América Latina vivió el 16 de noviembre de 2025 dos procesos electorales distintos pero unidos por una señal común: la dificultad de los sistemas políticos para procesar demandas sociales crecientes en democracias fatigadas, golpeadas por la inseguridad, la polarización y el malestar ciudadano.
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Chile: voto obligatorio y giro radical a la derecha
Las elecciones chilenas reafirmaron su institucionalidad y su tradicional alternancia (efecto péndulo), pero también mostraron un reordenamiento profundo del mapa político.
Seis años después del estallido social y tras dos intentos fallidos de reforma constitucional, Chile enfrenta un dilema mayor: qué tipo de derecha —de ganar Kast el balotaje— conducirá la nueva etapa y qué relación tendrá con los contrapesos democráticos.
Segunda vuelta en Chile será entre Jara y Kast. Foto:EFE
La reintroducción del voto obligatorio fue decisiva: más de 13 millones de personas votaron (85 % del padrón), incorporando a casi cinco millones de electores con baja identificación partidaria pero alta preocupación por la inseguridad, la migración y el estancamiento económico. Ese electorado operó como amplificador del malestar acumulado durante el gobierno de Boric, hoy con solo 30–32% de aprobación.
Ocho candidatos compitieron por la presidencia, pero la disputa real se concentró en una izquierda debilitada, una centroderecha en retroceso y una derecha radical que conectó mejor con el clima emocional.
La oficialista Jeannette Jara (partido comunista) obtuvo con el 26,8 % un triunfo agridulce. El candidato líder del Partido Republicano, José Antonio Kast quedó a solo tres puntos (23.9 %), consolidando a la extrema derecha como opción real de poder. El libertario Johannes Kaiser rozó el 14 %. Evelyn Matthei, referente de la derecha tradicional, se desplomó al quinto lugar.
En la práctica, la derecha tuvo tres candidatos y la primera vuelta funcionó como primarias internas.
El fenómeno más inesperado fue el candidato populista Franco Parisi (19,7 %) del Partido de la Gente (PdG), expresión nítida de voto antiélite impulsado por el voto obligatorio.
El resultado parlamentario confirma que el país ingresa en una fase de mayor fragmentación. El empate entre bloques en el Senado, la mayoría simple de la derecha en la Cámara de Diputados —insuficiente para impulsar reformas estructurales— y un PdG con 14 diputados convertido en actor bisagra decisivo configuran un escenario político particularmente complejo.
Este cuadro anticipa un periodo marcado por negociaciones permanentes, límites institucionales más evidentes y un riesgo creciente de bloqueo legislativo. En este contexto, la gobernabilidad seguirá siendo un desafío central, por lo que resulta imprescindible que el país aborde con urgencia una reforma político-electoral capaz de responder de manera efectiva a esta nueva realidad.
Sin embargo, la clave de esta elección no está solo en la alternancia, sino en la sustitución de élites. Como bien señala José Joaquín Brunner, Chile vive una “rotación schumpeteriana”: las coaliciones que gobernaron durante tres décadas —Concertación/Nueva Mayoría y Chile Vamos— han perdido legitimidad, capacidad de articulación y representación, siendo reemplazadas por nuevas fuerzas con proyectos distintos y, en muchos casos, abiertamente iliberales.
Jeannette Jara y José Antonio Kast. Foto:EFE
En resumen, el balotaje del 14 de diciembre no solo definirá quién gobernará Chile, sino también qué tipo de liderazgo dará forma al nuevo ciclo político.
Kast llega claramente mejor posicionado, pero está lejos de tener el triunfo asegurado, mientras los votantes de Parisi siguen siendo impredecibles y una fracción relevante del electorado expresa temor ante un giro demasiado radical. Jara, por su parte, solo podrá aspirar a derrotarlo si logra atraer al electorado moderado y toma distancia tanto del Partido Comunista como de la pesada herencia del gobierno de Boric.
Si Kast triunfa, Chile habrá transitado en apenas cuatro años desde el gobierno más a la izquierda desde Allende —el de Boric— hacia el más derechista desde el retorno a la democracia en 1990.
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Ecuador: un referéndum fallido y el primer gran revés de Noboa
En Ecuador, el referéndum y la consulta popular convocados por Daniel Noboa —el séptimo proceso electoral en dos años— se convirtieron en un plebiscito sobre su gestión.
Las cuatro preguntas (bases militares extranjeras, financiamiento a partidos, reducción de asambleístas y convocatoria a Constituyente) fueron rechazadas con entre 53 % y 61% de los votos. El resultado fue un autogol político.
Ambas convocatorias, no respondían a una crisis institucional ni a una demanda social real. Fueron una iniciativa apresurada, lanzada en el peor momento: un país con 4.500 homicidios en seis meses, una tasa de 52 por cada 100.000 habitantes y una ciudadanía angustiada por el alto costo de vida. Según IPSE Global, el 86,3% identifica el costo de vida como preocupación central, junto con la inseguridad.
El contundente y masivo rechazo evidenció un voto de castigo hacia el presidente, quien, si bien aún mantiene niveles relevantes de apoyo, vio desaparecer la imagen de “invulnerabilidad” de los últimos dos años.
Esta derrota debilitó a Noboa y revitalizó a una oposición heterogénea, al tiempo que fortaleció a los poderes Legislativo y Judicial, que emergen ahora con mayor margen para actuar como contrapesos firmes al Ejecutivo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, votando en el referendo. Foto:AFP
El resultado adverso tiene, además, implicaciones internacionales: impone un límite al renovado interés de Estados Unidos por ampliar su influencia en materia de seguridad en la región. Frente a este escenario, el mandatario respondió con un amplio reajuste ministerial que incluyó la salida de seis ministros.
En síntesis, este revés no pone fin al proyecto político de Noboa, pero sí marca el inicio de una nueva etapa, en la cual la ciudadanía, aunque respalda medidas firmes contra el crimen, rechaza una “bukelización” del país y, sobre todo, no está dispuesta a otorgarle un cheque en blanco al presidente.
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El desafío para el mandatario es ahora doble: retomar las promesas que lo llevaron al poder —restaurar el orden sin violar los derechos humanos—, generar resultados concretos y reconstruir legitimidad en un país exhausto por la violencia y agobiado por un clima social altamente tenso.
Si logra corregir el rumbo, reconectar con la ciudadanía y reconstruir consensos que le garanticen gobernabilidad, esta derrota quedará como un tropiezo. Pero si persiste en el voluntarismo, la improvisación y los atajos institucionales, el 16 de noviembre podría quedar registrado como el inicio del desgaste irreversible de su presidencia.
Jornada de votación del referendo en Ecuador el 16 de noviembre de 2025. Foto:AFP
Dos alertas para las democracias latinoamericanas
Chile y Ecuador enseñan que ni el voluntarismo ni los atajos pueden reemplazar la eficacia gubernamental. En Chile, la irrupción de una derecha radical plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para contener impulsos iliberales y evitar bloqueos prolongados. En Ecuador, el fracaso del referéndum demuestra que gobernar de espaldas a las prioridades sociales tiene costos inmediatos.
La región necesita menos polarización y más diálogo y acuerdos; menos improvisación y más resultados. Los gobiernos que no respondan de manera oportuna, efectiva y legítima a las demandas ciudadanas terminarán pagando un precio alto. Chile y Ecuador lo muestran con claridad.
Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360
