A los 72 años, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó Argentina durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015, vive horas muy amargas. La semana pasada fue señalada por el fiscal Carlos Stornelli como “la principal receptora” de grandes sumas de dinero en efectivo, producto de sobornos.
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Ante el Tribunal Oral Federal n.º 7, Stornelli comenzará a detallar las pruebas en el juicio contra la exmandataria y otras 45 personas, acusadas de asociación ilícita, cohecho, admisión de dádivas y encubrimiento. Es apenas uno de los muchos enredos de Fernández de Kirchner, quien en junio, en instancia final ante la Corte Suprema por otro proceso, fue condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política de por vida.
El juicio que acaba de arrancar es la causa conocida como ‘Cuadernos’, por haber iniciado con base en unas libretas en las cuales, durante varios años, Óscar Centeno, conductor del funcionario kirchnerista Roberto Baratta, detalló los traslados de enormes cantidades de dinero en efectivo que hizo a domicilios de la expresidenta, incluido un apartamento en Buenos Aires, la propia Casa Rosada (sede presidencial) y la residencia oficial de Olivos.
Según el fiscal Stornelli, “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, a cambio de adjudicaciones de obra pública y otros negocios de particulares con el Estado.
Vista aérea de los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner. Foto:AFP
La exmandataria escuchó, vía Zoom, la larga descripción de sus actuaciones de claro perfil delictivo, desde su apartamento en una restaurada casona en el barrio Constitución de Buenos Aires. Se trata de 128 pagos de dinero en efectivo a manera de soborno, sobre los cuales el fiscal asegura tener pruebas y testimonios. “Los eslabones convergen así en un solo punto, la expresidenta”, concluyó Stornelli.
Un testigo de la acusación aseguró que, durante buena parte de los años en que Fernández de Kirchner era presidenta, los maletines y bolsos con dinero en efectivo llegaban a sumar 300.000 dólares por semana. Ernesto Clarens, un empresario vinculado a la trama, declaró ante la justicia que, en determinados momentos, las cantidades de efectivo eran tan grandes que Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, le pidió que, en una serie de entregas de euros en efectivo, trajese “billetes de 500 porque ocupan menos lugar”.
Aparte de su condena por el caso ‘Vialidad’, confirmada por la Corte Suprema y relacionada con contratos de obra pública ilegalmente dirigidos hacia firmas del empresario Lázaro Báez, financiador y testaferro del presidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) y de su esposa, y de la causa ‘Cuadernos’, que ya está en etapa de juicio, la exmandataria enfrenta un puñado de procesos penales más, así como el inicio de una larga serie de incautaciones de propiedades suyas y de sus hijos, Máximo y Florencia.
Los tribunales han iniciado las diligencias de toma de posesión de una veintena de esos activos, al argumentar que fueron adquiridos como resultado del enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Tal y como declaró el fiscal Diego Luciani, vinculado a estas causas, en una conferencia hace pocas semanas en Ecuador, “no hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados”.
Simpatizantes de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner Foto:AFP
La crisis política que se suma a la larga lista de casos judiciales
Pero los males de Fernández de Kirchner no se limitan al campo judicial. Este año perdió el control del Partido Justicialista, fundado a mediados del siglo pasado por el general Juan Domingo Perón.
El movimiento quedó en manos de la corriente kirchnerista desde la primera década de este siglo y, tras la muerte del expresidente Kirchner tres años después de culminar su mandato (2003-2007) y cuando ya había sido sucedido por su esposa, ella se hizo con las riendas. Lo controló con mano firme, mientras repartía favores a quienes la apoyaban, así como duros golpes y castigos a quienes osaban oponérsele.
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Ahora, el kirchnerismo está dividido: varios de sus diputados y senadores recién elegidos coquetean con el gobierno del presidente Javier Milei, enemigo del kirchnerismo, mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otrora protegido de la expresidenta, se ha rebelado contra ella tras la derrota del movimiento en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, que ganó La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei.
El actual mandatario viene al alza en las encuestas (55 por ciento aprueba su gestión, según cifras recientes de la firma Isasi Burdman), mientras Cristina Fernández fue considerada principal responsable de la derrota de sus listas, por el 80,2 por ciento de los encuestados de la firma DC Consultores, en un sondeo de hace dos semanas.
El frente judicial le seguirá causando problemas. Otro de los sonados procesos por corrupción es el llamado ‘Hotesur-Los Sauces’. Se trata de propiedades hoteleras de los Kirchner y de su socio y testaferro, Lázaro Báez, a las que ingresaron grandes cantidades de dinero por falsos alojamientos y eventos que nunca se realizaron, pero sobre los que se emitían facturas para justificar y lavar fondos procedentes del pago de coimas.
Simpatizantes de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner Foto:EFE
Esas facturas eran canceladas por los empresarios que salían beneficiados por los contratos públicos que el régimen kirchnerista les otorgaba, como si sus empresas y directivos hubiesen usado los servicios de los hoteles que, en realidad, casi siempre estaban vacíos. El inicio del juicio por este caso ha quedado para el año entrante, ante la necesidad de culminar un gigantesco peritazgo contable a las empresas de los Kirchner y de Báez, así como a las compañías de donde salía el dinero de los sobornos.
En otro proceso más, Báez ya fue condenado a 12 años de cárcel, al igual que 17 acusados más incluidos dos hijos suyos. Esta causa judicial es conocida como ‘La ruta del dinero K’, y se basa en indagaciones y seguimientos al dinero ilícito que, al menos en una buena parte, habría servido para enriquecer a los Kirchner (de ahí la letra K), aunque también fue utilizado para que se lucraran asociados e intermediarios. Aunque al principio la expresidenta fue sobreseída en ese caso, en mayo la Corte Suprema validó su inclusión en la lista de acusados.
Otro proceso contra la exmandataria tiene que ver con un acuerdo que su administración suscribió con la República Islámica de Irán, relacionado con el atentado terrorista que, el 18 de julio de 1994, destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el que 88 personas murieron y 300 más resultaron heridas. El acuerdo, firmado por ambos gobiernos en 2013 durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, buscaba –al menos en apariencia– que los jueces y fiscales argentinos de la causa pudiesen interrogar en Irán a ciudadanos de ese país señalados como responsables del ataque.
El fiscal Alberto Nisman avanzaba en las indagaciones sobre un acuerdo secreto firmado en paralelo al que fue divulgado y que, en la práctica, garantizaba el encubrimiento de los hechos, con la complicidad del gobierno de Fernández de Kirchner. Nisman había adelantado mucho en las pesquisas y algunas fuentes sostienen que se disponía a acusar a los implicados, entre ellos a la presidenta.
Pero el 18 de enero de 2015, el cuerpo sin vida de Nisman fue hallado en su apartamento del barrio Puerto Madero, en Buenos Aires, con un tiro en la cabeza. El caso disparó todas las sospechas ya que Nisman estaba amenazado. A pesar de su muerte, el proceso del memorando con Irán avanzó: la exmandataria está acusada de encubrimiento por intentar proteger a los imputados. El juicio debe arrancar el año entrante.
Personas toman fotos de Cristina Fernández de Kirchner saludando a sus partidarios desde el balcón. Foto:AFP
Las penas y muerte política de Cristina Kirchner
Nada hace pensar que Fernández de Kirchner vaya a quedar pronto en libertad. La expresidenta se enfrenta a penas que van de 1 a 6 años en el caso del memorando con Irán, de 4 a 16 años en el proceso ‘Hotesur-Los Sauces’ y de 6 a 16 años en el de los ‘Cuadernos’ de coimas y sobornos. Esas eventuales sentencias se sumarían judicialmente a la condena que ya pesa sobre ella, de 6 años de prisión domiciliaria, por el caso ‘Vialidad’.
En ese último proceso, la condena incluyó una inhabilitación política de por vida. Pero hasta antes de que el kirchnerismo perdiera las elecciones parlamentarias de octubre con el partido LLA del presidente Milei, más del 40 por ciento de los argentinos seguía declarando en las encuestas que tenía una imagen favorable de ella. A inicios de los años setenta, en las gigantescas manifestaciones que pedían el regreso del exilio del general Perón, muchos de sus seguidores coreaban “ladrón o no ladrón, queremos a Perón”. Medio siglo después, un halo similar parecía rodear a la figura de la exmandataria.
Reacción de Javier Milei a condena de Cristina Kirchner Foto:X: @JMilei
Todo eso cambió con la pérdida para el kirchnerismo de las parlamentarias de octubre, como si los peronistas estuviesen dispuestos a perdonar el saqueo de los recursos públicos por medio de fraude y corrupción, pero jamás una derrota electoral. La favorabilidad de Fernández de Kirchner ronda el 30 por ciento, que no es un mal guarismo en otras latitudes, pero que al tratarse de una líder populista con tanto arraigo entre las clases medias y bajas, en Argentina suena a desastre.
“La lealtad solo llega hasta las puertas del cementerio”, escribió este fin de semana en La Nación de Buenos Aires el analista Fernando Laborda, antes de concluir que el peronismo, que el kirchnerismo controló por más de dos décadas, “está sumido en una crisis de liderazgo”. Y en cuanto al kirchnerismo, “navega sin rumbo y se acerca a su implosión”, mientras la expresidenta languidece, recluida por mandato judicial en su apartamento del barrio Constitución.
