Desde hace tres semanas, al Perú lo gobierna José Jerí Oré, el octavo jefe de Estado en nueve años. Los ciudadanos sienten que “es más de lo mismo” y por eso salieron a las calles para exigir “que se vayan todos” y reclamar transparencia en las elecciones generales que tendrán lugar dentro de seis meses (12 de abril de 2026).
Con 38 años, Jerí es el tercer presidente más joven de la historia, es un personaje público desde hace cuatro años, y su ascenso vertiginoso está lleno de casualidades. De hecho, en las elecciones legislativas de 2021 sacó 11.600 votos, una cifra muy baja para la circunscripción de Lima, donde hay ocho millones de electores. Sin embargo, recibió su curul solo porque era el suplente del expresidente Martín Vizcarra, del partido Somos Perú (partido de origen demócrata cristiano). Este ganó la plaza con casi 165.000 votos, pero estaba inhabilitado para ejercer cualquier cargo político.
Expresidente Martín Vizcarra. Foto:AFP
Como si fuera poco, Jerí al llegar al Legislativo se convirtió en presidente del Congreso casi que por descarte, lo que le permitió quedar en primer lugar en el orden de sucesión.
Accedió a ambos cargos por decisión de lo que se conoce como la ‘Coalición parlamentaria’, grupo de bancadas de derecha que para muchos analistas y periodistas son los que de verdad mandan en el país: en primer lugar está el fujimorismo, seguido por Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos y Acción Popular.
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Esos colores partidarios tienen, a juicio de muchos analistas, sus intereses en común: impunidad judicial y deseo de mantenerse en el poder más allá del 2026. Según los expertos, estamos hablando de un “monstruo político con varias cabezas”.
Jerí completó su carrera de casualidades cuando Dina Boluarte salió de Palacio de Gobierno.
José Jerí, nuevo presidente de Perú. Foto:AFP
Factor delincuencia
La presidenta fue destituida en la madrugada del 10 de octubre debido, entre muchos otros factores, a su ineficiencia en la lucha contra la delincuencia. La decisión se desencadenó cuando, dos días antes, un grupo delincuencial disparó contra el grupo musical Agua Marina mientras daba un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos (distrito de la provincia de Lima).
Según se supo, Agua Marina se negaba a pagar cuotas a los extorsionadores, y aunque no hubo muertos, el hecho conmocionó al país. Con el agravante de que Agua Marina no es la primera orquesta que sufre un ataque de la delincuencia. En marzo, Armonía 10 tuvo que enterrar a su vocalista Paul Flores, quien murió luego de que sicarios balearon el bus en que viajaban.
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¿Por qué el Congreso destituyó recién ahora a Boluarte, cuando al comienzo de su mandato las fuerzas del Gobierno reprimieron protestas con medio centenar de muertos? Es que Agua Marina es el grupo musical con más seguidores en el Perú, y la mayoría de ellos residen en el norte del país, un bastión electoral de la derecha, sobre todo del fujimorismo.
Además, Boluarte se había convertido en un lastre justo para quienes la pusieron en el cargo. La vacancia de Boluarte recibió 122 de 130 votos afirmativos, una cifra tan histórica como el 2 por ciento de popularidad que la presidenta llegó a tener. Tras la vacancia de Boluarte, quien no tenía vicepresidente, le correspondió a Jerí tomar la jefatura del Estado por el orden de sucesión presidencial.
Dina Boluarte, expresidenta de Perú. Foto:EFE
El lunar de Jerí
Un mes y medio antes de jurar como mandatario, un caso contra Jerí por violación sexual quedó archivado en una polémica decisión del fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez, quien también ocupa el cargo interinamente. Gálvez está en el puesto gracias a una medida cautelar que lo repuso pese a haber sido destituido por sus vínculos con la organización criminal ‘los Cuellos Blancos’, con la que jueces y fiscales intercambiaban favores y sentencias.
Aunque parezca increíble, eso no es todo. Jerí llegó al Palacio de Gobierno con cuatro carpetas fiscales abiertas. Dos por cohecho, al supuestamente cobrar cupos para sacar adelante leyes y presupuestos públicos desde el Congreso. La tercera carpeta es por enriquecimiento ilícito, pues Jerí aumentó su patrimonio en un 1.000 por ciento en solo un año, mientras integraba la comisión de Presupuesto del Legislativo.
La cuarta carpeta fiscal tiene que ver con desobediencia a la autoridad, luego de que Jerí no fue a la terapia psicológica que le había ordenado un juez “por impulsividad y conducta sexual patológica”. Apenas asumió la presidencia, aparecieron en redes sociales una serie de mensajes misóginos y sexistas escritos y nunca borrados por él en Twitter.
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“Las buenas mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todo lo demás existe Mastercard”; “Lo que más me gusta de toda fiesta infantil (son) las animadoras. Son un encanto”, se lee en algunos de los mensajes. Son tantos los tuits que entusiastas del ciberespacio crearon una web llamada ‘josepajeri.com’ con todas las calenturas virtuales del jefe de Estado.
Marcha Nacional
El 15 de octubre, durante la Marcha Nacional en Perú, convocada por la generación Z (jóvenes nacidos luego del 2000), un policía mató de un disparo a Mauricio Ruiz Sáenz, un cantante de hip-hop y activista. Ruiz, de 32 años y padre de un niño, fue uno de los cientos de miles de ciudadanos que salieron a protestar contra la clase política peruana, el aumento de la criminalidad y la falta de respuesta del Gobierno.
A Ruiz lo conocían como Truko en su barrio de San Martín de Porres, en el norte de Lima. En sus canciones de hiphop hacía protesta social y decía que soñaba con que el Perú se convirtiera en una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades.
Agentes antidisturbios se protegen durante la Marcha Nacional en Lima, el 15 de octubre Foto:AFP
El 20 de octubre, el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se refirió a Ruiz como ‘terruco’ (palabra que se emplea en Perú para referirse coloquialmente a terrorista) y dio a entender que estaba bien muerto. Su familia decidió demandar al congresista por difamación.
Rospigliosi, anteriormente un dirigente de izquierda y defensor de derechos humanos, sigue a la derecha radical más recalcitrante. Experiodista de la revista Caretas, fue muy crítico de la dictadura de Alberto Fujimori y hoy es el rostro más representativo de ese movimiento, después de Keiko Fujimori.
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Desde que llegó al Congreso en 2023 -también por casualidad, pues el titular murió de un infarto-, Rospigliosi ha promovido leyes para limitar la aplicación de los delitos de lesa humanidad y dar una amnistía a militares y policías con denuncias por violación de los derechos humanos.
El policía que mató a Mauricio Ruiz no llevaba uniforme, pues era un agente ‘terna’, como se conoce en el Perú a los efectivos encubiertos, que ahora suelen infiltrar las protestas. Hasta el último momento la Policía y el Gobierno intentaron vender la idea de que Truko murió por un disparo de un manifestante. Acorralados por los videos y testimonios, tuvieron que admitir la verdad.
La Marcha Nacional dejó más de 100 heridos, la mayoría manifestantes, según señalaron las organizaciones de derechos humanos y los medios independientes. Para el 25 de octubre estaba programada otra protesta; sin embargo, el Gobierno decretó estado de emergencia en Lima días anteriores y prohibió reuniones bajo el argumento de la ola delincuencial. Aun así, los jóvenes salieron a las calles. Ese día no se reportaron enfrentamientos. Hay nueva convocatoria de paro nacional para el 14 de noviembre.
El nuevo gobierno
José Jerí se tomó seis días para nombrar a su gabinete ministerial, que resultó integrado por técnicos afines a los partidos políticos presentes en el Congreso y funcionarios de segundo orden. Y el presidente tuvo dificultades para nombrar al presidente del Consejo de Ministros, pues cinco candidatos declinaron el nombramiento, según información recogida. Finalmente, asumió el cargo Ernesto Álvarez Miranda, un exmagistrado del Tribunal Constitucional, cercano a las fuerzas de la derecha radical, y que, en su cuenta de Twitter, no ha tenido reparos en llamar “subversivos” a los manifestantes.
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Muchos analistas comparan a Jerí y Álvarez con Manuel Merino y su presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores Araoz, quienes en medio de protestas ciudadanas duraron cinco días en el Palacio del Gobierno, luego de que el Congreso destituyó a Martín Vizcarra en el 2020.
¿Qué lleva a que el Congreso peruano destituya con tanta frecuencia a los presidentes? La Constitución establece un sistema presidencialista combinado con una fuerte capacidad del Congreso para cesar a la cabeza del Ejecutivo. Esa situación se hizo aún más fuerte desde que el presidente Martín Vizcarra, en ejercicio de facultades constitucionales, cerró el Legislativo. En la elección siguiente, el nuevo cuerpo legislativo cambió el 40 por ciento de los artículos, y se atribuyó aún más poder. Desde entonces, si un presidente no tiene mayoría absoluta en el Congreso, está a un paso de ser destituido.
Ese parlamentarismo imperfecto que se ha instaurado poco a poco en el Perú ha llevado a que para la ‘Coalición parlamentaria’ sea más rentable ejercer el poder desde el Congreso, pues la presidencia se ha convertido en un cargo volátil. Cuatro de los seis últimos presidentes no tuvieron bancada o su grupo político se restringía máximo a cinco congresistas.
Entre los cambios más significativos hechos a la Constitución están restablecer la bicameralidad, pese a que en un referéndum del 2018 ganó el no. También se ha limitado al máximo la cuestión de confianza, el arma que tenía el presidente para cerrar el Congreso.
Curiosamente, no se han tocado los artículos que tienen que ver con el capítulo económico. Eso parece tener algo que ver con que, a pesar de la turbulencia política que lleva una década, el Perú sigue creciendo a un ritmo superior al 3 por ciento anual. Ello se explica en gran parte porque el Banco Central de Reserva es un ente autónomo y el ministro de Economía usualmente ha sido una persona técnica.
Muchos catalogan a la ‘Coalición parlamentaria’ como un buldócer que no tiene límites. Ellos han puesto a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del Pueblo, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia –ente encargado de nombrar y destituir jueces y fiscales–. Y se sienten cómodos con la interinidad de Gálvez como fiscal de la Nación. También han aprobado leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado, limitan la detención preliminar para delincuentes y reducen el alcance de los delitos de lavado de activos.
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Una prueba de la lealtad del Tribunal Constitucional con el fujimorismo se evidenció el 20 de octubre. Cinco de los siete magistrados votaron a favor de archivar el caso Cócteles, un proceso judicial contra Keiko Fujimori por presuntamente lavar activos por 19 millones de dólares en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.
Keiko Fujimori Foto:EFE/Sebastián Castañeda
Con un panorama como el anteriormente descrito, repleto de funcionarios con méritos cuestionables, que han llegado al poder por fuerza de la casualidad y manejados desde bambalinas por fuerzas partidistas tradicionales, no es de extrañar que los jóvenes de la generación Z estén enfurecidos. Para ellos, solo hay una solución: “¡Que se vayan todos!”.
(*) Periodista y sociólogo. Miembro de #ConnectasHub. Director del portal periodístico El Foco y reportero de Hildebrandt en sus trece.
(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
