La escena se repite cada miércoles en los alrededores del Congreso argentino. Grupos de jubilados protestan contra la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones mientras policías, cámaras y drones siguen sus movimientos desde las calles y el aire.
“Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo (…). Cuando caminas (…), de repente, ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”, relató Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes, en una de las entrevistas recogidas por Amnistía Internacional.
Esa presencia visible es apenas una parte de una infraestructura más amplia. Durante los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei, Argentina incorporó herramientas para analizar redes sociales, comparar rostros, rastrear personas desde el aire y procesar grandes cantidades de información pública y personal.
Javier Milei, presidente de Argentina. Foto:EFE / AFP
El informe Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina, de Amnistía Internacional, concluye que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el Ejecutivo amplió sus capacidades de recopilación, integración y análisis de datos mediante reformas institucionales, decretos, protocolos y adquisiciones tecnológicas.
El Ministerio de Seguridad destinó al menos 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025 a herramientas de vigilancia.
Las compras examinadas incluyen una plataforma para investigar fuentes abiertas, una licencia de reconocimiento facial, 69 drones y estaciones terrestres para operarlos.
Amnistía sostiene que esta expansión, combinada con controles insuficientes, ha generado un efecto disuasorio entre periodistas, activistas, migrantes, jóvenes y manifestantes.
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“Estas tecnologías se han convertido en parte integral de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, afirmó Matt Mahmoudi, investigador y experto en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Sin embargo, el Gobierno argentino ha presentado estas herramientas como recursos para prevenir delitos, apoyar investigaciones judiciales y fortalecer la seguridad pública.
Maltego: una plataforma para rastrear redes y conexiones.
Una de las adquisiciones más relevantes fue una licencia de Maltego, plataforma utilizada para investigaciones con fuentes abiertas u OSINT, por 239.013 dólares.
De acuerdo con las especificaciones revisadas por Amnistía, esta tecnología puede recopilar, cruzar y visualizar información procedente de redes sociales, sitios web, foros, bases de datos públicas, web oscura, registros de infraestructura digital, criptomonedas y filtraciones de seguridad.
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe sobre Argentina, Foto:Amnesty International | Celina Hilbert
Su capacidad no se limita a localizar una publicación específica. La herramienta permite reunir datos dispersos, establecer relaciones entre personas, reconstruir actividades e identificar patrones.
El empleo de estas plataformas plantea una discusión sobre el alcance del llamado ciberpatrullaje: aunque los datos consultados se encuentren en espacios abiertos de internet, su recopilación automatizada y masiva puede permitir la construcción de perfiles sobre opiniones, relaciones, actividades y comportamientos.
“Los datos personales acopiados por el Gobierno no son borrables y ni siquiera están registrados. Son copiados y filtrados con la advertencia de que la mejor manera de usar datos ilegales es la filtración de datos del Estado que por carriles legales no podrían tener lugar. El mejor ejemplo de estos estados de control son las redadas de ICE en Estados Unidos”, comentó a este diario Julio López, especialista en ciberseguridad en Argentina.
En mayo de 2024, el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo para la prevención policial del delito mediante fuentes digitales abiertas.
Posteriormente, una reforma de la Policía Federal formalizó entre sus funciones el monitoreo preventivo de redes sociales, sitios web y otros espacios públicos digitales sin necesidad de autorización judicial previa.
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Clearview AI: así lo identifican frente a millones de rostros
Otra pieza de la infraestructura es Clearview AI, un programa que permite ingresar la fotografía de una persona y compararla con imágenes disponibles en internet.
En octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad adquirió directamente una licencia por 33.500 dólares. Según la descripción de la propia empresa recogida en el informe de AI, su base contiene más de 70.000 millones de imágenes faciales obtenidas de redes sociales públicas, medios de comunicación y otros sitios web.
Las autoridades de protección de datos de Francia, Italia, Grecia y Países Bajos han sancionado a la compañía por el tratamiento de imágenes y datos biométricos sin una base jurídica considerada suficiente.
Sin embargo, la adquisición del programa no prueba que el Gobierno argentino lo utilice para identificar indiscriminadamente a los participantes de manifestaciones.
En respuesta a una solicitud de información citada por Amnistía, el Ministerio de Seguridad aseguró que la Policía Federal emplea reconocimiento facial de manera retrospectiva o ex post, dentro de investigaciones judiciales activas.
Protestas en Argentina. Foto:Redes sociales
Según esa versión, no se trata de un sistema conectado permanentemente a las cámaras de la vía pública y una posible coincidencia facial funciona como apoyo para un perito, no como fundamento automático para detener a una persona.
La cartera no precisó si ese procedimiento se realiza específicamente con Clearview AI. Amnistía tampoco encontró evidencia suficiente para determinar en qué investigaciones ni bajo qué condiciones se ha utilizado la licencia.
“La tecnología no tiene la culpa, no es peligrosa en sí misma. Los países deberían manejar la tecnología que su nivel de madurez democrática tenga. Cuanto más inmadura o pobre es la calidad democrática, más se usarán estas herramientas en contra del propio individuo”, advierte el especialista López.
Drones que siguen personas y transmiten imágenes en Argentina
El gobierno argentino también adquirió 69 drones en 2024 y once estaciones terrestres de operación en 2025. En conjunto, estas compras representaron cerca de un millón de dólares.
Los equipos cuentan con cámaras térmicas, transmisión de imágenes y funciones automatizadas para seguir personas o vehículos. Aunque los drones no necesariamente tienen incorporado un programa de reconocimiento facial, sus grabaciones pueden enviarse a otras dependencias para su procesamiento.
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En septiembre de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que los aparatos no tenían reconocimiento facial y que estaban destinados a investigaciones criminales, no a manifestaciones.
El informe, no obstante, presenta registros que contradicen parcialmente esa diferenciación.
Amnistía Internacional identificó uno de los drones adquiridos por el Gobierno durante una protesta frente al Congreso el 19 de marzo de 2025.
Además, en un video publicado por la Policía Federal en febrero de 2026, agentes explicaron que los aparatos transmiten imágenes mediante conexiones 4G o satelitales y que los registros pueden procesarse posteriormente para identificar personas mediante reconocimiento facial.
El interrogante no es solo qué captan los drones, sino durante cuánto tiempo se conservan las imágenes, quién puede consultarlas, con qué bases se comparan y qué mecanismos existen para auditar su uso.
Amnistía afirma que el Gobierno no entregó información sustantiva sobre varios de esos puntos, amparándose en excepciones relacionadas con la seguridad nacional.
Protestas en Argentina contra la reforma laboral de Javier Milei Foto:Valeria Rotman / GDA LA NACIÓN (Argentina)
Buenos Aires, una ciudad cubierta por cámaras
La infraestructura nacional se combina con el sistema de videovigilancia de Buenos Aires. En julio de 2025, el Gobierno de la ciudad afirmó que sus cámaras cubrían el 82 por ciento del territorio urbano. Ese año amplió el sistema con 850 puntos de captura, equivalentes a 3.400 cámaras.
En seis contrataciones analizadas por Amnistía, la ciudad comprometió cerca de 48 millones de dólares para adquirir cámaras, conectividad, almacenamiento, análisis de imágenes, software y mantenimiento.
Esta cifra no es directamente comparable con los 1,2 millones del Gobierno nacional, pues comprende infraestructura urbana más amplia y contratos de servicios a varios años.
Un ejercicio colaborativo realizado por Amnistía y organizaciones argentinas mapeó cámaras dentro de un radio de ocho cuadras alrededor del Congreso.
El resultado mostró una concentración elevada en la plaza donde se reúnen habitualmente los manifestantes y en las rutas utilizadas para abandonar el sector.
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Alertas de organizaciones de derechos humanos por vigilancia biométrica
El antecedente preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Entre 2019 y 2020, Buenos Aires empleó un sistema de reconocimiento facial para localizar prófugos, pero la justicia lo suspendió después de detectar consultas que excedían la base autorizada.
Según el expediente citado en el reporte, fueron realizadas cerca de diez millones de consultas biométricas al Registro Nacional de las Personas, aunque la base de individuos con órdenes de captura no superaba los 40.000 registros.
Además, 15.459 personas habrían sido incorporadas al motor de búsqueda sin figurar en esa base y, por tanto, sin una orden que habilitara su identificación.
“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas renden cuentas de sus actos”, señaló Mahmoudi.
Un partidario del presidente de Argentina muestra un cartel con un billete de cien dólares. Foto:AFP
Argentina registró más de 300 protestas en 2025
La expansión de las tecnologías ocurrió en un año de elevada conflictividad social. El Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural de Flacso Argentina identificó 304 hechos de protesta entre el 11 de diciembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2025.
El dato debe leerse con una salvedad: no representa el universo completo de manifestaciones ocurridas en Argentina. El estudio contabilizó eventos reportados en las versiones digitales de Clarín y Página/12, una metodología que concede mayor visibilidad a Buenos Aires y puede dejar por fuera protestas provinciales o locales con menor cobertura periodística.
Otra medición, realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, monitoreó 79 movilizaciones durante 2025 y registró episodios represivos en 34, equivalentes al 43 por ciento. En 2024 había documentado intervenciones represivas en 17 de 60 protestas observadas.
Las reuniones de jubilados frente al Congreso estuvieron entre las movilizaciones más frecuentes. La línea de tiempo elaborada por Amnistía Internacional registra protestas semanales en las que se aplicó el Protocolo Antipiquetes y documenta personas heridas, detenidas o afectadas por gases irritantes.
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El temor de participar en protestas o publicar contra el gobierno Milei
La investigación de Amnistía incluyó entrevistas a 21 periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos residentes en Buenos Aires. Si bien no es una encuesta representativa de la población argentina, permite identificar cómo la percepción de vigilancia modifica comportamientos.
Algunas personas dijeron haber reducido su presencia en protestas; otras comenzaron a movilizarse en grupos, abandonaron determinados canales de comunicación, cerraron sus perfiles digitales o moderaron las palabras que empleaban en redes sociales.
Para el periodismo, uno de los riesgos es la protección de las fuentes. El cruce de cámaras, datos biométricos, desplazamientos y relaciones digitales podría permitir reconstruir con quién se reunió un reportero, incluso sin intervenir directamente sus comunicaciones.
Casa Rosada, palacio de gobierno de Argentina. Foto:AFP
Amnistía denomina estas modificaciones “efecto inhibidor”: cuando la posibilidad real o percibida de estar bajo vigilancia lleva a una persona a restringir su libertad de expresión, reunión o asociación.
En sus recomendaciones, la organización pide suspender las herramientas desplegadas sin una base jurídica específica, evaluaciones de impacto o controles externos y reclama la prohibición del reconocimiento biométrico remoto para vigilancia masiva o discriminatoria.
