Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo y una de sus aliadas más cercanas, se convirtió en el centro de una nueva crisis diplomática en Sudamérica luego de que México le concediera asilo político. La decisión llevó al Gobierno peruano a romper relaciones bilaterales, mientras la exfuncionaria enfrenta un juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.
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De origen aimara, y nacida en la sureña región de Tacna, fronteriza con Chile; Chávez saltó a la primera línea de la política tras ser elegida en las elecciones de 2021 como congresista del partido de corte marxista Perú Libre, con el que Castillo llegó a la Presidencia.
Pronto Chávez, abogada de profesión, demostró dotes políticas que le hicieron llegar al gabinete ministerial de Castillo, en una rueda constante de cambios de ministros al sucederse una crisis tras otra dentro del autollamado Gobierno del Pueblo.
Chávez sostuvo una gran lealtad a Castillo y se quedó hasta el final. Comenzó en octubre de 2021 ocupando la cartera de Trabajo y después pasó a Cultura para terminar liderando el Ejecutivo como primera ministra, un cargo que ostentó fugazmente apenas dos semanas hasta que se produjo el fallido golpe de Estado.
La política estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba el discurso en el que ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, sin lograr su cometido, si bien ella asegura que desconocía el contenido del mensaje.
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Chávez comenzó en octubre de 2021 ocupando la cartera de Trabajo y después pasó a Cultura. Foto:Tomado de X.
Mientras Castillo fue detenido minutos después, a Chávez la detuvieron en 2023 y fue internada en una cárcel de mujeres de Lima donde denunció supuestos abusos y realizó varias huelgas de hambre hasta que el Tribunal Constitucional reconoció que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no pidió en el plazo debido la extensión de la prisión preventiva.
Desde el 4 de marzo de este año acudía tres veces por semana a las audiencias del juicio, en las que siempre defendió su inocencia.
Tras quedar en libertad, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 10 meses de impedimento de salida de Perú contra la política porque en el proceso que se encuentra el juicio, existe “sospecha suficiente” para prohibirle salir del país.
Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró entonces que su cliente no ha pensado “irse afuera” del país, tras recuperar su libertad, y que, más bien, existe la posibilidad de que postule a las elecciones generales del próximo año. De hecho, hace un mes, Chávez acudió a un podcast donde aseguró que en los próximos años será presidenta de Perú.
Sin embargo, la semana pasada, Chávez dejó de asistir a las audiencias del juicio y esto levantó las alarmas de una posible fuga que este lunes se supo que se encuentra asilada en la Embajada de México.
Pedro Castillo, expresidente de Perú. Foto:Agencia.
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Abogados de Chávez confirman asilo en México
Los abogados defensores de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, confirmaron este lunes que recibió el asilo político otorgado por México.
“La defensa expresa que esta decisión se enmarca plenamente en el Derecho Internacional y constituye un reconocimiento a la persecución política de la que (Chávez) ha sido víctima en el Perú”, señaló un pronunciamiento publicado en la red social X del abogado Raúl Noblecilla, quien lo suscribió junto con Luis Barranzuela y César Romero, los otros defensores de la política.
Los abogados agregaron que, con su decisión, “México ha actuado conforme a los principios de protección de los derechos humanos y a los tratados internacionales vigentes”.
Informaron, además, que “la defensa, por el momento, no brindará más declaraciones ni entrevistas, al tratarse de un asunto que corresponde ser tratado directamente entre el Estado mexicano y el Estado peruano”.
Noblecilla había señalado horas antes que aún no tenían la información de que Chávez había recibido asilo por parte de México, tal como había informado el canciller peruano, Hugo de Zela, pero consideró que una decisión en ese sentido confirmaba que su defendida “es una perseguida política”.
Agencia EFE
