El recrudecimiento del conflicto armado, el aumento de los desplazamientos forzados y la persistencia de las economías ilegales continúan deteriorando las condiciones de seguridad en Colombia. Así lo concluye el Índice Global de Paz 2026 (Global Peace Index), elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), que ubica al país en el puesto 141 entre 163 naciones evaluadas y lo mantiene como el menos pacífico de Sudamérica en 2025.
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Según el informe, el nivel de paz en Colombia se redujo un 4,7 por ciento durante el último año (al comparar 2025 con 2024), una caída atribuida principalmente al recrudecimiento de los enfrentamientos armados y al aumento del impacto del terrorismo.
El informe, no obstante, sitúa a Colombia dentro de una tendencia global marcada por el aumento de los conflictos armados –con Sudán, Ucrania e Irán entre los casos más críticos– y por la creciente influencia de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en los escenarios de guerra. En el caso colombiano, sin embargo, el deterioro de la paz responde principalmente a factores internos.
Estado de la paz en el mundo. Foto:Institute for Economics & Peace (IEP)
El estudio evalúa tres grandes dimensiones: conflicto en curso, seguridad y protección, y militarización. Colombia registró retrocesos en las tres, aunque el deterioro más pronunciado se presentó en la primera.
Los enfrentamientos armados y la crisis del Catatumbo profundizan el deterioro de la paz
El dominio de “conflicto en curso” fue el que presentó el mayor deterioro, con un incremento del 13,8 por ciento en su puntaje. Dentro de esta categoría, las muertes derivadas de conflictos internos aumentaron 14,4 por ciento, mientras que el indicador que mide la intensidad de los conflictos domésticos empeoró 16 por ciento.
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Gran parte de este deterioro estuvo asociado a la escalada registrada en la región del Catatumbo en enero de 2025. Allí, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) lanzó una ofensiva contra las disidencias del Frente 33, lo que desencadenó una de las crisis de seguridad y humanitarias más graves de los últimos años en Colombia.
Según los datos recopilados por el IEP, los enfrentamientos en esta región fronteriza dejaron al menos 103 personas muertas –entre ellas varios firmantes del acuerdo de paz– y provocaron el desplazamiento forzado de más de 56.000 personas, en una de las mayores crisis humanitarias recientes del país.
El documento subraya que la magnitud de la crisis tuvo repercusiones tanto humanitarias como políticas, debido a que afectó directamente los esfuerzos de negociación que el Gobierno nacional mantenía con el Eln y llevó al presidente Gustavo Petro a suspender las conversaciones de paz, que habían arrancado en noviembre de 2022 en el marco de la ‘paz total’.
Miles de personas fueron desplazadas del Catatumbo, en Norte de Santander, en enero de 2025. Foto: Andrés Carvajal. ESPECIAL PARA EL TIEMPO
Para los investigadores del Índice Global de Paz, este hecho simboliza una de las principales dificultades que enfrenta Colombia: la persistencia de actores armados capaces de alterar los procesos de negociación y generar retrocesos en los intentos de implementar el acuerdo de paz.
Las tensiones fronterizas agravan el panorama
El informe también identifica un deterioro significativo en las relaciones de Colombia con los países vecinos. De acuerdo con el índice, este indicador empeoró un 50 por ciento durante el último año. En el caso de Ecuador, el estudio menciona el aumento de las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro. Sin embargo, el informe pone especial atención en la frontera con Venezuela.
Según el análisis, Venezuela desempeña un papel crucial dentro de la dinámica del conflicto colombiano debido a que parte de las estructuras armadas ilegales encontraron allí espacios para reorganizarse y ampliar sus operaciones.
“Tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), facciones disidentes que rechazaron la desmovilización se expandieron hacia Venezuela. Aprovecharon el colapso de la capacidad estatal venezolana para establecer la producción y el tráfico de cocaína, que ahora sustentan una presencia armada a ambos lados de la frontera”, dice el documento.
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Esa capacidad de operación binacional dificulta, sostienen los investigadores, los esfuerzos de control estatal, incluso ahora que ese país está bajo el tutelaje de Estados Unidos, y contribuye al deterioro de la seguridad fronteriza.
Vinculado a estas dinámicas aparece otro de los hallazgos relevantes del informe: el deterioro de las condiciones de seguridad y protección. Este dominio registró un retroceso del 0,9 por ciento, impulsado principalmente por el aumento de la actividad terrorista y el impacto que esta tiene sobre la población civil.
Según datos del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron 1.398 hechos terroristas, un 24 por ciento más que en 2024, cuando se reportaron 1.126. La cifra ha aumentado de forma sostenida desde 2020, año en el que se contabilizaron 427 atentados.
El informe del GPI señala que el impacto del terrorismo en Colombia alcanzó su nivel más alto desde la creación del índice en 2007. Como consecuencia, el país pasó a integrar el grupo de las diez naciones más afectadas por este fenómeno en el mundo, junto con países como Pakistán, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad.
El peso económico de la violencia
Más allá de las consecuencias humanitarias y de seguridad, el informe destaca el elevado costo económico que la violencia sigue representando para Colombia.
El estudio ubica al país entre las diez economías del mundo donde la violencia tiene un mayor impacto relativo sobre la actividad económica. De acuerdo con las estimaciones del IEP, el costo de la violencia equivale al 15,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.
El Eln figura entre los principales responsables del deterioro de los indicadores de paz. Foto: EFE
Esta carga económica incluye gastos y pérdidas asociados a homicidios, muertes derivadas de conflictos armados y atención a poblaciones desplazadas o refugiadas.
El informe también cita un análisis histórico realizado sobre 730 empresas colombianas entre 1997 y 2001, cuyos resultados muestran que los altos niveles de violencia afectan significativamente las probabilidades de supervivencia y rentabilidad de nuevos negocios.
“Con mayores niveles de violencia, es probable que podamos esperar menores niveles de empleo y productividad económica a largo plazo, ya que los incentivos enfrentados desalientan la creación de nuevos empleos y la inversión a largo plazo”, dice el informe.
De igual forma, el narcotráfico continúa apareciendo como uno de los principales motores del conflicto y la violencia en Colombia. El Índice Global de Paz, que dedica parte de su análisis a examinar la evolución reciente de la economía de la cocaína y su relación con la persistencia de grupos armados, señala que entre 2020 y 2024 el valor estimado de la producción asociada a esta actividad ilícita pasó de 5.000 millones de dólares a 8.500 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 70 por ciento.
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El crecimiento coincide con cifras récord de producción. En 2023, los cultivos de coca alcanzaron las 253.000 hectáreas, el nivel más alto registrado hasta ese momento, hecho que llevó a la descertificación del país por parte de Estados Unidos. Ese mismo año, la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento.
Para los investigadores, esta expansión tiene consecuencias que van más allá de la actividad criminal, pues los ingresos generados por el narcotráfico fortalecen financieramente a grupos armados ilegales y les permiten mantener estructuras militares, reclutar integrantes y sostener operaciones prolongadas.
Un deterioro global
Más allá de Colombia, el Índice Global de Paz revela un deterioro continuo de la paz mundial por duodécimo año consecutivo, degradación impulsada principalmente por el aumento de conflictos internos internacionalizados y un récord en el gasto militar global, lo que pone al mundo en niveles de confrontación no vistos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Este declive se enmarca en un fenómeno que los expertos del IEP denominan la “Gran Fragmentación” del sistema internacional, es decir, un mundo donde el auge de las potencias medias y la creciente “desigualdad de paz” alejan cada vez más a los países más estables de aquellos sumidos en la violencia.
El informe también advierte sobre una transformación acelerada de la guerra impulsada por la inteligencia artificial. Según el IEP, estas tecnologías están reduciendo drásticamente el tiempo que transcurre entre la identificación de un objetivo y la ejecución de un ataque.
Mientras en la década de 1990 las decisiones podían tomar horas o incluso días, sistemas utilizados actualmente en conflictos como los de Ucrania y Gaza han reducido esos tiempos a minutos e incluso segundos. Esta tendencia, señala el estudio, está limitando cada vez más la supervisión humana sobre decisiones letales y aumentando el riesgo de errores o escaladas involuntarias en escenarios de conflicto.
CAMILO A. CASTILLO — Subeditor Internacional — X: @camiloandres894
