Un nuevo reporte de la Universidad de Nueva York (NYU) acusa al gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de haber emprendido una campaña de represalias y presión contra la Corte Constitucional del país en respuesta a decisiones que han limitado algunas de sus políticas de seguridad y la expansión de las facultades del Ejecutivo.
El estudio publicado por el Laboratorio del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de NYU sostiene que las acciones del Gobierno incluyen ataques públicos contra la Corte y sus magistrados, investigaciones que considera medidas de represalia e intentos por reducir sus competencias y autonomía.
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Según sus autores, esas actuaciones amenazan la independencia del que describen como “uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo en Ecuador”.
El reporte, titulado Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: el Estado de derecho bajo amenaza, se centra en la relación cada vez más tensa entre Noboa y el tribunal desde que el mandatario asumió el cargo en noviembre de 2023.
La investigación se produce en momentos en que Ecuador continúa enfrentando una grave crisis de seguridad asociada con el crecimiento de organizaciones criminales y del narcotráfico, que llevó a Noboa a declarar en 2024 la existencia de un “conflicto armado interno” y a recurrir a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto:AFP
Desde entonces, el mandatario también ha utilizado repetidamente estados de excepción y promovido reformas destinadas a ampliar las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones criminales.
Noboa ha defendido esas medidas como indispensables para recuperar el control del país y responder a una violencia que ha convertido a Ecuador en uno de los casos más dramáticos de deterioro de la seguridad en América Latina.
Pero algunas de esas iniciativas han terminado ante la Corte Constitucional, que ha avalado algunas y limitado o suspendido otras, al considerar que excedían las facultades del Ejecutivo o planteaban problemas constitucionales. El propio Laboratorio de NYU reconoce que el tribunal no se ha opuesto de manera general a las medidas de emergencia y ha respaldado algunas de ellas.
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Las 5 formas de presión de Noboa a la Corte Constitucional
El reporte identifica cinco mecanismos que, según sus investigadores, han sido utilizados para presionar o debilitar al tribunal.
Entre ellos, menciona la deslegitimación pública de la Corte, la intimidación y señalamiento de sus magistrados, el uso de procesos penales como posible mecanismo de represalia, iniciativas para limitar las competencias e independencia del organismo y restricciones administrativas que afectarían su funcionamiento.,subtitle:
Uno de los episodios centrales ocurrió el 12 de agosto de 2025, cuando Noboa encabezó personalmente una multitudinaria marcha contra la Corte después de que el tribunal suspendiera provisionalmente disposiciones de tres leyes de seguridad aprobadas por la Asamblea Nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vestido con un chaleco antibalas, durante una protesta. Foto:AFP
Entre las disposiciones cuestionadas figuraban medidas relacionadas con la inmunidad de integrantes de las fuerzas de seguridad investigados por posibles abusos, la entrega obligatoria de determinada información por parte de compañías telefónicas y cambios relacionados con cooperativas financieras.
Noboa defendió entonces la movilización y aseguró que su propósito era proteger las herramientas que necesitaba el Estado para enfrentar al crimen organizado.
“Estamos aquí para buscar justicia y buscar paz, no estamos aquí para atropellar a nadie, seguimos el mandato del pueblo”, afirmó durante la protesta. También acusó a los nueve magistrados de obstaculizar las reformas que, según él, reclamaban los ecuatorianos.
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Pero la manifestación generó una fuerte controversia por la aparición a lo largo de su recorrido de vallas con los nombres y fotografías de los nueve integrantes de la Corte. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, decía uno de los mensajes.
Pese a que el Gobierno negó haber pagado por las vallas, la Corte advirtió que la exposición pública de sus magistrados aumentaba los riesgos para su seguridad y afectaba la independencia del tribunal.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, también expresó entonces preocupación por las presiones contra la Corte.
La Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido como el principal contrapeso frente al abuso de dicho poder.
Amrit SinghDirectora del Laboratorio del Estado de Derecho de NYU
El modelo represivo de la ‘mano dura’ en la región
Para el Laboratorio del Estado de Derecho de NYU, aquel episodio forma parte de un patrón más amplio: “Ante los excesos del presidente Noboa en el ejercicio del poder Ejecutivo, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido como el principal contrapeso frente al abuso de dicho poder”, afirmó Amrit Singh, profesora y directora académica del Laboratorio.
De acuerdo con Singh, la investigación documenta una “creciente campaña de represalias” contra el tribunal y subraya la necesidad de proteger su independencia.
El trasfondo de la disputa es el modelo que Ecuador ha utilizado para responder a su crisis de violencia.
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El informe de NYU ubica el caso ecuatoriano dentro de una tendencia regional de gobiernos que han recurrido a políticas de “mano dura” frente al crimen y establece paralelos con la estrategia de seguridad desarrollada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En Ecuador, Noboa ha recurrido a sucesivos estados de excepción, al despliegue de militares en las calles y a un endurecimiento de las políticas de seguridad.
La posición del presidente es que el país enfrenta circunstancias extraordinarias que requieren herramientas igualmente excepcionales. Durante la marcha de agosto de 2025, por ejemplo, sostuvo que las decisiones de la Corte estaban interfiriendo con medidas necesarias para combatir a las bandas criminales.
El informe establece paralelos con la estrategia de seguridad desarrollada por Nayib Bukele. Foto:AFP
El debate que plantea NYU no se centra solamente en la conveniencia de esas políticas sino en los límites constitucionales que existen para implementarlas y, especialmente, en lo que sucede cuando la Corte los hace valer.
El reporte examina, entre otros asuntos, el uso de los estados de excepción y de proyectos calificados como de “urgencia económica” que permiten un trámite legislativo abreviado.
Según el Laboratorio, la confrontación adquirió una dimensión diferente cuando las decisiones judiciales comenzaron a ser seguidas de ataques contra la legitimidad de la Corte o de actuaciones dirigidas contra sus integrantes.
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La vigilancia que deben ejercer los países que cooperan con Ecuador
El reporte no limita sus recomendaciones al gobierno ecuatoriano. Adriana García, miembro del Laboratorio del Estado de Derecho de NYU, sostuvo que el Ejecutivo debe acatar plenamente las decisiones judiciales y abstenerse de utilizar las instituciones públicas como instrumentos de presión contra los magistrados.
Pero agregó que los gobiernos y organismos internacionales que mantienen programas de cooperación con Ecuador también deberían vigilar lo que sucede.
“Los gobiernos y organismos internacionales que cooperan con Ecuador también deben asumir su responsabilidad”, afirmó García, al pedir que la asistencia en seguridad y gobernanza no termine contribuyendo, directa o indirectamente, al debilitamiento de la independencia de la Corte.
Partidarios del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, protestan contra la Corte Constitucional. Foto:AFP
Entre sus recomendaciones, el documento pide al gobierno cumplir de manera inmediata las decisiones de la Corte, garantizar que investigaciones penales contra magistrados estén respaldadas por indicios objetivos y no respondan a decisiones judiciales y proteger la autonomía financiera, operativa e institucional del tribunal.
También recomienda abstenerse de impulsar reformas que sometan a los jueces constitucionales a controles políticos o reduzcan las atribuciones de la Corte.
En materia de seguridad, NYU plantea que Ecuador debería privilegiar políticas estructurales de largo plazo compatibles con la Constitución y sus obligaciones internacionales y evitar que los estados de excepción se conviertan en un mecanismo permanente de gobierno.
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El Laboratorio pide además a instituciones regionales e internacionales hacer seguimiento a las amenazas contra el tribunal y utilizar, cuando corresponda, mecanismos diplomáticos y de protección.
El informe aparece más de un año después de la marcha encabezada por Noboa contra la Corte y tras un periodo en el que la confrontación sobre los límites de las políticas de seguridad ha convertido al tribunal constitucional en un actor central del debate político ecuatoriano.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
