Con casi total seguridad, a nivel mundial, Latinoamérica paga el precio más alto por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la delincuencia le cuesta a la región un promedio del 3,44 por ciento del PIB anual, lo que equivale al 78 por ciento de todo el gasto en educación pública. Sin embargo, existen diferencias significativas en Latinoamérica y el Caribe. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.
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Para empezar, es fundamental hacer una aclaración. Este análisis solo abarca los costos económicos: la pérdida de inversión, productividad y crecimiento. No pretende calcular el costo de las pérdidas humanas, de las comunidades desplazadas y de las familias destrozadas, no porque no sean importantes, sino porque cualquier intento de cuantificar estas pérdidas sería insuficiente y trivializador. Las cifras que se presentan a continuación reflejan solo una fracción del daño real.
El caso colombiano
Durante más de 40 años, Colombia se ha visto lastrada por redes criminales construidas alrededor de un único producto ilícito: la cocaína. La ‘industria’ de la cocaína en el país constituye un sector casi exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de este estupefaciente generó aproximadamente 16.500 millones de dólares para las organizaciones criminales, lo que representa alrededor del 4,4 por ciento del PIB, una cifra superior a los ingresos nacionales por exportaciones de petróleo.
Argelia, Cauca, es uno de los enclaves que concentran la mayoría de los cultivos de coca de Colombia Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Si se suman los costos generales del crimen y la violencia –estimados por el BID y Fedesarrollo en un 3,6 por ciento del PIB en 2022–, el freno al crecimiento se agrava. Colombia ha sufrido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares, organizaciones guerrilleras y carteles del crimen organizado, en los que la industria del narcotráfico desempeña un papel fundamental.
El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016. Un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) estimó que la eliminación del conflicto armado pudo haber añadido hasta 4,4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual promedio entre 1988 y 2009.
Pero el acuerdo de 2016 con las Farc no trajo consigo este dividendo de paz. La economía criminal que los textos de La Habana pretendían desmantelar ha seguido prosperando, y el cultivo de coca alcanzó la cifra récord de 261.000 hectáreas en 2024. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, le siguen de cerca los homicidios, los desplazamientos forzados y los ataques de grupos armados.
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El daño se agrava a nivel empresarial: una investigación sobre empresas colombianas reveló que los secuestros dirigidos contra negocios concretos provocan que los directivos de estos reduzcan la inversión durante años, ya que el miedo se convierte en un obstáculo para la actividad empresarial. Mientras tanto, los grupos del crimen organizado en Colombia se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal, que son los principales obstáculos para el crecimiento en México y Brasil, respectivamente.
La situación en México y Brasil
Un policía camina entre los restos de un atentado a la comisaría de Ojocaliente, Zacatecas, México. Foto:AFP
En México, las organizaciones criminales cobran a las pequeñas y medianas empresas un impuesto ilegal –al que llaman ‘derecho de piso’– simplemente por operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a estos aranceles, los precios se inflan gradualmente: los limones que salen de las fincas a 13 pesos mexicanos (0,76 dólares) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos al llegar a los consumidores. En Colombia, los ingresos de la cocaína aportan divisas a la economía, pero la extorsión en México representa una pérdida directa.
Según las estimaciones del economista Luis de la Calle, la extorsión le cuesta al país alrededor del 2 por ciento del PIB anual. De igual manera, el economista jefe de la Ocde para México, Alberto González Pandiella, estima que la delincuencia resta entre uno y dos puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB mexicano. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido persistentemente débil, a pesar de unos fundamentos macroeconómicos generalmente sólidos.
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Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas de aranceles, sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.
En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un sofisticado actor financiero, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado considerablemente, más allá del narcotráfico, incursionando en la distribución de combustible, la minería, el sector inmobiliario y los fondos de inversión. La Operación Carbono Oculto, puesta en marcha a finales de agosto de 2025, destapó un esquema que involucraba el uso de más de 1.000 gasolineras y empresas fantasma para blanquear ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.
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Cabe destacar que los homicidios en Brasil disminuyeron aproximadamente un 20 por ciento entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando, lo que evidencia la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé estimó el valor total del crimen organizado en un 10,24 por ciento del PIB, aproximadamente 1,3 billones de reales (250 mil millones de dólares). Si Brasil lograra reducir su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0,5 puntos porcentuales más rápido de forma anual.
Efectos devastadores en las tres economías
La prevalencia del crimen organizado se está convirtiendo en un importante problema político en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente del país con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandado para hacerlo.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva pasó su última presidencia evitando en gran medida el tema de la seguridad, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo una operación a gran escala contra el CV y pese al hecho de que Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en las elecciones, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato que promete darle prioridad al orden público. Si bien Lula firmó un paquete de medidas contra el crimen organizado por valor de 11.000 millones de reales, este es un terreno en el que preferiría no estar luchando.
Lula y Bolsonaro se enfrentan en las elecciones presidenciales en Brasil. Foto:EFE
La situación es crítica para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La creciente evidencia de que el crimen organizado no solo se ha infiltrado en su coalición gobernante, sino que la ha financiado, ha dañado su reputación de cara a las elecciones intermedias de 2027. Esto también ha intensificado el escrutinio de Estados Unidos, que en abril acusó a diez funcionarios mexicanos de cargos relacionados con narcotráfico.
Recientemente, el gobierno respondió con una reforma constitucional que le permite anular elecciones por ‘interferencia extranjera’, lo que ha alimentado aún más las críticas. Hace poco, a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, le cancelaron la visa estadounidense, lo que indica un aumento significativo de la presión de ese país sobre el círculo íntimo del gobierno.
Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias devastadas, los costos económicos del crimen organizado presentan un panorama desolador, ya que reducen el crecimiento anual del PIB entre 0,5 y 2 puntos porcentuales en los países más afectados.
A lo largo de dos décadas, este impacto ha dejado a estas economías entre un 15 por ciento y un 30 por ciento más pequeñas de lo que podrían haber sido de no enfrentar este problema. Esto también representa un alto costo humano.
(*) Exministro de Hacienda de México y exgobernador del Banco de México. Es tesorero del G-30.

