La mañana del pasado domingo 12 de abril, los lectores de los diarios Expreso y Extra en Ecuador se encontraron con una portada totalmente en blanco. En lugar de los titulares y fotografías habituales, un mensaje ocupó la primera página: “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar”.
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La publicación buscaba denunciar lo que, según Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de ambos medios, constituye una presión sostenida del Gobierno de Daniel Noboa en respuesta a su línea editorial crítica, en medio de un conflicto más amplio que incluye la intervención estatal de la compañía en febrero pasado y una disputa por el control del 40 por ciento de sus acciones.
El abogado y vocero de Granasa, Eduardo Carmigniani, sitúa el inicio del conflicto en una serie de investigaciones periodísticas publicadas por Expreso, entre ellas reportajes sobre presuntas irregularidades en derivaciones del sistema de salud público hacia clínicas privadas y cuestionamientos a contratos estatales para la provisión de equipos de generación eléctrica, en un momento en el que Ecuador enfrenta problemas de suministro energético.
A partir de dichas publicaciones, sostiene, se habrían desencadenado acciones estatales orientadas a desacreditar al medio y afectar su operación.
La portada del diario Expreso para el domingo 12 de abril. Foto:X Diario Expreso y Extra
Así escaló el conflicto entre Expreso y Extra y el Gobierno
El primer episodio fue la apertura de investigaciones por presunto fraude tributario y lavado de activos a mediados de 2025.
“El argumento central para dar inicio a esas pesquisas es que los pagos que recibían los diarios de sus revendedores mayoristas no correspondían con las ventas reales efectuadas”, sostiene Carmigniani, quien agrega que esas acusaciones no prosperaron y que fueron desvirtuadas por una auditoría internacional de Ernst & Young, que encontró correspondencia entre los ingresos reportados y las ventas del medio.
Pero, superado ese episodio, el conflicto se trasladó al plano societario, donde se concentra hoy el núcleo de la disputa.
Carmigniani describe una secuencia de decisiones que, a su juicio, buscan incidir directamente en el control accionario de la empresa. El punto de partida es el paquete del 40 por ciento de acciones que pertenecía a Ingrid Martínez, heredera del fundador Galo Eduardo Martínez Merchán.
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En 2014, Martínez transfirió esas acciones a una compañía de su propiedad, Veranera, pero en febrero de 2020 decidió revertir la operación y devolver las acciones, tras lo cual inició la liquidación voluntaria de esa empresa.
Según la defensa, a finales de 2025 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en cabeza de Luis Cabezas Klaere, intervino en ese proceso al cambiar al liquidador de Veranera y designar a Carlos Xavier Cadena Asencio, una persona que posteriormente sostuvo no haber encontrado justificación para la transferencia realizada seis años antes.
Con base en ese argumento, el liquidador planteó que la operación debía revertirse. La Superintendencia, según Carmigniani, acogió ese planteamiento y envió un oficio a Granasa ordenando revertir la transferencia, sin que –afirma– exista competencia legal para anular ese tipo de actos ni se haya dado oportunidad de defensa a las partes involucradas.
“En este caso la Superintendencia quiso actuar como si fuera juez. El asunto es que la Superintendencia de Compañías no tiene ninguna competencia legal para anular una transferencia de acciones. Entonces, el representante legal de Granasa se negó a hacerlo al considerar que implicaba alterar de manera indebida el libro de accionistas”, añade el abogado.
Vista de la rotativa de un diario en una fotografía de archivo. Foto: EFE / Jorge Torres
El conflicto quedó en suspenso durante algunos meses, pero volvió a escalar a finales de marzo de 2026 cuando se produjo un nuevo movimiento en la estructura accionaria: el 27 de marzo, Ingrid Martínez notificó a la empresa que había decidido heredar sus acciones a José Gabriel Martínez, sobrino suyo, operación que fue registrada ese mismo día.
Al día siguiente, el liquidador de Veranera acudió a un juez para solicitar una medida cautelar que obligara a revertir la transferencia original de 2020. La empresa sostiene que esa medida no solo resulta improcedente, por tratarse de un asunto patrimonial que no correspondería a ese tipo de acciones, sino también de imposible cumplimiento, dado que para ese momento las acciones ya no estaban en manos de Martínez, sino de su sobrino.
Para el lunes 30 de marzo, tras recibir formalmente la orden, el representante legal de la empresa respondió al juez en esos términos y solicitó la revocatoria de la medida. Sin embargo, el caso escaló nuevamente cuando el juez remitió el expediente a la Fiscalía para investigar un presunto desacato por parte de Granasa.
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Afirma el abogado que si se revierte la transferencia y las acciones vuelven a Veranera –en liquidación y bajo la administración de un liquidador designado por la Superintendencia–, sería ese funcionario del Gobierno quien ejercería el control sobre ese 40 por ciento, lo que en la práctica trasladaría su control al Estado.
Para Carmigniani, esta decisión configura un intento de presión adicional: “Se nos acusa de desacato por no permitir que el gobierno se apropie del 40 por ciento de las acciones”, afirma, al vincular la intervención con la junta de accionistas celebrada el 27 de abril, en la que finalmente la familia Martínez pudo votar con la propiedad del 93 por ciento de sus acciones, frustrando –por ahora, según sostiene– ese intento de tener más votos en la junta directiva.
No obstante, advierte que ese paquete accionario (más un 2,56 por ciento que está en manos del Estado desde enero de 2026, tras una orden judicial que restituyó a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria–Inmobiliar acciones previamente incautadas al Grupo Isaías luego de la crisis bancaria de 1999) sigue siendo un punto sensible por su potencial incidencia en decisiones relacionadas con la línea editorial del medio.
Por su parte, la Superintendencia de Compañías señaló que la intervención a Granasa responde a la necesidad de “supervigilar la marcha económico–financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”. Además, sostuvo que la entidad se rige por “criterios técnicos” y rechazó “cualquier opinión que pretenda poner en entredicho su autonomía”.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se pronunció en octubre de 2025. Foto:AFP
Daniel Noboa, quien reconoció que en el pasado su familia fue accionista de Expreso, solo se pronunció en octubre de 2025 en una entrevista con el medio Teleamazonas, cuando dijo sobre el caso que “está en investigación” y negó que existieran presiones directas desde el Ejecutivo.
Como parte del proceso, el organismo designó, mediante una resolución en la que notificó la intervención a la compañía, a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez como interventora, quien deberá presentar a la Superintendencia informes mensuales sobre lo realizado en su proceso de fiscalización.
Alerta internacional por la libertad de prensa en Ecuador
La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó el pasado jueves que la situación refleja una “grave escalada” de acciones contra medios en Ecuador y advirtió que el uso combinado de “mecanismos judiciales, administrativos y regulatorios” puede tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo. “Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”, indicó Pierre Manigault, presidente de la organización.
El análisis de la SIP funciona como diagnóstico más amplio sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Según el más reciente Índice Chapultepec, Ecuador cayó a la categoría de “Alta restricción” tras registrar su peor puntuación desde el año 2020.
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De acuerdo con el informe, que evalúa la actuación del Estado, la violencia contra comunicadores y el control de los medios mediante un sistema de puntuación por indicadores, el país pasó de 46,03 a 38,42 puntos. Este retroceso provocó que descendiera dos posiciones en el ranking regional, al pasar del puesto 12 al 14.
El informe señala que este deterioro se produce en medio de una crisis de violencia generada por el crimen organizado y por la existencia de mecanismos estatales que inciden negativamente en la libertad de expresión. Durante el período evaluado (noviembre de 2024 y noviembre de 2025), cuatro periodistas fueron asesinados, se documentaron cerca de 290 agresiones y se registraron amenazas que, en algunos casos, obligaron al exilio de comunicadores.
El reporte señala, además, una “influencia moderada” de los tres poderes del Estado en situaciones desfavorables para la libertad de expresión, aunque identifica al Ejecutivo como el actor con mayor impacto, especialmente en lo relativo al acceso a información y al ejercicio del derecho a expresarse.
Bajo este panorama, para el académico Arturo Moscoso, de la Universidad Internacional del Ecuador, el caso de Expreso resulta representativo de una dinámica más amplia y evidencia las advertencias de la SIP. A su juicio, existe un “acoso sistemático desde muchos frentes”.
La intervención a Granasa responde a la necesidad de supervigilar la marcha económico–financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros
Superintendencia de CompañíasEcuador
“Muchos medios y periodistas temen las consecuencias de criticar al Gobierno, no tanto en términos de amenazas o agresiones físicas, sino por el uso de herramientas institucionales que podrían derivar en formas de persecución”, sostiene el académico.
Moscoso también advierte sobre un proceso de transformación en el ecosistema mediático del país, en el que algunos medios cambiaron su línea editorial tras modificaciones en su propiedad o en su dirección. El resultado, señala, es un entorno con menos voces críticas y una oferta informativa que tiende a ser más favorable al gobierno. “El Comercio, por ejemplo, atravesó durante el gobierno de Rafael Correa un proceso similar al que hoy se denuncia: la pérdida de sus accionistas y un progresivo control de su línea editorial por parte del poder Ejecutivo”, añadió.
Y es que un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) advertía ya en 2016 cómo la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en 2013 y vigente hoy, otorgó al Estado amplias facultades para regular contenidos, bajo criterios como la obligación de que la información sea “verificada” y “precisa”, conceptos que, según la organización, podían ser utilizados para limitar la libre expresión.
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Esa ley contempla figuras como el “linchamiento mediático”, que sancionaba la difusión reiterada de información que pudiera afectar la reputación de funcionarios o instituciones, lo que, en la práctica, podía desincentivar investigaciones periodísticas sobre corrupción o abuso de poder.
A esto se sumaba un uso recurrente de organismos de control para exigir rectificaciones, imponer sanciones o condicionar contenidos, en un contexto en el que, según HRW, el Estado había ampliado su capacidad para “hostigar, intimidar y castigar a sus críticos”.
¿Cómo se conecta la crisis del país con estas denuncias?
Este escenario, añade Moscoso, no puede separarse del momento que atraviesa Ecuador. El país enfrenta una crisis de seguridad con niveles de violencia en aumento: en 2025 se registraron 9.216 homicidios, la cifra más alta de su historia, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Esto equivale a una tasa cercana a 50,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que ubicó al país como el tercero más violento de América Latina y el Caribe.
Ante el repunte de la violencia, el Gobierno ha optado por declarar sucesivos estados de excepción, especialmente en zonas como Guayaquil y la región costera, donde se concentra buena parte de la dinámica del crimen organizado y de grupos como Los Choneros y Los Lobos.
Ante el repunte de la violencia, el Gobierno ha optado por declarar sucesivos estados de excepción. Foto: AFP
En paralelo, Ecuador denuncia un control insuficiente del lado colombiano frente a la presencia de grupos armados y economías ilegales en la frontera, mientras desde Colombia se cuestionan las medidas unilaterales de Quito –como la imposición de aranceles que generó la guerra comercial– por poner en riesgo un intercambio bilateral que oscila entre 2.600 y 3.000 millones de dólares anuales.
A esto se suma un panorama energético incierto debido a los cortes de electricidad recurrentes desde 2024 y 2025, en gran medida asociados a la sequía que redujo los niveles de los embalses.
En medio de estos desafíos, Moscoso considera que el gobierno busca consolidar un discurso uniforme, lo que reduce el espacio para la crítica y el debate público.
A esto se suma el calendario político. El adelanto de las elecciones seccionales para noviembre, tras la derrota del gobierno en una consulta popular, introduce un elemento adicional de presión sobre el manejo de la opinión pública y la relación con los medios.
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“Creo yo que también está ligado al hecho de que el gobierno, luego de la derrota apabullante que tuvo en la consulta popular, en la que perdió 60 a 40 en todas las preguntas, trata de mantener cierto nivel de aprobación y generar en la opinión pública un mensaje de unidad frente a ‘problemas externos’”, concluyó Moscoso.
De momento, el caso seguirá en manos de jueces y autoridades, pero su desenlace podría marcar un precedente sobre la presión del Estado sobre los medios en Ecuador.
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
