La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este miércoles que el narcotráfico se ha infiltrado “hasta el tuétano” en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales, por lo que anunció la implementación de un sistema de rotación de oficiales para evitar que desarrollen vínculos con estructuras criminales.
“Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo“, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa semanal.
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En los últimos meses han salido a la luz casos de policías, jueces y fiscales presuntamente relacionados con organizaciones narcotraficantes y señalados de favorecer sus actividades.
No es la primera vez que Fernández formula críticas de este tipo. Declaraciones similares en el pasado provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial, en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y altos funcionarios judiciales, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Zamora, y el fiscal general, Carlo Díaz.
La mandataria consideró que sería positivo que el Poder Judicial también implementara mecanismos de rotación para jueces y fiscales en distintas regiones del país, una medida similar a la que planea aplicar en los cuerpos policiales.
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Según explicó, el objetivo es impedir que los agentes desarrollen arraigo en determinadas comunidades y terminen defendiendo intereses vinculados al narcotráfico.
“Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo“, afirmó.
Costa Rica enfrenta actualmente altos niveles de violencia asociados al narcotráfico, un fenómeno que se ha convertido en el principal desafío de seguridad para este país tradicionalmente considerado pacífico y estable. Además, diversos informes de inteligencia divulgados por la prensa han advertido sobre posibles infiltraciones del crimen organizado en cuerpos policiales.
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En su plan de gobierno, Fernández, una politóloga conservadora de derecha, prometió endurecer las políticas de seguridad e incluso planteó la posibilidad de impulsar estados de excepción en zonas consideradas conflictivas si la situación se deteriora.
En agosto pasado, la presidenta firmó un decreto que declara secreto de Estado toda la información, documentos y archivos, incluidos contratos y presupuestos, relacionados con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y la fuerza interinstitucional denominada Fuerza Élite.
De acuerdo con las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en un centro logístico utilizado por organizaciones criminales para recibir, almacenar y redistribuir cargamentos de droga procedentes de Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa, principalmente mediante contenedores marítimos.
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Según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las autoridades decomisaron 46,5 toneladas de cocaína en 2025, la segunda cifra más alta registrada en la historia del país, superada únicamente por las 47,1 toneladas incautadas en 2020.
Redacción Internacional – EL TIEMPO
Con información de EFE*
