Un informe elaborado por un grupo internacional de especialistas concluyó que existen motivos razonables para considerar que el Gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, podría haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la aplicación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El documento, presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, expuso posibles delitos como asesinatos, encarcelamiento de menores, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, de acuerdo con la agencia ‘EFE’.
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Se trata de la acusación más grave por presuntas violaciones de derechos humanos contra la actual administración salvadoreña, que en seis años y medio de gobierno ha acumulado numerosas denuncias en este ámbito.
El estudio fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado en 2024.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), según indicó ‘El País’.
El informe tiene una extensión de 275 páginas y se sustenta en más de 1.700 fuentes. Foto:EFE.
El informe tiene una extensión de 275 páginas y se sustenta en más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos oficiales salvadoreños, declaraciones de funcionarios del Gobierno, informes de organismos de derechos humanos de la ONU, reportes periodísticos y estudios de organizaciones de la sociedad civil.
Evaluación bajo estándares del derecho internacional
Para evaluar si las conductas documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad, los expertos aplicaron estándares del derecho internacional, incluido el Estatuto de Roma, tratado ratificado por El Salvador y que establece la jurisdicción sobre estos delitos.
También tomaron como referencia los criterios utilizados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
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El artículo 7 del Estatuto de Roma define estos crímenes como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque y en el marco de una política estatal.
Señalamientos sobre el régimen de excepción
Según el informe, el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 dejó de ser una medida temporal y se convirtió en un conjunto de políticas que habrían generado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, de acuerdo con la información publicada por el medio.
Los expertos sostienen indicaron que las renovaciones sucesivas de esta medida extraordinaria, sin justificación sustantiva ni controles judiciales efectivos, terminaron transformándola en un mecanismo permanente de gobernanza.
Durante este periodo, cerca de 90.000 personas han sido detenidas. El documento señaló que miles de estas capturas se habrían realizado sin respeto al debido proceso.
En muchos casos las personas no fueron informadas de los motivos de su arresto y se reportan detenciones basadas en apariencia física, tatuajes o cumplimiento de cuotas policiales.
También se trató la ineficacia del recurso de hábeas corpus y la implementación de la figura de “jueces sin rostro”.
El propio presidente reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada. Foto:Rodrigo Sura. EFE
El propio presidente Nayib Bukele reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada, según se recoge en el informe.
Denuncias de tortura y muertes bajo custodia
Diversos reportes citados por los expertos describen prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles o degradantes, entre ellas golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica y privación de alimentos, agua y atención médica.
Estas prácticas habrían ocurrido mientras el Gobierno difundía imágenes de detenidos exhibidos públicamente y señalados como terroristas sin una condena judicial.
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Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado cerca de 500 muertes de personas bajo custodia estatal durante los cuatro años del régimen de excepción.
Las autoridades salvadoreñas han señalado que se trata de fallecimientos por causas naturales.
El informe también identifica 540 posibles casos de desaparición forzada, en los que familiares y defensores no han recibido información sobre el paradero de personas detenidas.
Los expertos advirtieron que la cifra podría aumentar, debido a denuncias sobre detenidos que habrían sido enterrados en fosas comunes sin conocimiento de sus familias.
Se registraron al menos 22 casos de abusos, incluidos golpes, amenazas, asfixia, entre otros. Foto:EFE.
Detenciones de menores y denuncias de violencia sexual
De acuerdo con documentación de Human Rights Watch citada en el informe, hasta 2024 al menos 3.319 menores de edad habían sido detenidos durante el régimen de excepción.
Entre ellos se registraron al menos 22 casos de abusos, incluidos golpes, amenazas, asfixia, privación del sueño y condiciones severas de hacinamiento.
El documento también recoge denuncias de agresiones sexuales y violaciones ocurridas entre 2022 y 2023 tanto en espacios públicos como en centros de detención.
Los expertos indican que el contexto generado por el régimen de excepción habría incrementado la vulnerabilidad de ciertas personas y facilitado este tipo de agresiones.
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El informe recomendó al Gobierno salvadoreño y a la ONU la creación de una comisión independiente encargada de revisar los casos de personas detenidas durante el régimen de excepción.
El objetivo sería analizar los expedientes y buscar soluciones legales o humanitarias para quienes hayan sido detenidos de forma injustificada.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
JOS GUERRERO
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
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