José Jerí, presidente interino de Perú, decretó finalmente el anunciado estado de emergencia para Lima y la provincia del Callao por 30 días. La decisión se toma en un tenso clima político después de la destitución de Dina Boluarte de la presidencia y la toma de mando por quien administra hoy la República.
Con esta medida, el mandatario busca hacerle frente a la creciente criminalidad en Lima. Los efectos de la misma tienen que ver con la suspensión de derechos como la libertad de reunirse y medidas relacionadas con la reclusión de presos en las cárceles de la ciudad metropolitana.
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Estado de emergencia en Lima, Perú
La decisión ya había sido anunciada por Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno interino de Jerí, el pasado 16 de octubre, un día después de las manifestaciones convocadas por grupos juveniles en protesta contra la nueva administración. En ese momento, el vocero aseguró que el decreto vendría acompañado de “un paquete de medidas concretas y eficaces” entre las que no descartaban el toque de queda.
Ernesto Álvarez, primer ministro de Perú. Foto:EFE
Este martes se hizo efectiva la notificación que se dio por televisión y redes sociales. Según el presidente interino, se toma respecto a la creciente inseguridad ciudadana en Perú y para combatir el crimen organizado en Lima y la provincia aledaña.
En la comunicación, aseguró que con esta decisión se busca “recuperar la paz y la tranquilidad” en el país. “Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, agregó sin dar más detalles. En el diario oficial El Peruano, se publicó el decreto que oficializa la determinación.
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Según el texto, con la entrada en vigencia del decreto este miércoles 22 de octubre a la medianoche, se suspenderán derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, algo que afectaría directamente a las protestas contra el Gobierno y el Congreso por acusaciones de acoso sexual al actual mandatario, de inseguridad, de contribuir a mantener el mandato de Dina Boluarte, entre otras reclamaciones.
La expresidenta de Perú Dina Boluarte Foto:EFE
El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas del Perú den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas, además de otras situaciones de violencia.
Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados, además de operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
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Mientras tanto, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, y el decreto de estado de emergencia prevé “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación“, así como el “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas”.
Agentes antidisturbios se protegen durante una protesta contra el presidente de Perú, José Jeri. Foto:AFP
En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos solo en el gremio de transporte urbano. Esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 en el pleno del Congreso.
De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
CON INFORMACIÓN DE EFE.
