El Gobierno de Javier Milei amplió durante sus primeros dos años las capacidades del Estado argentino para vigilar redes sociales, identificar rostros y seguir personas o vehículos desde el aire, según un informe divulgado por Amnistía Internacional.
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La organización documentó que el Ministerio de Seguridad destinó al menos 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025 a la adquisición de tecnologías de vigilancia. Entre ellas figuran herramientas para el análisis de información disponible en internet, un programa de reconocimiento facial, drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres para operarlos.
El informe, titulado Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina, también analiza decretos y resoluciones adoptados desde que Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.
Un hombre se somete a un escaneo a cambio de la criptomoneda Worldcoin en Buenos Aires. Foto: AFP
De acuerdo con Amnistía, estas reformas ampliaron las posibilidades de recopilar información, establecer perfiles y monitorear espacios físicos y digitales, sin que se fortalecieran de manera equivalente los mecanismos de control y rendición de cuentas.
“Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, afirmó Matt Mahmoudi, investigador y experto en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
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El reporte se elaboró a partir del análisis de documentos públicos de contratación, normas gubernamentales y solicitudes de acceso a la información. También recoge 21 entrevistas a periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos residentes en Buenos Aires, la principal ciudad donde se protesta en el país.
El gobierno Milei compró herramientas para analizar redes y reconocer rostros
Una de las adquisiciones identificadas fue una licencia de Maltego, plataforma utilizada para investigaciones de fuentes abiertas, conocida como OSINT, por 239.013 dólares.
Según las especificaciones técnicas revisadas por Amnistía, la herramienta permite recopilar, cruzar y visualizar grandes volúmenes de información procedente de redes sociales, sitios web, foros, bases públicas, web oscura, registros de infraestructura digital y filtraciones de seguridad.
Casa Rosada, palacio de gobierno de Argentina. Foto: AFP
El informe advierte que el análisis automatizado de esos datos puede utilizarse para reconstruir actividades, mapear relaciones entre personas e identificar patrones de comportamiento, incluso cuando la información provenga de espacios abiertos de internet.
El Ministerio de Seguridad argentino aprobó en mayo de 2024 un protocolo para la prevención policial del delito mediante el uso de fuentes digitales abiertas. Una reforma posterior de la Policía Federal formalizó el monitoreo preventivo de redes sociales, sitios web y otras fuentes públicas digitales sin necesidad de autorización judicial previa.
Otra compra fue una licencia de Clearview AI, programa de reconocimiento facial adquirido por 33.500 dólares en octubre de 2025.
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Clearview permite comparar una fotografía con imágenes recopiladas de redes sociales públicas, medios de comunicación y otros sitios web. Según la descripción de la propia compañía citada por Amnistía, su base contiene más de 70.000 millones de imágenes faciales.
La empresa ha recibido sanciones de autoridades de protección de datos de países como Francia, Italia, Grecia y Países Bajos por el tratamiento de imágenes y datos biométricos sin una base jurídica considerada suficiente.
Sin embargo, el informe no prueba que la licencia de Clearview haya sido utilizada para identificar indiscriminadamente a participantes en protestas.
El Ministerio de Seguridad indicó, en respuesta a una solicitud de información, que la Policía Federal emplea reconocimiento facial de manera posterior, dentro de investigaciones judiciales activas. Según la versión oficial, el sistema no funciona permanentemente en la vía pública y una posible coincidencia facial debe ser evaluada por un perito.
Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca en octubre de 2025. Foto: EFE
La cartera no precisó si ese procedimiento se realiza específicamente mediante Clearview AI.
Drones en operativos y manifestaciones
Los drones de vigilancia en Argentina
El Gobierno nacional también compró 69 drones en 2024 y once estaciones terrestres para su operación en 2025. En conjunto, las dos adquisiciones representaron cerca de un millón de dólares.
Los equipos cuentan con cámaras térmicas, transmisión de imágenes en tiempo real y funciones automatizadas para seguir personas o vehículos.
En septiembre de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que los drones no tenían reconocimiento facial y estaban destinados a investigaciones criminales, no a manifestaciones.
Amnistía, no obstante, identificó uno de los equipos adquiridos por el Gobierno durante una protesta frente al Congreso argentino el 19 de marzo de 2025.
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Freno a la protesta ante temor a represalias por vigilancia
Amnistía sostiene que la percepción de estar bajo vigilancia ha provocado cambios en el comportamiento de algunas de las personas entrevistadas.
Entre ellos menciona una menor participación en marchas, más precauciones para organizar actividades, abandono de canales de comunicación considerados inseguros y autocensura en redes sociales.
La organización define este fenómeno como“efecto inhibidor”, que se produce cuando la vigilancia, real o percibida, lleva a una persona a limitar su libertad de expresión, asociación o reunión.
El informe presta especial atención a los periodistas. Algunos de los entrevistados manifestaron preocupación porque el cruce de cámaras, información biométrica y datos digitales podría permitir reconstruir sus desplazamientos o determinar con quién se reúnen, con posibles consecuencias para la reserva de sus fuentes.
Al menos 304 hechos de protesta identificados en 2025
La expansión de estas tecnologías coincidió con un periodo de elevada movilización social en Argentina, cuando se estima que en 2025 ocurrieron más de 300 protestas.
Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe sobre Argentina, Foto:Amnesty International | Celina Hilbert
Amnistía pide suspender tecnologías sin controles en Argentina
Amnistía Internacional pidió al Gobierno argentino suspender las tecnologías de vigilancia desplegadas sin una base jurídica específica, evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos o mecanismos externos de supervisión.
También recomendó prohibir el reconocimiento biométrico remoto cuando se utilice para vigilancia masiva o selectiva discriminatoria y reclamó reglas claras sobre la adquisición y operación de estas herramientas.
“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”, afirmó Mahmoudi.
La organización sostuvo que el caso argentino forma parte de una tendencia mundial en la que los Estados incorporan tecnologías capaces de monitorear grandes cantidades de personas, mientras persisten vacíos sobre la información recopilada, su tiempo de almacenamiento y las instituciones autorizadas para consultarla.
EL TIEMPO reconstruirá cómo funciona esta infraestructura de vigilancia, desde la captura de imágenes mediante cámaras y drones hasta el cruce de rostros, redes sociales y bases de datos. Lea el reportaje en nuestra edición de este domingo 23 de agosto.
