Un proyecto de ley presentado en Bolivia por el diputado Néstor Rodríguez, del partido Alianza Unidad, provocó una fuerte controversia luego de plantear medidas relacionadas con la capacidad reproductiva de personas en situación de calle con problemas de drogodependencia.
Aunque el legislador asegura que la propuesta busca priorizar la rehabilitación y la reinserción social, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan varios de sus alcances.
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La iniciativa contempla la creación de un Programa Nacional Integral de Reinserción Social para esta población, con un enfoque que incluye atención médica, tratamiento contra las adicciones, acceso a educación, capacitación laboral y seguimiento por parte de instituciones especializadas.
Según Rodríguez, cualquier medida relacionada con la reproducción sería considerada únicamente después de agotar todas las etapas del proceso.
La propuesta desató reacciones de autoridades y organizaciones. Foto:IStock
Un proyecto que abrió el debate
El diputado sostuvo que la propuesta pretende evitar que niños nazcan en condiciones de extrema vulnerabilidad y afirmó que el Estado debe intervenir para atender esa problemática. En ese contexto, explicó que inicialmente se habló de esterilización, aunque el texto podría modificarse durante el trámite legislativo.
Tras reuniones con la Defensoría del Pueblo, fundaciones y casas de acogida, el congresista indicó que se estudia reemplazar ese término por métodos anticonceptivos.
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“Tal vez no sea la palabra correcta de esterilización, pero sí el uso de anticonceptivos permanentes para que ellos no estén dando a luz en la calle y así podamos llevar un control”, manifestó.
Rodríguez también explicó que el proyecto prevé la elaboración de un registro nacional de personas en situación de calle. Mientras tanto, señaló que las estimaciones apuntan a unas 18.000 personas en esa condición en Bolivia, de las cuales alrededor del 35 % serían mujeres.
El proyecto plantea medidas para personas en situación de calle. Foto:iStock
Además, la propuesta plantea que los municipios puedan destinar recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar programas de prevención, atención y rehabilitación.
Rechazo por posibles vulneraciones de derechos
Las declaraciones del diputado generaron un inmediato pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y de organizaciones de la sociedad civil, que expresaron su rechazo a cualquier iniciativa que contemple la esterilización obligatoria.
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En el comunicado, la entidad recordó que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos, al afectar derechos como la dignidad, la integridad personal, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción.
La iniciativa abrió una discusión sobre derechos humanos. Foto:iStock
La Defensoría también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a descartar cualquier propuesta que implique este tipo de medidas y pidió fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, la atención, la rehabilitación y la protección integral de las personas en situación de calle desde un enfoque de derechos humanos.
Mientras el debate continúa, Rodríguez rechazó las críticas que califican la iniciativa como inconstitucional y aseguró que el proyecto fue elaborado con asesoría jurídica y técnica durante varios meses. No obstante, reiteró que está dispuesto a introducir modificaciones al texto siempre que se mantenga el objetivo central de promover la rehabilitación y la reinserción social de esta población.
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MARÍA PAULA LOZANO
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
