El gobierno cubano aprobó un estatus migratorio específico para los cubanos residentes en el exterior que soliciten invertir en la isla, un mes después de abrir esta posibilidad a su diáspora, según informaron este viernes medios oficiales.
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En un contexto de fuertes tensiones con Estados Unidos, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, anunció este 16 de marzo que los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes, especialmente la comunidad en Estados Unidos, podrán invertir y gestionar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario.
El nuevo decreto, aprobado el jueves por el Consejo de Estado, establece las condiciones migratorias de “inversores y de negocios” para los “ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano”.
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes.
Foto:AFP
Estos anuncios se producen en momentos en que Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa una crisis energética que tiene paralizada casi por completo su economía, después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con represalias a los países que le vendan combustible.
La crisis empujó al gobierno cubano a ampliar la participación del sector privado.
De hecho, bajo la presión del bloqueo petrolero estadounidense, la isla puso fin a su monopolio sobre la importación de combustible, permitiendo a las empresas privadas realizar importaciones directas.
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A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa.
Estas empresas privadas habían sido nuevamente autorizadas en 2021, tras haber estado prohibidas durante cinco décadas, y desde entonces no han dejado de ganar terreno en el entramado económico.
Hasta hace poco, cerca del 80 % de la economía cubana se sustentaba en un sistema de producción planificado y centralizado bajo el control de empresas estatales.
