El Salvador continuará bajo un polémico régimen de excepción luego de que este miércoles se aprobó una nueva prórroga de 30 días de su implementación, al mismo tiempo que una ONG denunció que la cifra de personas fallecidas en las cárceles del país, tras su detención en el marco de la llamada estrategia de seguridad, se elevó al menos a 564.
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La prórroga del régimen de excepción fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
Este régimen, vigente desde marzo de 2022 y cuestionado por activistas y ONG de derechos humanos, restringe las garantías constitucionales de toda la población, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, y deja más de 92.950 personas detenidas, a quienes la Administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
Una de las megacárceles de El Salvador. Foto: EFE/Gobierno de El Salvador
“Es indispensable prorrogar el régimen de excepción para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida que ha posibilitado garantizar los extraordinarios resultados en materia de seguridad pública, otorgando a los salvadoreños condiciones de orden, paz y tranquilidad”, argumentó el Gobierno en el decreto legislativo que fue votado.
La medida, que diversos analistas dicen que también se utiliza para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, continuará vigente hasta el 27 de septiembre del año en curso.
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Muertes en cárceles suben a 564
La renovación número 54 del régimen de excepción para combatir a las pandillas se aprobó al tiempo que la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reveló que el número de muertes de detenidos bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado aumentó a 564.
Desde su última actualización, el pasado 3 de agosto, la organización registra 10 casos más de fallecidos, según la información compartida este miércoles en X.
Socorro Jurídico señaló que se trata de “personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”, y reiteró que “el 94 por ciento de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio”.
Soldados realizan patrullaje en el centro de San Salvador (El Salvador). Foto: EFE
El Gobierno del presidente Bukele continúa sin pronunciarse sobre estas muertes.
El régimen de excepción se convirtió en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional en su momento, y mantiene alta su aprobación entre los salvadoreños.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), alertan de que, bajo esta disposición, el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
