Estados Unidos anunció la designación pública de siete exfuncionarios ecuatorianos por su participación en actos de corrupción que, según el Departamento de Estado, estuvieron relacionados con organizaciones terroristas extranjeras y grupos narcotraficantes. La medida implica, en general, que los señalados y sus familiares directos no podrán ingresar al territorio estadounidense.
El anuncio fue divulgado el 9 de septiembre de 2026 por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el comunicado, las designaciones buscan exponer casos de corrupción en altos niveles del sistema judicial ecuatoriano y responder a hechos que, de acuerdo con Washington, tuvieron efectos sobre la seguridad estadounidense.
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“Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio, y nadie está exento. El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos, incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario, por corrupción vinculada a organizaciones terroristas extranjeras como el CJNG, los Choneros, los Lobos y el cartel de Sinaloa“, dijo el gobierno a través de la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Entre los señalados están:
- Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador.
- Wilman Terán Carillo, exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia
- Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exmagistrado penal del Consejo Judicial.
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El Departamento de Estado sostiene que los tres aceptaron sobornos de bandas relacionadas con organizaciones narcoterroristas y que, a cambio, interfirieron en procesos judiciales, electorales y públicos.
La administración estadounidense afirmó que esas actuaciones favorecieron a bandas ecuatorianas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos. Washington sostiene que los pagos recibidos permitieron a estas organizaciones obtener beneficios mediante la interferencia en procedimientos oficiales.
También fueron designados:
- Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exintegrante de la Asamblea Nacional ecuatoriana.
- María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta del Tribunal Provincial de Guayas.
- Johann Marfetán Medina, exjuez penal de ese tribunal.
- Mayra Carolina Salazar Merchán, exencargada de relaciones públicas de la misma institución.
De acuerdo con el Departamento de Estado, estos cuatro exfuncionarios aceptaron sobornos para interferir en procesos judiciales con el propósito de beneficiar a organizaciones narcoterroristas, entre ellas Los Choneros y el Cártel de Sinaloa, además de personas vinculadas con actividades criminales.
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Medida también alcanza a familiares directos
La decisión estadounidense establece que, en general, las siete personas designadas y sus familiares directos quedan impedidos de ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado señaló que continuará empleando las herramientas disponibles para impedir el ingreso al país de personas vinculadas con actividades narcoterroristas, colaboradores corruptos y sus familiares directos.
En el comunicado, Washington advirtió además que buscará identificar y exponer a funcionarios extranjeros que utilicen de manera corrupta sus cargos públicos para obtener beneficios económicos personales. El Departamento de Estado vinculó las conductas atribuidas a los exfuncionarios ecuatorianos con el avance del narcotráfico y con consecuencias para comunidades estadounidenses.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
