La Fiscalía de Limeira, dependiente del Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP), presentó el martes 7 de julio una denuncia formal contra cuatro personas involucradas en el fallecimiento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años.
El hecho, ocurrido el pasado 13 de junio en Brasil, específicamente en el sitio conocido como Puente Esqueleto, se produjo cuando la víctima fue lanzada al vacío sin estar sujeta a ninguna cuerda de seguridad durante una práctica de puentismo, más conocido como ‘bungee jumping’.
Víctima cayó 30 metros al no tener la cuerda de seguridad conectada.
Foto:Redes sociales
Investigación revela fallas críticas y falta de permisos legales
De acuerdo con el documento oficial del Ministerio Público, tres hombres enfrentan cargos por homicidio doloso con agravantes de motivo torpe y el uso de medios que impidieron la defensa de la víctima.
La cuarta implicada, identificada como la organizadora del evento, fue imputada por el mismo delito bajo la modalidad de omisión indebida, al actuar como garante de la seguridad de los asistentes. Asimismo, se le señala de fraude procesal al presuntamente intentar manipular pruebas cruciales para el proceso investigativo.
Organizadores operaban sin permisos ni protocolos de riesgo.
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Los fiscales Mário Robim da Silva Júnior, Michelli Musse Jacob, João Guilherme Salve, Matheus Bulgarelli de Freitas Guimarães, Renato Fanin y André Camilo Castro Jardim, quienes lideran el caso, establecieron que el grupo operaba sin una estructura formal de gestión de riesgos.
Pese a congregar diariamente entre 80 y 100 personas, ignoraban protocolos elementales y priorizaban el lucro sobre la integridad física de los usuarios. Según la investigación, la joven fue sometida a la maniobra denominada ‘avioncito’ sin que la cuerda estuviera conectada a su arnés, lo que resultó en una caída fatal de aproximadamente 30 metros.
Fiscalía pidió prisión preventiva y 200.000 reales de indemnización.
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Irregularidades en la operación de servicios turísticos
El Ministerio Público del Estado de São Paulo enfatizó que los acusados conocían los peligros latentes, pero omitieron revisiones básicas. Al respecto, el organismo señaló: “El incumplimiento técnico se vio agravado por la irregularidad formal de la actividad en sí”.
Los fiscales detallaron que los responsables explotaban el servicio comercialmente sin estar inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos (Cadastur), carecían de seguros de responsabilidad civil y omitían la firma de documentos de concienciación sobre riesgos, contraviniendo la normativa de la Ley General de Turismo.
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La organizadora, quien conocía una falla operativa previa de características similares, no suspendió las actividades. Además, se le acusa de ordenar la búsqueda y borrado del material almacenado en la cámara GoPro de la víctima, dispositivo que continúa desaparecido, buscando obstruir la labor de la justicia.
Andrés Felipe Bejarano Bejarano
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
