Movimientos sociales de Brasil, entre ellos estudiantes, convocaron para este viernes manifestaciones frente a dependencias diplomáticas de Estados Unidos en varias ciudades del país para protestar contra el arancel del 50 % impuesto por el presidente Donald Trump.
LEA TAMBIÉN
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Foto:AFP
En la ofensiva de Donald Trump contra Brasil, la mayor economía de América Latina, se cruzan la economía, la política y la justicia, pero todo converge en un punto: el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
El mandatario estadounidense firmó el miércoles la orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 50 % para los productos brasileños.
Sin embargo, hubo dos cambios sustanciales con respecto a lo previsto: postergó su entrada en vigor del 1 al 6 de agosto e incluyó una larga lista de excepciones con alrededor de 700 ítems que no pagarán el gravamen máximo.
Según estudios preliminares, los productos brasieños excluidos representan alrededor del 40 % del total exportado a EE. UU. en 2024.
El Gobierno de Brasil atribuyó la letra pequeña a las negociaciones de los últimos días.
“El empeño de Brasil será total para revertir la tarifa”, afirmó este jueves el vicepresidente y ministro de Comercio, Geraldo Alckmin, en un programa de televisión.
LEA TAMBIÉN
Aunque el principal motivo de Trump para castigar a Brasil parece ser el juicio contra Bolsonaro.
Protestas en Brasil contra Jair Bolsonaro y Donald Trump. Foto:AFP
“La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento con motivaciones políticas del Gobierno de Brasil contra Bolsonaro y miles de sus simpatizantes constituyen graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil”, señaló la Casa Blanca.
Sanciones de Estados Unidos a jueces brasileños
El proceso contra Bolsonaro tramita en la Corte Suprema y viene motivado por una denuncia de la Fiscalía, que halló indicios de que el líder de la derecha brasileña fue “el principal articulador” de un complot para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.
Por ello, Trump también ha puesto en su mira a los jueces del Supremo brasileño, en especial al instructor de los casos de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.
El 18 de julio, el Departamento de Estado anunció la revocación del visado de De Moraes, de sus familiares y de sus “aliados” en el Supremo.
Fuentes oficiales señalaron a medios locales que la medida se extendió a otros siete jueces del Supremo, así como al fiscal general, Paulo Gonet, autor de la denuncia por golpismo contra Bolsonaro.
El miércoles, EE. UU. estrechó el cerco sobre De Moraes al encuadrarlo en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
A efectos prácticos, a De Moraes se le congelan sus posibles bienes y propiedades en Estados Unidos.
Lula ha defendido la independencia del Poder Judicial y tachado de “inaceptables las injerencias” de Trump en la causa.
LEA TAMBIÉN
Investigación por prácticas ‘discriminatorias’
En otro frente, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el 15 de julio una investigación a Brasil por posibles prácticas “discriminatorias”.
La potencia norteamericana, tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea, indicó que indagará sobre los servicios de pago electrónico brasileños, así como posibles interferencias en medidas anticorrupción; la protección de la propiedad intelectual; el acceso al mercado de etanol; y la deforestación ilegal.
El juez ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto:EFE
“USTR ha documentado durante décadas las prácticas comerciales desleales de Brasil, que restringen la capacidad de los exportadores estadounidenses de acceder a su mercado”, lo que “merece una investigación exhaustiva y, potencialmente, acciones en respuesta”, afirmó el organismo.
Manifestaciones en Brasil
“El pueblo brasileño no aceptará injerencias extranjeras en nuestra democracia ni en nuestra economía. Estos aranceles son un ataque directo al país”, afirmó un portavoz de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)de Brasil, según un comunicado citado por la prensa local.
LEA TAMBIÉN
Las organizaciones convocantes denuncian que los aranceles representan un intento de interferir en el sistema judicial brasileño.
