Ecuador se ha convertido hoy en día en el país más violento de América Latina y en un creciente epicentro del crimen organizado y el narcotráfico transnacional. Así lo revela el más reciente informe de Crisis Group, titulado ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, al cual EL TIEMPO tuvo acceso antes de su publicación.
Esta organización no gubernamental afirma que esta realidad se refleja en el promedio de 21 homicidios diarios registrados durante el primer semestre, una cifra que convierte a 2025 en el año más violento de la historia del país.
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Con corte a julio pasado se registraron 4.619 homicidiosun 47 % más que en 2024 y ocho veces más que en 2016. Ante este panorama, la promesa de mano dura y seguridad del presidente Daniel Noboa sedujo a los ecuatorianos, que el 13 de abril lo reeligieron –con más del 55 % de los votos– como su mandatario hasta 2029.
Sin embargo, lo que fue su principal músculo en materia de políticas, que llevó a una disminución de la tasa de homicidios en los primeros meses (pasando de casi 50 en 2023 a 40 en 2024), es ahora el reflejo de las falencias de un enfoque centrado solo en la seguridad, que no aborda las otras causas que alimentan la criminalidad que hoy golpea a los ecuatorianos. Esta es la conclusión a la que llega el más reciente informe del International Crisis Group.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto:AFP
En su reporte Crisis Group señala que la falta de compromiso institucional para apoyar a comunidades vulnerables, así como un sistema penitenciario corrupto y la corrupción en el Estado, “permite que el crimen y la violencia persistan” en el país, e incluso empeoren.
Las cifras lo demuestran. Los casos de extorsión se triplicaron en tres años (de 6.651 casos en 2023 a 20.293 en 2024) y, aunque el país incautó 135 toneladas de droga en lo que va del año –una cifra que supera la de todo 2024–, la violencia ligada al narcotráfico no cede. A esto se suma el aumento de motines en cárceles con un hacinamiento del 19 % y una veintena de muertos en la última semana.
El informe de 49 páginas sostiene que lo que alguna vez fue descrito como un “oasis de estabilidad” en América Latina se convirtió, en menos de una década, en el país más violento de Sudamérica. “La relativa paz de Ecuador terminó abruptamente”, señala el documento, afirmando que desde 2020 los homicidios casi se duplicaron año tras año y las masacres en las cárceles se volvieron recurrentes.
Más de 500 reclusos han muerto desde 2021 en Ecuador. Foto:AFP
El auge de la criminalidad
La explicación, advierte el reporte, está en la reconfiguración del tráfico de cocaína en la región. Durante años, las rutas y los actores estaban dominados por grandes cárteles jerárquicos que controlaban la cadena de suministro.
Sin embargo, ahora el narcotráfico opera como una red fragmentada y flexible. “Esta estructura permite a los grupos expandirse rápidamente hacia nuevos territorios y ajustarse ante la presión estatal”, señala el informe. En ese contexto, Ecuador ofreció condiciones especialmente ventajosas.
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A ello contribuyeron varios factores relatados en el documento. La dolarización en 2000 facilitó el lavado de dinero ilícito; los puertos marítimos se consolidaron como salidas altamente eficientes hacia EE. UU. y Europa; las fronteras porosas facilitaron el tránsito de insumos y cargamentos; y los recortes presupuestarios a fuerzas de seguridad y al sistema penitenciario desde 2017 debilitaron la capacidad del Estado para responder.
Como resultado, Ecuador “quedó en el corazón de la cadena logística del narcotráfico” global.
En ese panorama, los grupos armados locales, sobre todo Los Choneros y Los Lobos, sellaron alianzas con el ‘Cártel de Sinaloa’ y el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, respectivamente. “Pagan el 70 % en droga y el 30 % en armas”, relató un exagente policial citado en el informe, describiendo un sistema transnacional de intercambio ilícito que fortaleció en armamento, peligrosidad y capital a las pandillas ecuatorianas.
Kristi Noem junto a Daniel Noboa durante su visita a Ecuador. Foto:AFP
Paralelamente, la corrupción se afianzó en múltiples niveles del Estado. “Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar funcionarios en todo el sector público”, se lee en el informe, incluyendo poderes judiciales, penitenciarios, fuerzas de seguridad y gobiernos locales.
En este contexto, el sistema de prisiones se convirtió en epicentro de control criminal. “El hacinamiento y la corrupción desenfrenada permitieron a los grupos criminales controlar el sistema penitenciario”, afirma Crisis Group, que documenta que desde 2024 al menos 27 funcionarios penitenciarios han sido asesinados.
El informe además muestra que las prisiones se volvieron todo un negocio, en el que borrar antecedentes “cuesta alrededor de 400 dólares”, mientras que el control de un pabellón “puede generar hasta 8.000 dólares mensuales” en ganancias ilícitas. Las más de quince masacres carcelarias desde 2021, con más de 500 muertos, son prueba de esta disputa sangrienta por el control de estos negocios.
Explosión de carrobomba en Guayaquil, Ecuador. Foto:EFE
La apuesta de Noboa por la seguridad que hoy se debilita
Frente a este panorama, la respuesta del presidente Daniel Noboa se centró casi exclusivamente en la fuerza militar. Desde inicios de su mandato, decretó al menos 14 estados de excepción y desplegó al ejército en calles y cárceles. El informe destaca que la estrategia recibió respaldo social en un contexto de miedo generalizado, y los primeros resultados parecieron alentadores. Sin embargo, el efecto se ha desinflado.
Entre enero y junio de 2025 se registraron más de 4.500 homicidios, el semestre más violento desde que existen registros, con aumentos en 19 de las 24 provincias.
La militarización tampoco cambió la situación en las cárceles. Aunque un tercio de los centros penitenciarios cuentan con presencia militar, 455 reclusos murieron entre 2024 y abril de 2025, según cifras de Crisis Group.
Ataque a la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto:Captura de pantalla: X:@Presidencia_Ec
Entonces, ¿por qué falló la estrategia? El informe es contundente: “Es poco probable que la estrategia de Noboa, tal como está, logre asestar un golpe decisivo al crimen organizado”. En su análisis, se destaca que los grupos criminales se adaptan, se reubican y diversifican sus negocios, mientras que las intervenciones policiales sin presencia sostenida y sin acompañamiento institucional dejan vacíos que son rápidamente llenados de nuevo por las bandas.
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Glaeldys González, analista para los Andes del Sur en Crisis Group, explica que si bien “la reducción de los homicidios en 2024 parecía un buen augurio para la estrategia de mano dura, el repunte de la violencia en 2025 demuestra que las operaciones militares, por sí solas, rara vez logran desmantelar los mercados del narcotráfico”.
Más de 500 reclusos han muerto desde 2021 en Ecuador. Foto:AFP
Y agrega: “Los grupos criminales suelen adaptarse rápidamente. Se desplazan a nuevos territorios, captan nuevos reclutas, tejen nuevas redes de corrupción, diversifican sus fuentes de ingresos y buscan afianzar su control sobre comunidades vulnerables”.
El informe concluye que Ecuador solo podrá salir de su actual crisis abordando múltiples factores más allá de la seguridad.
La analista señala que es necesario “avanzar hacia soluciones más duraderas” que “requerirán la presencia permanente de una gama más amplia de instituciones estatales en las comunidades más inseguras, redes de protección social más sólidas, una reforma penitenciaria y una mayor efectividad en el combate a la corrupción y la colusión en los puertos y en las instituciones estatales”.
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