La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre un aumento de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación en Colombia, una situación que, según el organismo, evidencia un patrón de hostigamiento legal dirigido a intimidar y obstaculizar el ejercicio del periodismo independiente en el país.
LEA TAMBIÉN
De acuerdo con la SIP, los casos más recientes afectan a la periodista Lorena Beltrán y a la columnista Ana Bejarano Ricaurte, quienes han sido blanco de acciones judiciales. Y es que la organización señaló que estos procesos legales no buscan una reparación legítima, sino generar desgaste, autocensura y desincentivar la investigación periodística sobre asuntos de interés público.
¿De qué se tratan los casos citados por la SIP? Uno vincula a Abelardo de la Espriella
El organismo también mencionó las acciones anunciadas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en contra de la columnista Ana Bejarano Ricaurte, a raíz de una columna de opinión publicada el 11 de enero.
En ese texto, la autora cuestionó su trayectoria profesional y su discurso político, incluida su relación con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos.
El penalista Abelardo De La Espriella fue defensor de Alex Saab, Foto:Archivo Particular
En el caso de Beltrán, periodista exiliada, la SIP recordó que ha sido objeto de múltiples acciones judiciales tras investigar a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir los requisitos legales.
Según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la reportera ya había enfrentado cuatro tutelas y, el pasado 31 de diciembre de 2025, fue notificada de un nuevo proceso en el país donde reside actualmente, pese a que esa información no era de dominio público, lo que incrementó su preocupación por la seguridad personal.
Beltrán investigó a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían ilegalmente. Foto:Istock
LEA TAMBIÉN
Las advertencias de la SIP
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, aseguró que este tipo de procesos reiterados representan “un uso abusivo del sistema judicial con el propósito de castigar y silenciar voces críticas”, y advirtió que el hostigamiento legal no solo afecta a los periodistas, sino que limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y oportuna.
En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que la instrumentalización de la justicia como mecanismo de intimidación “es incompatible con los principios democráticos y con los estándares interamericanos de libertad de expresión”.
La directiva hizo un llamado a las autoridades colombianas para que adopten salvaguardas efectivas contra el acoso judicial y garanticen un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.
La SIP reiteró que estas prácticas, conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), buscan agotar emocional y económicamente a los periodistas y frenar la divulgación de información de interés público.
LEA TAMBIÉN
Además, recordó que tanto la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración de Chapultepec prohíben las presiones destinadas a silenciar la labor informativa o sancionar a periodistas por difundir la verdad o formular críticas al poder.
María Paula Rodríguez Rozo
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
