Loreto Hernández García, de 54 años, recorre con dificultad el patio de la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, a 290 kilómetros de La Habana. Sacerdote Ifá y líder de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, Loreto no solo carga con las enfermedades que amenazan su vida -padece asma, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos-, sino también con una condena que parece diseñada para quebrarlo: desde julio de 2021 permanece detenido sin tutela judicial ni defensa independiente, pues los juristas que se le asignan a su caso dependen del propio Ministerio de Justicia del régimen liderado hoy por Miguel Díaz-Canel.
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La presión sobre él no ha disminuido pese a que lleva cuatro años tras las rejas. En mayo de 2025, un agente de Seguridad del Estado amenazó con matarlo si su esposa, también presa política, no “se callaba y bajaba la cabeza”. Cinco meses después, según la denuncia de su hermana, oficiales del penal lanzaron una advertencia más: “Que vayan preparando la canción, para cuando te matemos, la hagan pública”.
Lo que le ocurre a Loreto no es un caso aislado, forma parte del informe más reciente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) de Naciones Unidas, publicado el 18 de noviembre, que documenta una condena histórica contra Cuba por detenciones arbitrarias. Según el organismo, desde 2019 la isla se ha convertido en el país con más condenas por este tipo de arrestos en el mundo.
La ONU documenta 93 casos en los que las víctimas fueron privadas de libertad. Foto:EFE
La ONU documenta 93 casos en los que las víctimas fueron privadas de libertad por motivos políticos, religiosos o ideológicos, muchas veces sin acceso a un juez, sin defensa legal y sometidas a tratos inhumanos. Estas cifras superan a Egipto, que ocupa el segundo lugar con 73 casos, a Bahréin, que tiene 70, y a China, en donde se documentan 70, y, como dice el propio documento, deja en evidencia cómo en Cuba las prisiones se usan como mecanismo para el control social.
El informe, elaborado con base en casos presentados principalmente por la organización Prisoners Defenders, que aportó 81 de los 93 expedientes, revela que las detenciones arbitrarias se han vuelto sistemáticas. Las cifras por sí solas ya son preocupantes, pero el detalle de las violaciones documentadas dibuja un escenario mucho más sombrío: el texto documenta desapariciones forzadas, aislamiento prolongado, tortura, criminalización de la protesta, violaciones de derechos religiosos, discriminación de género y restricciones extremas a las libertades fundamentales.
Un patrón sistemático
El WGAD examinó especialmente los casos de 49 personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como el 11J, que marcaron uno de los episodios de mayor descontento social en la isla contra el régimen castrista desde los años 90. Estas detenciones, según la ONU, violaron de manera sistemática los derechos reconocidos internacionalmente, incluyendo la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y práctica religiosa.
En en Miami, decenas de cubanos ondean la bandera nacional en protesta contra el régimen. Foto:Efe
Cuba se distingue además por ser el único país condenado en tres Opiniones de tipo masivo (más de 10 víctimas) en apenas un año y ocho meses. Pero ¿qué es una “opinión” y por qué importa? Son los veredictos que emite el WGAD de Naciones Unidas, es decir, documentos públicos que determinan si una persona ha sido detenida de manera arbitraria.
No se trata de una simple acusación: es una revisión casi judicial, en la que el Estado -en este caso, Cuba- tiene derecho a presentar sus argumentos y defenderse. Según el informe, en todos los casos presentados por la organización Prisoners Defenders, el resultado fue siempre el mismo: condena.
“Después de presentar cada caso, el gobierno de Cuba recibe la denuncia y puede defenderse. El año pasado se defendió con mucha agresividad, alegando hechos falsos. Nosotros tuvimos que rebatir punto por punto, con apoyo de las familias, de contactos en bufetes estatales y de funcionarios que nos dieron información que se les había negado a los familiares. Pudimos demostrar que Cuba tergiversaba o mentía en todos sus argumentos”, contó el presidente y fundador de Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
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Pese a esto, el proceso para lograr las condenas del WGAD no fue sencillo ni rápido. Larrondo recuerda que, tras las protestas de 2021, se encontraron frente a “un maremagnum de nuevos presos políticos” y casi sin herramientas para documentar los casos. Ante ese bloqueo, la ONG empezó a entrenar a los familiares para que exigieran sus expedientes. “Les explicamos qué artículos de la legislación cubana les daban derecho a tenerlos”, añadió.
Cuando por fin lograron reunirlos, identificaron un patrón claro. “Había entre seis y ocho violaciones del debido proceso se repetían siempre: ausencia de defensa independiente, falta de igualdad de armas, e incluso prisiones provisionales ordenadas solo por la fiscalía”, afirmó.
Dirigente de Cuba, de Miguel Diaz-Canel. Foto:Cubadebate
Para demostrar que no eran fallos aislados, Larrondo propuso al WGAD una metodología inédita: presentar casos de manera conjunta, explicando cada violación en un bloque y adjuntando una tabla que cruzara cada irregularidad con cada acusado para que se evidenciara que habia un patrón. El grupo la aceptó, pero más tarde pidió dividir el enorme expediente en bloques más pequeños. “Presentamos primero un caso de 17 personas y ganamos. Fue un precedente histórico”, añadió
En total, las Opiniones 13/2024, 46/2025 y 57/2025 acumulan 66 víctimas reconocidas, con un promedio de más de cinco personas por dictamen. Uno de los hallazgos es que no se trata de arrestos dispersos, sino de capturas colectivas, donde familias, comunidades religiosas y grupos barriales enteros son blanco de las represalias.
El WGAD define este modelo como una “gobernanza autoritaria sustentado por crímenes de lesa humanidad” donde todos los actores -policía, fiscales, jueces y hasta abogados defensores designados por el Estado-operan de manera coordinada para garantizar que el castigo sea efectivo y disuasorio.
Los rostros tras los casos
La Opinión 46/2025 se centra en 16 personas detenidas en Santa Clara, muchos de ellos miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Entre los casos destaca el de Lisdani Rodríguez Isaac, de 27 años, practicante religiosa y activista comunitaria que fue detenida en julio de 2021 sin tutela judicial y sin acceso a una defensa independiente.
Hoy se encuentra en un régimen de libertad condicional que, en la práctica, funciona como una extensión de la cárcel pues no puede salir de su ciudad, tiene prohibido expresarse en público o comunicarse con organizaciones de derechos humanos, realiza trabajos forzosos bajo supervisión de la Seguridad del Estado y vive vigilada permanentemente.
documentan los casos de 49 personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021, o el 11J. Foto:AFP
Un caso similar es el de Donaida Pérez Paseiro, sacerdotisa yoruba y miembro de los Yorubas Libres de Cuba. Fue detenida tras las protestas del 11J y también pasó por una libertad condicional que de acuerdo con la denuncia funcionaba como una prolongación del castigo.
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El 11 de junio de 2025, el Tribunal Provincial de Villa Clara revocó esa medida y ordenó su reingreso en prisión, alegando supuestos incumplimientos laborales y de comparecencia, y fue enviada nuevamente a la prisión de Guamajal, donde permanece recluida.
Además, de estos casis, la Opinión 57/2025 documenta la detención de 33 manifestantes pacíficos, la mayoría juzgados por tribunales militares, en violación flagrante del derecho a un juicio justo. Muchos permanecieron incomunicados entre 7 y 40 días, y algunos fueron torturados. Entre ellos, Daisel González Álvarez permanece desaparecido, sin información verificable sobre su paradero, mientras otros enfrentan graves problemas de salud dentro de los penales.
Una maquinaria de represión
El WGAD y Prisoners Defenders identifican que, de las 93 víctimas documentadas, seis de los once crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma se han cometido en Cuba. Entre ellos destacan la desaparición forzada, la persecución, la tortura, el aislamiento prolongado y otras violaciones graves de derechos humanos.
En ese sentido, el informe no solo documenta los hechos, sino que exhorta al gobierno cubano a liberar y exonerar a los 49 individuos identificados en las Opiniones 46/2025 y 57/2025, y a indemnizarlos por los daños sufridos. También solicita investigaciones independientes para identificar a los responsables de estas violaciones. Sin embargo, la historia reciente de Cuba indica que estas recomendaciones, aunque formalmente reconocidas, rara vez se traducen en cambios concretos.
El informe detalla, además de la implicación directa de agentes estatales en la represión, el uso de testimonios falsos, obtenidos a cambio de liberaciones parciales, para incriminar a los acusados. Entre ellos aparece en el informe el caso de un doctor en medicina de nombre Abelardo Román Concepción que falsificó el examen médico de Walnier Luis Aguilar Rivera para pudiera entrar en prisión a pesar de estar diagnosticado como discapacitado y exento del servicio militar previamente a la detención.
Una mujer camina con un coche para niño por una calle de la Habana. Foto:EFE
Pero no solo la ONU lanza alertas por esta situación. El informe 2024 de Amnistía Internacional describe un escenario de represión sistemática en Cuba, donde la detención arbitraria sigue siendo una herramienta central del Estado para acallar la disidencia.
Activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y manifestantes continúan siendo criminalizados mediante juicios sin garantías, desapariciones forzadas y malos tratos que, según la organización, pueden constituir tortura. El caso del opositor José Daniel Ferrer -recluido durante meses en aislamiento, víctima de golpizas y sometido a restricciones severas- ejemplifica un patrón más amplio de violaciones de derechos civiles y políticos que persiste sin señales de reforma.
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En paralelo, la población cubana sufre un deterioro acelerado de sus derechos económicos y sociales. La inseguridad alimentaria afecta a millones y los servicios esenciales -incluida la salud pública- operan con recursos insuficientes, según la investigación de la organización internacional.
El recorte de las canastas básicas y las limitaciones legales a la economía privada profundizan la precariedad, impulsando una ola migratoria que ha reducido la población en un 18 por ciento en solo dos años. A esto se suma una discriminación persistente contra mujeres, personas afrodescendientes y población LGBTI. Aunque el gobierno creó un registro nacional para la violencia de género, organizaciones independientes citadas por Amnistía Internacional reportaron 55 femicidios en 2024, en un país que aún no tipifica este crimen de forma específica.
