André Roger Vieira, de 36 años, fue detenido el pasado 20 de agosto en un ático del barrio Recreio dos Bandeirantes, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Natural de Santa Catarina, sobre él pesaban nueve órdenes de captura por delitos como crimen organizado, lavado de dinero, fraude y hurto.
La investigación, a cargo de la 126.ª Comisaría de Policía Civil de Cabo Frío, permitió ubicarlo luego de que se descubriera que utilizaba múltiples identidades falsas para eludir a las autoridades, tanto en su estado natal como en Goiás.
En el momento de su arresto, se hacía llamar André Felipe da Silva y residía en un apartamento de lujo alquilado bajo un contrato por R$167.000 (aproximadamente $138.000.000 COP), firmado por 35 meses. No pagó el alquiler, acumulando deudas que fueron asumidas por otros inquilinos y por la aseguradora.
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Las autoridades lograron establecer su verdadera identidad gracias a una copia de una identificación falsa presentada por las víctimas, la cual, a pesar de estar adulterada, contenía una fotografía real de Vieira. Con esa imagen, la inteligencia policial identificó al sospechoso, descubrió las órdenes de arresto pendientes y confirmó que incluso había registrado a su propio hijo con el nombre falso que utilizaba.
Para mantener su fachada, el acusado habría conseguido un certificado de nacimiento fraudulento en Maranhão, lo que le permitió obtener una licencia de conducir legítima en Río de Janeiro.
Fingía ser empresario y estafó más de R$3 millones vendiendo productos que nunca entregaba. Foto:Comisaría de Policía Civil de Cabo Frío
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Una red de fraudes empresariales en expansión
Vieira no solo eludía a la justicia mediante documentos falsos; también lideraba una organización criminal que defraudó a víctimas en varios estados brasileños a través de esquemas empresariales fraudulentos. Según la policía, las operaciones de su grupo generaron pérdidas superiores a R$3.000.000 (unos $2.480 millones COP).
El epicentro de sus actividades fue la empresa de telefonía KingPhone, desde la cual ofrecía productos a precios muy por debajo del mercado. Los clientes y franquiciados, atraídos por la promesa de obtener dispositivos electrónicos a bajo costo, debían pagar por adelantado total o parcialmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los productos nunca fueron entregados.
Usó documentos falsos para registrar a su hijo y obtener licencia de conducción en Río. Foto:iStock
Las ganancias de este esquema fueron utilizadas para financiar otras empresas ficticias, como la joyería y bisutería KingGold, que replicaba la misma estrategia de cobros sin entregas.
Además, Vieira fundó un concesionario llamado KingCars Master, donde vendía vehículos adquiridos con dinero proveniente de las estafas. Para simular legalidad, el grupo contaba con una estructura organizada: Gabriela Luzia Beltrame y Renan Mendes de Oliveira actuaban como “facilitadores”, encargados de contactar a clientes y franquiciados, mientras que Suelen Einick, pareja de Vieira, lavaba el dinero obtenido mediante la compra de vehículos de lujo, como un Chevrolet Camaro valorado en R$500.000 (aproximadamente $413 millones COP), un Range Rover Evoque de hasta R$430.000 ($355 millones COP) y un BMW sin especificar el valor.
Solo en KingPhone, se estima que las pérdidas superaron los R$3,2 millones (más de $2.640 millones COP). Las víctimas se distribuyen en al menos 26 ciudades del sur y sureste del país, como Lages (Santa Catarina) y Cascavel (Paraná), donde los afectados no solo perdieron las sumas invertidas, sino también las ganancias generadas por las ventas, pues nunca recibieron los productos.
Enfrenta condena de 48 años por estafas, lavado de dinero y crimen organizado en Brasil. Foto:
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Del curso de fraude al colapso del imperio
Además de las estafas empresariales, Vieira promovía un “curso de fraude” por R$600 (unos $495.000 COP), en el que enseñaba métodos para cometer delitos con tarjetas de crédito. Esta iniciativa educativa ilegal fue una de las líneas que más llamó la atención de los investigadores, al evidenciar el grado de confianza con el que el acusado operaba dentro del mundo delictivo.
La policía también descubrió que, en Chapecó (Santa Catarina), se apropió indebidamente de R$20.000 (alrededor de $16.500.000 COP) de un empleado, argumentando que se trataba de una comisión por ventas.
La documentación del grupo era cuidadosamente falsificada para evitar inspecciones. Las facturas emitidas por KingPhone reflejaban precios de costo, mientras que los productos eran vendidos a valores considerablemente inferiores, con el fin de evadir el control fiscal.
Esta combinación de estrategias permitió que el esquema se mantuviera activo durante varios años, hasta que la policía logró capturar al presunto cabecilla, quien ya había sido condenado a 48 años de prisión en Santa Catarina.
O Globo (Brasil) / GDA
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*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de O Globo, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
