Una investigación judicial en la Argentina puso al descubierto una red de corrupción salpicada por la alteración de trámites migratorios. El Departamento Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó las capturas de tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), acusados de alterar los registros oficiales para otorgarle la residencia legal en ese territorio a 101 médicos colombianos.
El expediente, que cursa en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora bajo la conducción del juez Federico Villena, tuvo su origen en junio pasado tras una denuncia formulada por el equipo jurídico del propio organismo estatal, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
LEA TAMBIÉN
La maniobra delictiva se estructuró a partir de una alteración sistemática de los plazos legales. Los profesionales colombianos ingresaban a la Argentina con sus pasaportes y, tras contratar una clase de servicio de gestoría ofrecido por la organización, iniciaban los trámites para radicarse. Posterior a la radicación inicial, los médicos retornaban a Colombia.
Fraude migratorio con médicos colombianos en Argentina
El fraude se ejecutaba en el momento en que los tiempos de ausencia del solicitante amenazaban con hacer vencer el procedimiento legal. En ese punto, a cambio de presuntos pagos de coimas, los funcionarios públicos manipulaban los sistemas informáticos. Mediante la utilización de cédulas de identidad de ciudadanos ajenos al delito, fraguaban el registro de datos biométricos para simular falsos ingresos al territorio nacional y aparentar que los profesionales no habían salido del país.
Además de los tres servidores de la entidad migratoria, la fuerza pública detuvo a cuatro personas más, entre las que se encuentran dos mujeres de nacionalidad paraguaya. Las autoridades desarrollaron diez operativos de allanamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Ballester y Moreno.
LEA TAMBIÉN
En las diligencias judiciales se incautaron los siguientes elementos:
• Más de 5.000 dólares en efectivo.
• Varios certificados de residencia.
• 14 teléfonos celulares.
• 6 computadores portátiles.
• 4 memorias USB.
• 3 vehículos.
• 2 discos duros.
Los imputados enfrentan cargos por infracción a los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y abuso de autoridad, en una causa que busca establecer el alcance total de las irregularidades dentro del sistema estatal de control fronterizo.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
