Un video falso creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece el presidente Gustavo Petro discutiendo con el periodista Jorge Alfredo Vargas, la difusión de una foto por parte de Petro de un supuesto narcosubmarino confiscado por la Armada (que en realidad era una imagen falsa), los audios mentirosos que señalaron a candidatos opositores de realizar pactos criminales y los mensajes enviados desde granjas de bots que cuestionaron el voto electrónico en las últimas elecciones presidenciales en Brasil son algunos de los ejemplos de desinformación que en los últimos años se han propagado por América Latina y el Caribe.
La sofisticación tecnológica y la manipulación política de vieja data han creado una especie de terreno fértil para erosionar la confianza en las instituciones, distorsionar el debate público y debilitar la legitimidad. Hoy los ciudadanos son más vulnerables a contenidos que parecen reales y varios líderes políticos caen en la trampa de reproducirlos sin verificación.
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Es un hecho que la desinformación dejó de ser un ruido de fondo para convertirse en una estrategia central de poder que aumenta en tiempos electorales. Según el último informe del instituto sueco V-Dem, en 31 países los gobiernos recurren cada vez más a estas prácticas y en 21 de ellos el fenómeno avanza de la mano de procesos de autocratización. Las Naciones Unidas lo definen ya como un “fenómeno sistémico” que debilita procesos democráticos y derechos fundamentales
En la región, la preocupación se agudiza. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) documenta que en al menos 14 de 24 países monitoreados se registran campañas estatales de estigmatización contra medios y periodistas a partir de desinformación digital, lo que ha fomentado la violencia y hasta asesinatos de comunicadores.
Por la convergencia de IA, la segmentación de audiencias y la manipulación digital se ha multiplicado su alcance. La OEA advierte que estos procesos no solo fomentan la polarización y distorsionan el debate público, sino que buscan “socavar la confianza en instituciones democráticas”.
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A propósito, la SIP, la Fundación para el Periodismo (Bolivia) y el Proyecto Desconfío (Argentina) realizarán la quinta cumbre global sobre desinformación este 17 y 18 de septiembre, deforma virtual y gratuita, en la que se reunirán periodistas, investigadores, tecnólogos, educadores y organizaciones de 18 países.
EL TIEMPO conversó con Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, sobre el evento y los retos actuales en este asunto.
Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP Foto:SIP
¿Por qué la cumbre sobre desinformación?
La desinformación se ha convertido en uno de los grandes flagelos de la democracia. Atenta contra su piedra angular: el derecho ciudadano a estar bien informados. A medida que las campañas de manipulación y las narrativas desinformantes se vuelven más sofisticadas y complejas, resulta cada vez más difícil enfrentarlas. Por eso, en esta cumbre buscamos crear un espacio global de diálogo, colaboración y acción conjunta. La SIP, junto con socios estratégicos, quiere liderar un esfuerzo coordinado para enfrentar el problema de manera colectiva y transnacional. Este encuentro, que ya tiene un lugar ganado en la agenda internacional, parte de una idea clara: la desinformación no conoce fronteras. Solo con cooperación y colaboración transnacional podremos construir respuestas más sólidas y fortalecer la calidad democrática. Por eso insistimos en la necesidad de coordinar esfuerzos, diseñar buenas prácticas y generar soluciones colectivas con impacto global.
¿El mayor desafío hoy de la sociedad global es esa afrenta contra las democracias?
El declive democrático es de las principales amenazas, sin ninguna duda. Lo vemos en las consecuencias de ese declive: la polarización aguda, que evidentemente genera un autoritarismo creciente. Es un conjunto de factores que tienen un impacto directo sobre el derecho ciudadano a permanecer informado, es decir, el derecho a tomar decisiones basadas en información confiable. Esta situación repercute directamente en el campo del debate y en la discusión de los temas que afectan a la sociedad, en los asuntos de interés general, y también en el periodismo, los medios y los periodistas. Ese impacto está vastamente documentado. Lo vemos a nivel global, pero en América Latina es particularmente claro el avance del autoritarismo y de regímenes autocráticos. En una época se hablaba de Cuba como el caso de un país sin posibilidad de elecciones libres, con leyes que castigan directamente cualquier intento de hacer periodismo independiente. Pero hoy ya no es la excepción en la región. Vemos regímenes donde prácticamente se intenta eliminar cualquier vestigio de periodismo independiente, como en Nicaragua, por ejemplo. Allí la mayor parte, o casi la totalidad, de los medios de comunicación y periodistas que informan de manera independiente han tenido que desplazarse y buscar el exilio para poder continuar con su trabajo, porque dentro del país son encarcelados, enfrentan leyes restrictivas y una censura rampante. Se ha consolidado un Estado totalmente cerrado y, si no fuera por los esfuerzos denodados y muy importantes de periodistas y medios que operan desde el exterior, poco se conocería, tanto a nivel de la sociedad nicaragüense como de la comunidad internacional, sobre lo que realmente ocurre allí.
¿Es distinta la desinformación en América Latina?
No creo que haya algo particular. En general, la desinformación es un fenómeno global que está erosionando democracias en todas partes. En cada geografía se adapta a la idiosincrasia nacional, pero la amenaza es compartida. Justamente por eso son tan importantes estos espacios, como la cumbre, porque permiten al menos intentar visualizar cómo las respuestas colaborativas e intersectoriales son esenciales para reforzar la integridad informativa y, al mismo tiempo, ayudar a enfrentar este fenómeno que está causando tanto daño.
Ese problema se ha complejizado aún más con las redes sociales.
Ahora, con este boom de generadores de contenido, el panorama es distinto al de hace diez años, cuando lo que predominaban eran los bots y el posicionamiento artificial de tendencias. Hoy, con la multiplicidad de autores, de información y de contenidos, la desinformación se expande al máximo. En cuestión de segundos, un tema puede posicionarse en todas las plataformas. Además, la velocidad a la que circula es abrumadora. Está comprobado que las mentiras y la desinformación se difunden mucho más rápido que los hechos. Y si a eso le sumamos el papel de la inteligencia artificial en la propagación, la amenaza se multiplica. Aunque la IA es una herramienta poderosa, su irrupción trae consigo enormes desafíos: audios manipulados, los llamados deepfakes, y contenidos falsos con apariencia real que pueden exponer a cualquier ciudadano. Esto no solo mina la confianza pública, sino que también afecta directamente a los procesos electorales.
Los ‘deepfakes’ son imágenes manipuladas que se hacen pasar por personas reales. Foto:iStock
Y ahí juegan un papel importante los medios tradicionales.
Absolutamente. Uno de los mejores antídotos contra la desinformación es la información de calidad y la verificación. Ese es, sin duda, el principal recurso, y ahí el papel de los medios resulta fundamental.
¿Se potencia la desinformación en tiempos de procesos electorales?
Está comprobado que la desinformación tiene un impacto directo en las elecciones: manipula la opinión pública, intenta erosionar la confianza en los sistemas electorales y amplifica la polarización. En estos años, donde se celebran decenas de elecciones, es clave que periodistas, medios y también los ciudadanos cuenten con herramientas para distinguir entre lo que es un hecho y lo que son contenidos manipulados. En ese sentido, la alfabetización mediática es fundamental. Los ciudadanos son la primera línea de defensa: aprender a identificar fuentes confiables, como los medios de comunicación, desconfiar de titulares sensacionalistas y, sobre todo, no compartir información sin verificar ni revisar la fuente y el autor. Allí el papel de los medios resulta esencial.
Pero también debería haber sinergia desde los propios gobiernos y organizaciones, ¿no?
Los gobiernos, en la mayoría de las constituciones de los Estados, tienen la obligación de proteger la libertad de expresión y promover políticas de transparencia, pero sin caer en tentaciones de censura. Eso es fundamental. Siempre defendemos un equilibrio clave: combatir la desinformación, sí, pero sin silenciar la verdad.
En Latam hay casos de granjas de ‘bots’ que difunden contenido falso automatizado. Foto:¡Stock
¿Qué hacer cuando desde los propios jefes de Estado hay ataques a los medios de comunicación, e intentos de quitarles legitimidad y confianza ante la sociedad?
Eso es un intento de evitar la intermediación. Es lo que dicen algunos líderes políticos que buscan dirigirse directamente, sin pasar por los medios. Pero es nocivo que utilicen las redes para atacar, en lugar de propiciar un diálogo o, aunque sea, confrontar ideas. Las tensiones entre prensa y gobierno son normales y forman parte del juego democrático. Los medios tienen todo el derecho a criticar, exigir rendición de cuentas y señalar lo que está mal. Pero de allí al agravio, al insulto y a la descalificación hay un paso que, lamentablemente, hemos visto repetirse. Y esto ocurre sobre todo en redes sociales, donde se genera un microclima proclive a consecuencias muy dañinas, que incluso pueden poner en peligro la integridad personal y la seguridad de periodistas y medios. Esta semana publicamos un comunicado sobre un periodista peruano muy conocido. El alcalde de Lima, en un hecho repudiable, lo atacó públicamente y usó frases como “cargárselo” y “enemigo”. Eso es gravísimo. Porque no solo es violencia verbal, puede incitar a que personas vinculadas al alcalde actúen de manera violenta contra ese periodista.
Y frente a ese panorama, ¿cómo pueden responder los medios y periodistas?
La mejor respuesta está en redoblar el compromiso con la información de calidad. Eso significa cumplir con el rol de informar a la sociedad y promover un debate serio sobre temas de interés público. Allí entran la verificación de noticias, los esfuerzos de fact-checking, el chequeo de fuentes y la contestación a esas fuentes. Todo esto es fundamental. Está comprobado que la desinformación no solo distorsiona el debate y el discurso público, sino que también pone en riesgo a los periodistas. América Latina tiene un ecosistema de medios que producen información de calidad, con excelentes investigaciones para la rendición de cuentas. Cada vez vemos más trabajos colaborativos y transnacionales. Y en ese sentido, dar visibilidad global y generar conexiones estratégicas para que estos esfuerzos se conozcan y tengan mayor impacto es fundamental.
¿Quiénes asistirán a la cumbre?
Tenemos más de mil inscritos. Hay varios invitados importantes de múltiples países. Pero, además de los participantes individuales, lo que realmente fortalece la cumbre son las alianzas: Google, la Fundación Gabo, la Florida International University, la Agencia Lupa de Brasil, la ADEPA en Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile, la Asociación Colombiana de Verificación, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, entre otros. El evento lo organiza la SIP junto con el proyecto Confío y la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Esto le da mucha más potencia: son actores clave a nivel regional en la lucha contra la desinformación. Y creo que ahí está una de las claves de la cumbre: la colaboración. Porque este flagelo contra las democracias solo puede enfrentarse de manera colectiva.
DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ
berdav@eltiempo.com
Unidad de Reportajes Multimedia
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