El presidente de izquierda de Uruguay, Yamandú Orsi, sorprendió recientemente al público –y desconcertó a miembros de su propio partido– con comentarios que parecían favorables al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a sus draconianas políticas de seguridad.
“Tenemos que hablar de seguridad, y creo que el ejemplo es Bukele… Es un ejemplo de un proceso que debe analizarse”, dijo Orsi. Su declaración reveló hasta qué punto se ha extendido el atractivo del enfoque radical de Bukele contra el crimen: llegó incluso a Uruguay, un país con una larga reputación de paz y tranquilidad y con un fuerte bloque progresista.
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Con instituciones democráticas sólidas –es una de las dos democracias plenas de la región, según el Índice de Democracia de la EIU–, Uruguay conserva una memoria viva del régimen autoritario. Esto hace muy improbable que el país intente importar el modelo Bukele. Aun así, los comentarios de Orsi subrayaron lo sensible que se ha vuelto la política de seguridad, incluso en Uruguay. Su tasa de criminalidad sigue muy por debajo de los promedios regionales, pero la nación lidia con una percepción creciente de que el crimen está aumentando.
Antes de estas declaraciones, Orsi había reconocido que la izquierda en América Latina ha tenido dificultades para abordar los temas de seguridad, enfocándose en cambio en la “convivencia” por temor a ser etiquetada como “reaccionaria”. Sin embargo, sostuvo que la izquierda ya no tiene esos prejuicios, lo cual abre espacio para analizar más opciones de política pública en el tema.
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La reacción a sus comentarios fue mixta. Desde la oposición, varios excandidatos presidenciales celebraron su postura, otros argumentaron que se evidenciaba un gobierno sin una orientación clara en materia de delincuencia. El secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, buscó aclarar que, desde la perspectiva del Gobierno, “la población tiene un problema de seguridad y necesita ser atendida desde la democracia”. Orsi luego trató de aclarar sus declaraciones, afirmando que el modelo de Bukele “es imposible e inaceptable” en Uruguay.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto:AFP
Los comentarios inesperadamente francos de Orsi tocaron una fibra sensible de la izquierda en la región. América Latina gira hacia la derecha, en gran medida debido a la preocupación de los votantes frente a la problemática de la criminalidad. Por ejemplo, en Chile ganó la derecha y en Costa Rica parece probable que los conservadores ganen las elecciones del 1.º de febrero debido a su mensaje de mano dura contra el crimen.
Ahora, Orsi parece decidido a construir un modelo alternativo que reduzca la delincuencia de manera significativa y, al mismo tiempo, respete las normas democráticas. Su administración está desarrollando un Plan Nacional de Seguridad Pública que entrará en funcionamiento en marzo de 2026. Quienes consideran que el populismo punitivo al estilo Bukele es un problema creciente esperan que el plan de Orsi pueda ofrecer un antídoto eficaz.
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Percepción del crimen
Al igual que en Chile y Costa Rica, la reputación de Uruguay como un país seguro y tranquilo está bajo presión. La red de carteles locales del país es cada vez más sofisticada y transnacional. El número de incautaciones de drogas está aumentando a medida que Uruguay refuerza sus patrullajes en sus porosas fronteras terrestres y aéreas. A medida que la indigencia, los hurtos y el consumo de drogas se vuelven más comunes, junto con actos de violencia inusuales pero impactantes, las percepciones de un deterioro en la calidad de vida también van en aumento. El ejemplo más reciente y vívido fue el ataque sin precedentes –a tiros y con una granada– contra la casa de la fiscal general Mónica Ferrero a finales de septiembre, que casi le cuesta la vida.
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Como resultado de todo esto, encuestas como la realizada por Equipo de Consultores muestran que el crimen es la principal preocupación de los votantes uruguayos. En un sondeo reciente, el 34 % de los encuestados citó la delincuencia como el problema más importante que enfrenta el país, mientras que el desempleo quedó en un distante segundo lugar con un 15 %. Aunque el porcentaje de uruguayos que mencionan el crimen como principal preocupación ha bajado desde su máximo histórico del 64 % en agosto de 2024, ha vuelto a subir en los últimos meses. Lo más preocupante para el Gobierno es que la evaluación pública sobre su manejo del tema ha empeorado.
Los uruguayos consideran que la seguridad es el principal problema del país. Foto:Getty Images
En este contexto, la aprobación de Orsi cayó al 36 %, desde el 41 % registrado en abril, un mes después de su toma de posesión. Sus comentarios sobre Bukele probablemente reflejan la incertidumbre sobre cómo abordar la política de seguridad en medio de crecientes llamados a políticas de mano dura. Datos del Latinobarómetro muestran que el 34,4 % de los uruguayos tenía una opinión favorable de Bukele en 2024, frente al 15,6 por ciento en 2023.
El contexto geopolítico más amplio también se está volviendo más complicado para el gobierno. Orsi ocupa el cargo desde marzo, y su administración podría quedar cada vez más aislada a medida que la región gira hacia la derecha.
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Es probable que los candidatos conservadores sigan obteniendo buenos resultados en las elecciones de este año, en gran parte gracias a sus posiciones de mano dura contra el delito. También buscarán una mayor cooperación con Estados Unidos, en momentos en los cuales la superpotencia orienta su retórica de política exterior hacia el combate del crimen organizado y la búsqueda del quiebre de los regímenes autoritarios de izquierda, como los de Venezuela y Cuba (por ejemplo, ya hizo su primera movida al hacer un operativo militar en Caracas para capturar a Nicolás Maduro el 3 de enero).
Llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Foto:Archivo particular
Si Uruguay lo logra, podría convertirse en el único país con un gobierno de izquierda en Sudamérica de habla hispana. Incluso el vecino clave de Orsi, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, está en permanente riesgo.
La paciencia es una virtud
Uruguay todavía cuenta con las ventajas de tener un sistema de partidos sólido y una sociedad civil bien organizada y comprometida. La polarización política va en aumento, pero aún es manejable. Para canalizar estas ventajas, el gobierno de Orsi se apresura a poner en marcha su nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública.
El plan es un esfuerzo de todo el Gobierno, con el apoyo de organizaciones multilaterales, para combatir el crimen directamente y también abordar sus causas. Su éxito pondrá a prueba la democracia uruguaya, su capacidad para garantizar seguridad y su habilidad para revertir las percepciones de deterioro en la calidad de vida. Requerirá cooperación de los partidos de oposición, pero dado el ánimo público, obstruirlo podría resultar contraproducente.
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Todas las miradas estarán puestas en qué tan bien logra el Gobierno equilibrar las libertades civiles con el uso de la fuerza para frenar el crimen y restablecer un sentido de normalidad en la vida cotidiana.
NICOLÁS SALDÍAS (*)
Americas Quarterly
(*) Saldías es analista sénior para América Latina y el Caribe en Economist Intelligence Unit, y obtuvo su doctorado en ciencia política en la Universidad de Toronto.
El atentado a la fiscal Mónica Ferrero
El ataque armado contra la vivienda de Mónica Ferrero, máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación uruguaya, ocurrido en septiembre, dejó al país frente al escenario inédito de tener la obligación de enfrentar con mayor firmeza a las redes de narcotráfico que avanzan sobre su territorio.
El episodio, sin víctimas fatales ni heridos, confirmó que el mensaje iba más allá de la violencia física. Este atentado consistió en una advertencia directa a las autoridades judiciales, pues, en palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani: “Se atacó a una buena fiscal que está ejerciendo su cargo a cabalidad”.
Desde hace años, expertos en seguridad advierten que el narcotráfico se ha ido asentando paulatinamente en las costas del país. Edward Holfman, consultor en seguridad y director de The Guardian Group, explica que primero llegaron los cargamentos con destino a Europa y África; luego, el incremento del consumo interno y una violencia ligada al negocio. Con el tiempo, esas organizaciones ampliaron su presencia hacia estructuras más formales, como empresas pantalla, circuitos financieros y logística.
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Este deterioro se refleja en las cifras, pues la tasa de homicidios casi se duplicó en pocos años, pasando de cinco o seis asesinatos por cada 100.000 habitantes a 11,2. Más de una quinta parte de estos crímenes está directamente vinculada al tráfico de drogas, superado solo por riñas personales y ajustes de cuentas.
Redacción Domingo con información de La Nación (Argentina)
