La ley petrolera que entra en vigor este lunes en Cuba regula la cadena de hidrocarburos y amplía la inversión a nacionales y extranjeros; pero los privados en la isla aún son “pequeños” para los capitales necesarios en el sector y existe “un control rígido” estatal sobre estos recursos, consideraron expertos a EFE.
La normativa regula de manera integral desde la exploración en zonas terrestres y aguas profundas hasta la refinación, transporte y comercialización, siempre bajo el precepto de que “los yacimientos” en territorio nacional “son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”.
De acuerdo con el director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, el objetivo es “crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural” así como “elevar las reservas” para tratar de cubrir “la demanda nacional de combustibles y sus derivados” en medio de la profunda crisis energética que vive la isla.
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Para el economista Omar Everleny, aunque la ley “trata de organizar y normalizar todo lo que tiene que ver con petróleo y gas de exploración”, el Estado cubano sigue teniendo “un control muy rígido” y una hipercentralización” sobre estos recursos.
“Es decir, todos los permisos de cualquier cosa que se quiera hacer, tienen que ser al más alto nivel de Gobierno (…) que sigue con una retórica de mucho control”, aseveró a EFE.
Inversiones reales La ley abre un marco estructurado de intervención para que “personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras puedan participar en las actividades petroleras”, mediante modalidades como “contrato de producción compartida; concesión petrolera y contrato de servicios petroleros”.
Valla publicitaria de Fidel Castro en Cuba. Foto:AFP
De acuerdo con Abigantus, la apertura “abarca una cadena de valor que comienza con la exploración y extracción de hidrocarburos”, pero busca que “el desarrollo del sector no dependa únicamente de la incorporación de capital para las operaciones extractivas” y se “pueda movilizar capacidades nacionales en los distintos servicios y actividades que requiere la industria”.
Everleny señala en este aspecto, que “aunque cuando se trata de hablar de los concursantes, se dicen que puede haber empresas naturales y jurídicas; en la práctica ese es un negocio de grandes empresas“.
Similar criterio sostiene el economista cubano, Daniel Torralbas, quien puntualiza que “la autorización normativa no va a resolver el cuello de botellas financieros, porque este es un tipo de actividad que es intensiva en capital”.
Detalla que “el sector privado cubano por definición es pequeño” para una industria en la cual “hace falta invertir mucho dinero, una cantidad considerable en tecnología, en maquinaria y en formación”.
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Para Torralbas, “esta es una actividad para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala y la economía cubana no van a poder cubrir la necesidad de financiamiento que eso necesita”. “Donde sí puede ampliarse la participación del sector privado en la cadena de valor del petróleo es en lo que ya ha empezado a invertir: la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles”, remarcó.
Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, solo desde ese país las exportaciones de combustibles a Cuba alcanzaron los 231,7 millones de dólares en lo que va de 2026, movido principalmente por empresas privadas de la isla que llevan diésel y gasolina para cubrir sus necesidades relacionadas especialmente con el transporte o los propios negocios.
Con la nueva actualización de la ley petrolera, el Gobierno cubano trata de mitigar la dependencia de importaciones de combustible, en medio de la crisis energética que vive la isla con apagones de más de 20 horas diarias, y agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo a la isla. Washington impuso, además, sanciones en mayo a quienes mantengan negocios con la isla que han ahuyentado a los inversionistas extranjeros como la minera canadiense Sherritt International que, tras 30 años en la isla, suspendió su participación directa en sus empresas mixtas en Cuba
