Para Daniel Ortega, las elecciones democráticas están sobrevaloradas. El autoproclamado copresidente de Nicaragua anunció recientemente al mundo que en su país no se celebrarán nunca más elecciones, para evitar que se conviertan en un caballo de Troya del imperialismo. Hay quien descarta los comentarios de Ortega como las diatribas de un autócrata iluso, pero, de hecho, forman parte de un ataque global contra la legitimidad de las elecciones como componente fundamental de la democracia.
Una quinta parte de la humanidad acudió a votar en el ciclo electoral mundial sin precedentes del año 2024, pero sobre este gran triunfo de las urnas aparecen cada vez más nubarrones. International Idea lleva décadas realizando un seguimiento de la credibilidad electoral, y la puntuación global actual, que mide en qué medida las elecciones están libres de irregularidades, es la más baja en 30 años.
Esta tendencia no ha dejado de lado a América Latina y se produce tras los inmensos avances logrados a lo largo de la última generación. Casi todos los actores políticos latinoamericanos han aceptado que las elecciones son la única vía legítima para acceder al poder. Se trata de una transformación social, política y cultural trascendental para una región en la que, hasta hace poco, el poder solía conquistarse desde los cuarteles o las montañas.
Los beneficios son inestimables. Las elecciones han otorgado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes, lo que ha dado lugar a cambios reales en el bienestar de la población. Durante las últimas tres décadas, y a pesar del impacto de la pandemia, la región ha logrado avances notables y sostenidos en materia de desarrollo humano. Según la Cepal, desde 1990, la pobreza en América Latina se ha reducido a la mitad, la pobreza extrema en casi un 40 por ciento y la desigualdad de ingresos se ha disminuido prácticamente en todas partes.
América Latina es la región más democrática del mundo en desarrollo: más de 4 de cada 5 personas viven en democracia: ‘Informe sobre democracia y desarrollo 2026’ de la ONU.
Estos avances se sustentan en períodos de buen crecimiento económico, pero también en decisiones de política pública —como un mayor gasto social— que se vieron claramente influidas por el voto. En el 2000, el gasto social en América Latina equivalía, de media, al 8,4 por ciento del PIB; en 2024, era del 11,6 por ciento, incluso tras una fuerte caída durante la pandemia.
En América Latina, la consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social están directamente relacionadas. La democracia electoral, con todas sus deficiencias, está cumpliendo su función. Está redistribuyendo el poder, aunque sea lento. Quienes antes se veían excluidos de la toma de decisiones han podido participar en la política y, en consecuencia, las disparidades socioeconómicas se han reducido. Sin embargo, las señales de alerta que se nos presentan hoy día indican que este progreso podría estar en peligro.
Cimientos del progreso
El mayor logro de la democratización de la región ha sido la creación de instituciones y procedimientos electorales sólidos. A pesar de la experiencia de Venezuela en 2024, el fraude flagrante ha pasado, en gran medida, a ser cosa del pasado en Latinoamérica. El más reciente reporte de International Idea sobre la credibilidad electoral revela que América Latina se sitúa por detrás de América del Norte y Europa, y supera claramente la media mundial. Seis países de la región figuran entre los 50 primeros del mundo en este informe.
En términos generales, América Latina lleva a cabo bien las elecciones; su éxito a la hora de gestionar un ciclo electoral importante durante el covid-19 fue revelador. Una razón clave es que la región ha desarrollado algunas de las autoridades electorales más potentes, innovadoras y sofisticadas del mundo.
En términos generales, América Latina lleva a cabo bien las elecciones; su éxito a la hora de gestionar un ciclo electoral importante durante el covid-19 fue revelador. Una razón clave es que la región ha desarrollado algunas de las autoridades electorales más potentes, innovadoras y sofisticadas del mundo. Se ha convertido en líder mundial en el voto por internet, con cuatro países —México, El Salvador, Panamá y Ecuador— que han llevado a cabo recientemente proyectos piloto centrados especialmente en los votantes que se encuentran fuera del país.
Sus organismos de gestión electoral también están a la vanguardia de los esfuerzos para hacer frente a fenómenos climáticos disruptivos y pueden presumir de un éxito real en la puesta en marcha de respuestas multisectoriales coordinadas contra la desinformación electoral, como se ha visto, especialmente, en Brasil.
SEÑALES DE ALERTA
Sin embargo, este progreso es más precario de lo que parece. Los estudios de International Idea muestran que la credibilidad de las elecciones en la región ha disminuido gradualmente durante los últimos 20 años, al igual que la confianza en las autoridades electorales. Según el Latinobarómetro, el 34 por ciento de la población confiaba en las autoridades electorales en 2024, una cifra superior al 26 % de 2017, pero que supone un descenso significativo respecto al 44 % de 2015 y al 47 % de 2006.
Además, América Latina no se ha mostrado coherente a la hora de defender los resultados electorales, ya que, con demasiada frecuencia, la conveniencia ideológica ha nublado su juicio. Es cierto que la región se unió para exigir el respeto a la voluntad popular en Guatemala, cuando fuerzas políticas corruptas estuvieron a punto de impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en 2024. Pero apenas unos meses después, no logró hablar con una sola voz sobre las desastrosas elecciones en Venezuela, robadas por el entonces presidente Nicolás Maduro. Ante una evidente transgresión democrática, los presidentes de Brasil, Colombia y México —las mayores democracias de América Latina— se mostraron evasivos.
Los políticos arremeten contra las autoridades electorales autónomas, como los expresidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Jair Bolsonaro (Brasil), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Gustavo Petro (Colombia), son ejemplos de una inquietante tendencia regional.
Si esto fue un síntoma de la incapacidad de la región para aprender de su propio pasado, también lo es la creciente frecuencia con la que los políticos arremeten contra las autoridades electorales autónomas. Los ataques públicos —que a menudo derivan en la peor forma de negacionismo electoral— por parte de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Jair Bolsonaro (Brasil), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Gustavo Petro (Colombia) contra las competentes autoridades electorales de sus países son ejemplos de una inquietante tendencia regional. Cada vez es más habitual intentar deslegitimar el núcleo irreducible de la democracia.
DIVIDENDOS EN PELIGRO
“Si votar cambiara algo, lo habrían abolido”, bromeó el exalcalde de Londres Ken Livingstone (2000-2008). Pero en América Latina, el voto ha cambiado las cosas mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Por eso, las elecciones democráticas inquietan a tantos autócratas y aspirantes a autócratas de todo el mundo. Son el control definitivo del poder y un motor del progreso político y social. Mantenerlas libres y transparentes en América Latina exige un compromiso inquebrantable por parte de todos los actores políticos para defender la integridad electoral.
Esto significa, entre otras cosas, proteger la autonomía de los organismos electorales de la región; garantizar que quienes socavan la credibilidad de las elecciones paguen un precio político y legal por ello; poner en marcha respuestas coordinadas que involucren a toda la sociedad contra la desinformación electoral, y dar prioridad a la regulación efectiva de la financiación de las campañas, una necesidad de máxima importancia en una región donde el crimen organizado se cierne sobre la democracia como en ninguna otra.
Al igual que en el resto del mundo, las grietas en el progreso electoral de América Latina son visibles y cada vez mayores. Pero este progreso es el logro político más notable de la región en las últimas décadas y su mejor mecanismo para crear sociedades más justas. Es algo valioso y necesita una protección proactiva.
(*) Secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International Idea) y exvicepresidente de Costa Rica.
