Una investigación judicial en Argentina puso bajo la lupa al exfiscal Mariano Ríos Artacho por una presunta estructura destinada a retirar dinero de cuentas judiciales que debía permanecer bajo custodia.
La Fiscalía calcula que las maniobras involucraron unos 425 millones de pesos y sostiene que una parte de esos recursos fue destinada al juego y a operaciones bursátiles.
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Ríos Artacho, de 42 años, fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como presunto jefe de una asociación ilícita.
La investigación apunta a movimientos realizados mientras se desempeñaba en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
Según informó ‘La Nación Argentina’, la hipótesis de los investigadores indica que el entonces fiscal determinaba qué cuentas podían ser utilizadas y firmaba los oficios requeridos para retirar los fondos.
En ellas había recursos depositados judicialmente por conceptos como fianzas, cauciones y dinero secuestrado durante distintas investigaciones.
Investigan estructura en la que presuntamente se encargaban de conseguir prestanombres. Foto:Redes sociales.
La ruta del dinero y la presunta estructura
La acusación sostiene que una parte significativa de los 425 millones de pesos presuntamente desviados terminó en casinos y en inversiones bursátiles.
La investigación ubica en el centro del caso la ludopatía atribuida al exfiscal y analiza si el dinero judicial fue utilizado para sostener esa conducta de juego.
El expediente no se limita a la actuación de Ríos Artacho. Los fiscales investigan una estructura en la que otras personas presuntamente se encargaban de conseguir prestanombres, retirar efectivo de entidades bancarias y distribuir los fondos obtenidos.
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Entre quienes aparecen señalados como supuestos testaferros figuran Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R.
Habrían facilitado sus identidades y cuentas bancarias para canalizar el dinero. Los investigadores también pusieron el foco sobre el abogado penalista Emilio Barcacia.
Se presentaba en bancos para depositar efectivo y recomponer temporalmente saldos cuando alguno de los expedientes involucrados estaba próximo a un juicio abreviado o a una probation.
Una anomalía en una cuenta dio origen a la investigación
El caso comenzó después de que se detectara una irregularidad en una cuenta judicial. La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso y la investigación pasó a manos de Spelta, integrante de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Las maniobras investigadas se habrían desarrollado al menos entre 2017 y 2024. El caso tomó dimensión pública tras la detención de Ríos Artacho durante una serie de allanamientos de la Policía Federal Argentina en Rosario y diferentes localidades de Córdoba.
Los procedimientos dejaron nueve detenidos y permitieron secuestrar documentación y dispositivos electrónicos.
La captura fue solicitada por Spelta, cuya unidad depende de la Fiscalía General encabezada por María Cecilia Vranicich.
La funcionaria ya había intervenido en antecedentes relacionados con Ríos Artacho: cuando estaba al frente de la Auditoría General de Gestión del MPA, investigó su conducta en 2024 y consideró que correspondía una sanción más severa que la finalmente aplicada, de acuerdo con el mismo medio.
Una semana después de regresar a sus funciones tras cumplir una suspensión de 60 días. Foto:iSTOCK
Los antecedentes que precedieron su salida del Ministerio Público
Ríos Artacho dejó de ejercer como fiscal el 25 de junio de 2024, una semana después de regresar a sus funciones tras cumplir una suspensión de 60 días sin goce de sueldo impuesta por la Legislatura por mal desempeño.
Uno de los hechos que derivó en aquella sanción estuvo relacionado con un Mercedes-Benz secuestrado dentro de una investigación por estafas.
El vehículo terminó en poder del comisario Álvaro Rosales, señalado como amigo del entonces fiscal.
Otro episodio involucró un Chevrolet Cruze negro registrado a nombre de Ríos Artacho que fue detectado mientras era utilizado por Juan José Raffo.
Este último había sido condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión como colaborador de Los Monos y permaneció prófugo hasta su detención en marzo de 2025.
El automóvil fue identificado a finales de 2022, cuando Raffo viajó al aeropuerto de Ezeiza para abordar un vuelo con destino a Miami y era seguido por la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar), que investigaba actividades de la organización criminal en el norte del Gran Rosario.
Ríos Artacho se presentó posteriormente ante la Unidad de Delitos Complejos y sostuvo que había vendido el vehículo a Rosales y desconocía cómo había terminado en manos de Raffo.
En su descargo aseguró que “una persona” le había advertido que el automóvil aparecía mencionado en una investigación federal reservada.
Investigadores federales sospechan que esa persona era Iván Jokanovich, exjefe de la delegación local de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), actualmente Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó recientemente su procesamiento y prisión preventiva. La Justicia sostiene que Jokanovich habría utilizado su cargo para proporcionar información privilegiada a un sector de Los Monos y favorecer a Raffo mientras permanecía prófugo.
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Otros casos bajo investigación en el sistema judicial santafesino
El expediente contra Ríos Artacho se suma a otras investigaciones que alcanzaron a integrantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Según el relevamiento, diez fiscales o exfiscales del organismo fueron denunciados, imputados o condenados desde su puesta en funcionamiento en 2014, y cuatro de ellos estuvieron detenidos.
El Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía General registró investigaciones penales contra fiscales, dos renuncias producidas mientras había causas en trámite, tres remociones de funcionarios que posteriormente fueron condenados y cuatro suspensiones dispuestas por la Legislatura.
Entre los antecedentes aparece el del exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por integrar una estructura de protección vinculada con el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
La sentencia fue ratificada en julio por la Cámara de Apelación en lo Penal. En la misma investigación también fue involucrado el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
JOS GUERRERO
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
