Luego de meses de incertidumbre y denuncias por parte de sus familiares, se ha confirmado la ubicación de cuatro ciudadanos salvadoreños que habían sido reportados como desaparecidos tras su deportación desde Estados Unidos.
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Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador. Foto:EFE
Documentos oficiales revelan que los jóvenes se encuentran bajo la custodia del sistema penitenciario de El Salvador, situación que el gobierno de Nayib Bukele reconoció tras la presión ejercida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los afectados son Irving Geovani Quintanilla García, William Alexander Martínez Ruano, José Osmín Santos Robles y Brandon Bladimir Sigarán Cruz.
Este grupo fue expulsado de suelo norteamericano en marzo de 2025 por la administración de Donald Trump, en un vuelo que también trasladaba a más de 200 venezolanos, bajo acusaciones de pertenecer a estructuras terroristas, aunque sin pruebas presentadas por el gobierno.
Según la información que ha salido a la luz, el destino de los detenidos es variado dentro del sistema carcelario salvadoreño.
Mientras que Martínez Ruano, Santos Robles y Quintanilla García están recluidos en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, una prisión de menor rigor, Brandon Sigarán se encuentra en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel conocida por sus extremas condiciones de seguridad.
Venezolanos deportados desde EE. UU. Foto:PEDRO MATTEY. AFP
Estaban reportados como desaparecidos
La confirmación del paradero de estos ciudadanos llega después de siete meses en los que el Ejecutivo salvadoreño negó tener información sobre ellos. Fue necesaria la intervención de la CIDH, que emitió medidas cautelares para proteger a los detenidos, advirtiendo que sus vidas corren riesgo de sufrir un “daño irreparable”.
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El organismo internacional ha exigido al Estado salvadoreño varias acciones concretas para garantizar los derechos de los jóvenes:
- Permitir el contacto regular con sus abogados y familiares.
- Poner fin al aislamiento en el que se encuentran.
- Aclarar formalmente su situación jurídica, detallando los delitos imputados.
- Informar si ya han sido presentados ante un juez.
Durante el tiempo que permanecieron en calidad de desaparecidos, las autoridades de El Salvador intentaron desvincularse del caso.
En una comunicación de finales de agosto de 2025, el Gobierno alegó ante la CIDH que no disponía de datos sobre Irving García debido a que su arresto ocurrió bajo jurisdicción extranjera, lo que los colocaba en una “posición de imposibilidad para proporcionar información”.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto:AFP
Recientemente, tras las filtraciones a la prensa sobre estas comunicaciones, la Misión Permanente de El Salvador ante la OEA solicitó medidas para “garantizar el carácter confidencial de la información”, argumentando que la exposición pública facilita la instrumentalización de los casos.
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La búsqueda de respuestas ha sido extenuante para los parientes de los detenidos. En el caso de Brandon Sigarán, quien fue capturado en febrero de 2024 en Estados Unidos mientras se dirigía a su trabajo, su familia logró identificarlo gracias a un video propagandístico publicado por el presidente Bukele.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
