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La operación contra el legislador disidente coincide con el conflicto originado por la retirada de los subsidios al diésel en Bolivia.
Nilton Condori ha preferido guardar silencio Foto: Foto Redes Sociales
Actualizado:
En un operativo desplegado El Alto, la Policía Boliviana hizo efectiva la aprehensión del senador opositor Nilton Condori, a quien la Fiscalía atribuye la presunta comisión de los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
El arresto del legislador, quien se encontraba suspendido de sus funciones parlamentarias desde el mes de agosto, fue confirmado formalmente por voceros del gobierno de Rodrigo Paz.
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La detención se produjo justo en el instante en que Condori se disponía a presenciar e instalar una cumbre política destinada a articular un bloque unitario de izquierda. A dicha convocatoria estaban citadas destacadas figuras del escenario nacional, entre ellas el expresidente Evo Morales y el actual vicepresidente Edmand Lara, este último distanciado del Ejecutivo tras declararse en postura de oposición constructiva.
El expediente penal que fundamenta la captura responde a una demanda promovida por sectores oficialistas, ligada al papel del legislador en la extensa ola de protestas que asfixió al país durante 53 días. La investigación abarca igualmente a Evo Morales y se centra en los encuentros realizados en el Trópico de Cochabamba, donde dirigencias sociales acordaron medidas de presión y la exigencia de restituir la subvención estatal al diésel.
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Las protestas sociales se desencadenaron como reacción directa a la promulgación del Decreto 5503, una medida económica mediante la cual el Gobierno nacional eliminó los subsidios a los carburantes vigentes durante casi dos décadas. El pronunciado incremento en el precio de los combustibles impulsó masivas paralizaciones y bloqueos de carreteras, llevando a la administración central a decretar el estado de excepción y a emprender acciones penales contra los principales articuladores de las movilizaciones.
Mientras el sector gubernamental justifica las acciones judiciales bajo el argumento de combatir la impunidad y preservar la estabilidad estatal, voceros de la Vicepresidencia y la defensa sostienen que el proceso representa una represalia política contra el disenso. La judicialización del conflicto, sumada a las órdenes de captura pendientes sobre dirigentes históricos en un entorno marcado por la crisis energética, intensifica la polarización en la escena política boliviana.
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