizado actúa, en buena medida, como una empresa que está buscando ganancias por medios ilícitos y, tiende a ampliarse, a buscar nuevos mercados.
“En ese sentido Chile ha resultado un lugar atractivo porque hay un fuerte consumo de drogas en el país y un nivel adquisitivo superior a varios países latinoamericanos, y eso significa mayor ganancia por el tráfico de drogas y también por otros ilícitos”, asegura el experto en seguridad.
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De acuerdo con el boletín estadístico del primer semestre del 2025, publicado en agosto por la Fiscalía de Chile, en el país se ha registrado un aumento de un 19,6 % en distintos tipos de delitos denunciados, lo que significa 156.610 ilícitos más que en el mismo periodo en el año pasado. En esta estadística llama la atención la categoría de “otros delitos” en los que figura un incremento del 177,4 % en el porte de aparatos de comunicación en recinto penitenciario.
Según cifras recabadas por el Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER), entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, al menos 11 miembros del Tren de Aragua, que estaban recluidos en cárceles nacionales, fueron sorprendidos con celulares y otros dispositivos electrónicos por fallas en los controles de Gendarmería y complicidad de sus miembros, a pesar de ser la institución encargada de la seguridad en los penales, lo que ha permitido a estas estructuras seguir operando desde las prisiones.
Gabriel Boric, presidente de Chile durante locución presidencial. Foto:EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Puertos estratégicos para el narcotráfico
La ubicación privilegiada del país más largo del mundo hacia el Océano Pacífico se ha convertido en una ventaja para las bandas criminales que, en los últimos años, han convertido a Chile en una plataforma logística para el narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas.
“El uso intensivo de puertos para exportación de frutas, por ejemplo, genera lógicas de permanencia temporalmente corta de cargas en esos puertos, lo mismo que sucede en Ecuador, lo que es muy atractivo para la estructura del crimen organizado, principalmente vinculada al narcotráfico”, señala a EL TIEMPO Pablo Ceballos, investigador de crimen organizado en América Latina.
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Para los expertos, el uso de los puertos chilenos es uno de los principales objetivos de las bandas transnacionales ya que, al ser un país muy abierto comercialmente, tanto a las importaciones como a las exportaciones es más fácil camuflar las drogas.
Alias Bobby lideraba el tráfico ilegal de ketamina para el Tren de Aragua en Chile. Foto:Archivo particular.
“Eso permite que las bandas del crimen organizado vean a Chile como una oportunidad para embarcar productos, muchas veces cocaína que proviene de Colombia, de Perú, y que en puertos chilenos que despiertan menos sospechas en países de Europa o de Norteamérica, resulta conveniente embarcarlos aquí”, señala Araya a EL TIEMPO.
Una larga frontera por controlar
Chile cuenta con la frontera terrestre más larga de América Latina, y la tercera a nivel mundial, con una extensión de 7.801 kilómetros: 5.308 km con Argentina, 860 km con Bolivia y 171 km con Perú. Una longitud que se ha convertido en un verdadero desafío para las autoridades en materia de control de ingreso de migrantes indocumentados y de tráfico de personas y de drogas.
“No se trata de que la migración en sí genere inseguridad, sino que la ausencia de control fronterizo permite a estructuras criminales generar una economía ilícita muy rentable, que está vinculada a la trata y el tráfico de inmigrantes. Pero, en esas mismas formas de tráfico también se genera tráfico de drogas, de armas y otras economías ilícitas que se van interrelacionando”, asegura a EL TIEMPO Ceballos, autor del libro Un virus en las sombras, sobre la expansión del narcotráfico en Chile.
Elementos incutados a una banda en Chile. Foto:Cortesía
A esto se sumó este año el fenómeno de militares chilenos vinculados al narcotráfico en zonas de frontera, algo que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó como “el hecho más grave que puede comprometer a la seguridad pública en Chile”.
Los dos escándalos más sonados, en los últimos meses, han sido la detención de seis suboficiales, en la norteña zona de Tarapacá, por ser miembros de una banda que transportaba droga desde Bolivia, y la de otros tres miembros del Ejército, capturados en la ciudad de Puerto Aysén, en el sur del país, por retirar, de un servicio de mensajería, un paquete con más de once kilos de droga. En ambos casos queda en evidencia la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas.
Alza en criminalidad y nuevos delitos
En 2024, Chile registró 1.207 víctimas de asesinato, lo que equivale a una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mayoría de estos crímenes se concentraron en las regiones Metropolitana (45,7%), de Valparaíso (11,1%) y del Biobío (9,3%). Los especialistas alertan que el incremento de delitos violentos se ha disparado en la última década en el país.
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“Chile estaba acostumbrado a ser un país más bien tranquilo, con poca delincuencia, que consistía en robos básicamente, pero no en delitos peligrosos. Eso cambió con la entrada del crimen organizado y con el desarrollo de bandas de narcotráfico nacionales que hicieron más intensivo el uso de armas. Chile no estaba preparado para ese nuevo escenario y tenemos pocos policías por habitante, comparado con países latinoamericanos y de Europa. Tenemos pocos fiscales, pocas cárceles. Por lo tanto, todo el sistema de justicia criminal chileno tiene que fortalecerse”, estima el experto en violencia, Jorge Araya.
Policía chilena Foto:AFP
Araya destaca que en los últimos 8 años hubo una inmigración muy importante hacia Chile, desde Colombia y desde Venezuela, un fenómeno que ha incidido en la transformación de la delincuencia en el país austral. “Han traído delitos que antes no se usaban en Chile o eran muy poco frecuentes, el secuestro extorsivo, la trata de personas para el comercio sexual en muchos casos, o como esclavos para trabajar en algún lugar”.
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Durante 2025 se han registrado 672 expulsiones de migrantes, principalmente de Colombia, Venezuela y Bolivia, relacionados a delitos como tráfico de drogas, porte de armas y robos con violencia. Crímenes relacionados a la ola de inseguridad que se ha incrementado en Chile, durante los últimos años, que ha sido uno de los temas más complejos para saliente gobierno de Gabriel Boric y que, con seguridad, será el principal desafío para el nuevo o la nueva ocupante de La Moneda, el próximo año.
