¿Por qué Ecuador, entre todos los países de la región, sería un centro de interés en la nueva carrera espacial de América Latina? La respuesta está en el nombre del país.
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Una tarde reciente, Robert Aillón (fundador de Leviathan Space Industries LLC y director de Ecuador Space Society) y sus colegas estaban sentados en una mesa de un restaurante en Guayaquil, la capital comercial de Ecuador, irradiando entusiasmo por su proyecto propuesto: un nuevo puerto espacial privado para lanzamientos verticales y recuperación horizontal de vehículos en uno de tres posibles sitios cercanos.
Algunos inversores extranjeros miran a Ecuador con cautela en un momento en que grupos del crimen organizado luchan por el control de los puertos marítimos del país, nodos clave de tránsito de la cocaína destinada a Europa y Asia. Pero, para Aillón y sus socios, la zona de Guayaquil es estratégica por una razón diferente: se encuentra a apenas dos grados al sur de la línea imaginaria que divide el mundo en dos hemisferios.
El planeta gira a su velocidad máxima en el ecuador —1.670 kilómetros por hora—, lo que hace más eficiente lanzar cohetes desde estas latitudes. Gracias al impulso de la rotación, se requiere menos combustible para alcanzar la velocidad orbital, lo que, a su vez, permite que los cohetes transporten más carga útil a menor costo.
En comparación con muchos otros países que se asientan directamente sobre el ecuador —una lista que incluye a Congo, Somalia, Uganda e Indonesia, así como a Colombia y Brasil—, Ecuador, con su economía dolarizada y su gobierno favorable a los negocios, resulta atractivo pese a sus desafíos de seguridad.
“Lo que se viene es grande”, afirmó entusiasmado Aillón, que antes de fundar Leviathan trabajó como ejecutivo bancario en su país y en Estados Unidos. “Los puertos espaciales son un pilar de la competitividad futura”, agregó.
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Muchos coinciden. Un informe del Foro Económico Mundial y McKinsey & Company proyectó que la economía espacial global podría alcanzar los 1,8 billones de dólares para 2035, frente a 630.000 millones en 2023. La oferta pública inicial (opi) de SpaceX, del empresario Elon Musk, que recaudó en junio un récord de 75.000 millones de dólares, encendió un interés aún mayor en el sector a nivel mundial. Musk ha dicho que buscará puertos espaciales más allá de Estados Unidos, con América Latina como el principal beneficiario potencial.
Cada vez más, el espacio es también un escenario importante en la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, con ambas superpotencias compitiendo en América Latina por aliados y por geografía clave, como la región del Cono Sur, cuyos cielos despejados son ideales para el rastreo de satélites. Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos están decididos a no ser solo un campo de batalla en una nueva Guerra Fría, sino protagonistas clave en el crecimiento y la gobernanza de la industria espacial.
Las ambiciones son literalmente de otro mundo. El objetivo declarado de Musk es establecer una presencia humana permanente más allá de la Tierra, garantizando así la supervivencia a largo plazo de la especie. Aillón utiliza un lenguaje similar en su página de LinkedIn, al describir un puerto espacial privado en Ecuador como un “primer paso” hacia los viajes interplanetarios. También se han barajado planes para la construcción de plataformas de lanzamiento en Uruguay, República Dominicana y Perú. Mientras que Argentina y Brasil ya producen satélites con aplicaciones prácticas para la vida cotidiana, como la evaluación de la calidad de los cultivos y el apoyo a los gobiernos en la gestión de desastres naturales.
Sin embargo, los observadores advierten sobre una mentalidad de ‘fiebre del oro’ en la que algunos inversores podrían estar sobreestimando la capacidad del sector privado para construir por sí solo una industria espacial en América Latina. Los gobiernos y las empresas deben, primero, abordar numerosos desafíos, entre ellos las instituciones débiles y la infraestructura limitada, señalan.
“Las oportunidades existen, sí, pero no se materializarán automáticamente”, dijo Laura Delgado López, investigadora sénior del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés). “Necesitamos entender mejor los mecanismos que dan forma al sector espacial”.
En efecto, la pregunta que enfrenta hoy el sector espacial de América Latina es: ¿qué es solo especulación y qué está verdaderamente al alcance?
Potencial probado
No todo es especulativo: la región ya tiene un historial probado en materia de sitios de lanzamiento.
El Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA, por sus siglas en portugués) se ubica en la costa nororiental de Brasil, en el estado de Maranhão. Creado en 1983, el CLA se encuentra apenas 2,3 grados al sur del ecuador, en una zona con bajo tráfico aéreo y baja densidad poblacional. El sitio es lo suficientemente atractivo como para que funcionarios estadounidenses se mostraran eufóricos en 2019 cuando, tras décadas de conversaciones, el entonces presidente Jair Bolsonaro firmó un llamado acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permite el uso de tecnología estadounidense en el sitio.
Sin embargo, incluso Alcântara ha sido una historia de potencial frustrado. Tras la explosión de un cohete en una plataforma de lanzamiento del CLA en 2003, en la que murieron 21 ingenieros y técnicos, el centro estuvo subutilizado durante muchos años, señalan los observadores. La mayoría de los lanzamientos son suborbitales, lo que significa que alcanzan el espacio brevemente, a unos 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, permitiendo experimentos de microgravedad, estudios atmosféricos y la creciente industria del turismo espacial.
Alcântara realizó su primer lanzamiento comercial en diciembre del año pasado, con un cohete de la empresa surcoreana Innospace que se estrelló en menos de un minuto después del despegue. Innospace planea hacer un lanzamiento desde el CLA de nuevo este año.
El otro gran centro de lanzamiento en el continente se encuentra unos 2.000 kilómetros al este-en la Guayana Francesa, región de ultramar de Francia. Conocida como el Puerto Espacial de Europa, la instalación inició operaciones en 1968 y es operada conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, y pone en órbita satélites tanto gubernamentales como comerciales.
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En los últimos años, muchos países de América Latina y el Caribe han recurrido a este centro europeo para el lanzamiento de sus satélites, lo que evidencia la falta de alternativas plenamente viables en la región.Con todo, nadie duda de las posibilidades de crecimiento. La ESA proyecta que el número de satélites en órbita alrededor de la Tierra aumentará de unos 10.000 actuales a 100.000 para 2030. Muchos serán pequeños dispositivos desplegados en constelaciones, como los que SpaceX opera en órbita terrestre baja sobre diversas partes del mundo para proveer servicios de internet, un mercado en el que la estadounidense Amazon también está por entrar.
Todo ese crecimiento requerirá nuevos sitios de lanzamiento y nuevos actores. La opi de SpaceX fue considerada un hito en lo que algunos llaman el “nuevo espacio”, una era en la que los monopolios estatales están siendo reemplazados por empresas privadas que asumen grandes riesgos, cuentan con respaldo financiero y están orientadas a las ganancias.
Pero las barreras de entrada son altas. Aillón, el CEO de Leviathan Space, citó el ejemplo de SaxaVord Spaceport, en la costa escocesa, que con una inversión inicial de 57 millones de dólares, espera realizar el lanzamiento de un cohete suborbital este verano boreal. Para la iniciativa de Leviathan, Aillón dijo que intentaba recaudar 800 millones de dólares a partir de este año. La empresa ya aseguró a su primer socio: Blackstar Orbital, con sede en Florida, que apuesta por abrirse camino en el mercado de drones espaciales para carga o vigilancia.
No todos pueden seguir el modelo de SpaceX, advirtió Victoria Valdivia, investigadora global del Instituto Europeo de Política Espacial y del programa Cospar-Euromoonmars-Lunex. “En América Latina existe una tendencia de hablar del ‘nuevo espacio’ y de la economía espacial, en particular entre muchas startups que parecen llenar el vacío en un área donde los Estados han sido ineficientes”, dijo Valdivia, quien también es doctoranda en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.
En América Latina existe una tendencia de hablar del ‘nuevo espacio’ y de la economía espacial, en particular entre muchas startups que parecen llenar el vacío en un área donde los Estados han sido ineficientes
VICTORIA VALDIVIAInvestigadora del Instituto Europeo de Política Espacial
“Como sus proyectos son atractivos, reciben una gran visibilidad, pero como están más enfocados en los negocios que en las regulaciones, olvidan que necesitan un marco organizativo completo para operar”, agregó Valdivia. Por otro lado, citó los permisos ambientales, así como consideraciones sobre vuelos e impuestos, donde las burocracias latinoamericanas “no son exactamente ágiles”.
Aun así, la región cuenta con otras ventajas naturales. Los satélites deben ser monitoreados y rastreados desde tierra, pero solo alrededor de un tercio de la superficie terrestre del planeta se encuentra al sur del ecuador. Eso hace que el territorio suramericano sea especialmente valioso, en particular, las zonas donde los cielos suelen estar más despejados.
Rivalidad geopolítica
Cada vez más el espacio es un escenario importante en la rivalidad estratégica entre China y EE. UU. Foto:iStock
Ciertos lugares son codiciados por las grandes potencias que buscan maximizar su alcance, algo que el naciente campo de la ‘astropolítica’ entiende como el conjunto de actividades y tecnologías que un Estado puede desplegar en el espacio con fines bélicos, de desarrollo y de prestigio.
Un reciente informe de un comité del Congreso estadounidense señaló que China ha construido 11 instalaciones para comunicaciones satelitales y radiotelescopios en América Latina, incluyendo en Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, lo que ha generado preocupación entre funcionarios estadounidenses por su potencial de uso dual, dado que la doctrina explícita de Pekín fusiona las operaciones civiles y militares.
Para bloquear nuevas iniciativas, la administración Trump —en una aplicación actualizada de la doctrina Monroe— presiona abiertamente a los países para que no edifiquen nuevas instalaciones espaciales chinas. En las montañas de la provincia argentina de San Juan, el radiotelescopio Cesco que China estaba construyendo permanece inactivo, tras haber sido frenado por la presión estadounidense.
En el desierto de Atacama, en Chile, en la cima aplanada del cerro Ventarrones, algunos de los componentes que iban a formar parte de un observatorio astronómico yacen en su lugar. Este proyecto fue cancelado por las autoridades chilenas alegando problemas legales tras las advertencias de Washington sobre la amenaza que representaba para la seguridad de los activos espaciales estadounidenses.
Las ambiciones de China continúan siendo grandes. Siguiendo los pasos de Starlink, de Musk, empresas de ese país buscan construir sus propias constelaciones de satélites para proveer servicios de comunicaciones inalámbricas, entre ellas Guo Wang, gestionada por la estatal China Satellite Network Group, y Qianfan, desarrollada por Shanghai Spacesail Technologies Co. Ltd.
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Según el sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, varios operadores de satélites chinos presentaron solicitudes durante la última semana del año pasado para desplegar más de 200.000 dispositivos en los próximos años, una cifra astronómica que choca con los cuellos de botella en el sector de lanzamientos y que ya ha llevado al gigante asiático a explorar la posibilidad de establecer un puerto espacial ecuatorial en Malasia. Ahora, algunos analistas se preguntan si su próxima jugada será en América del Sur.
Los obstáculos
Mientras tanto, empresas y funcionarios gubernamentales trabajan para resolver algunos de los cuellos de botella que enfrenta la industria espacial y aprovechar el momento.
En 2024, Brasil promulgó una ley de actividades espaciales que “permitiría mayor seguridad jurídica para los operadores de lanzamientos desde Brasil” y que representó “un paso importante hacia futuros negocios en el CLA con otros lanzadores extranjeros, privados y gubernamentales”, según Bruno Martini, científico aeroespacial de la Universidad de la Fuerza Aérea Brasileña (Unifa). Una nueva compañía estatal, Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S. A. (Alada), también inició operaciones el año pasado con el objetivo de fortalecer el programa espacial brasileño, incluyendo el uso comercial del CLA. Brasil trabaja ahora en el desarrollo de sus propios cohetes.
No obstante este renovado impulso, la falta de financiamiento sigue siendo un desafío. La Confederación Nacional de la Industria señaló en un informe del año pasado que el presupuesto nacional de 47 millones de dólares asignado al sector espacial equivalía a apenas el 0,002 por ciento del PIB de Brasil en 2023 —el segundo nivel de inversión más bajo entre los países del G20—.
Mucho más al norte, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader anunció durante su mensaje anual al Congreso, en febrero, que su país comenzaría la construcción de un puerto espacial gracias a un acuerdo con la empresa estadounidense Launch on Demand (LOD Holding) que implica una inversión de 600 millones de dólares. “Vamos a lanzar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales. Ya verán”, declaró. Se espera que el hito se produzca en mayo de 2028.
LOD Holding está liderada por Burton Catledge, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que anteriormente comandó el Grupo de Operaciones 45 y el Ala Espacial 45 de la Fuerza Aérea, apoyando numerosos lanzamientos de cohetes para gigantes de la industria como SpaceX, Blue Origin y Moon Express, y también prestó servicios en el Pentágono.
En una entrevista con Americas Quarterly (AQ), Catledge explicó que el sitio en República Dominicana fue elegido por su relativa proximidad al ecuador (18 grados norte), el acceso a aguas abiertas, la baja densidad poblacional, los vientos favorables a gran altitud y la disponibilidad de múltiples trayectorias orbitales. También señaló la construcción de un puerto marítimo cercano —que permitirá el traslado de grandes equipos espaciales— y la ampliación de un aeropuerto vecino para el transporte de satélites, ambos impulsados por el Gobierno.
“El presidente Abinader dijo en una reunión: ‘Burton, aquí está mi número de teléfono. Si tienes que esperar más de 48 horas cualquier cosa, llámame’. Desde ese momento, todas las puertas se abrieron”, relató Catledge. Tan recientemente como en mayo, se adquirieron 213 hectáreas de terrenos estatales para este fin y se firmó un Memorando de Entendimiento con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para formar a estudiantes de ingeniería y carreras afines en disciplinas aeroespaciales altamente especializadas, sentando las bases para el desarrollo de una economía espacial en el país.
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El proyecto contempla cuatro plataformas de lanzamiento —dos para cohetes pesados y superpesados, una para cohetes medianos y otra para cohetes pequeños— que operarán de forma independiente. El financiamiento proviene de inversores institucionales privados y no de fondos públicos, indicó Catledge.El CEO de Launch on Demand dijo que el proyecto también cuenta con el respaldo político del Gobierno de Estados Unidos, dispuesto a ampliar los sitios de lanzamiento en el hemisferio occidental como parte de su partida de ajedrez geopolítico con Pekín. Catledge añadió que percibía un “compromiso tangible de Estados Unidos de que no solo están diciendo que están pivotando hacia el hemisferio occidental, sino que lo están haciendo”.
Lejos de los entusiastas empresarios del sector privado, Perú ha optado por transitar la ruta del “viejo espacio” para intentar desarrollar un puerto espacial apoyándose en su experiencia gestionando grandes proyectos de infraestructura en asociación con actores extranjeros, pese a su persistente inestabilidad política de los últimos años.
En noviembre de 2024, la agencia espacial de Perú, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, firmó un Memorando de Entendimiento con la Nasa, en el marco del cual se inició la cooperación en estudios de viabilidad conjuntos sobre sitios de lanzamiento, asistencia técnica y planificación de futuros lanzamientos.
El ‘Informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas 2023-2026’ del Ministerio de Defensa estimó el costo del proyecto en 270 millones de dólares y señaló que apuntaría a facilitar lanzamientos de cohetes tanto para vuelos orbitales como para suborbitales: “Aquellos que transportarán personas a otros continentes en menos tiempo sin completar una órbita completa alrededor de la Tierra”.
El puerto espacial se ubicaría en una base de la Fuerza Aérea del Perú, ya sea en Chiclayo, Arequipa o Talara, siendo esta última la que más debate ha generado, dado que se encuentra cuatro grados al sur del ecuador.
Además, delegaciones de especialistas espaciales estadounidenses han visitado Perú para analizar la vasta gama de consideraciones políticas, sociales, financieras, económicas y regulatorias que el país debe tener en cuenta si el proyecto ha de avanzar.
“Es parte de una iniciativa nacional mediante la cual el país aspira a convertirse en un centro de conectividad, dada su ubicación estratégica y su política de apertura e integración global. Es también una forma de compensar las debilidades en infraestructura”, explicó Clemente Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.
Asimismo, Rodríguez señaló que Perú inauguró recientemente un importante puerto en el Pacífico, amplió su principal aeropuerto en Lima y está considerando construir un corredor ferroviario hacia Brasil.
Incluso, el Congreso peruano superó sus crónicas divisiones para aprobar por amplia mayoría, en marzo, el proyecto de ley presentado por la expresidenta Dina Boluarte que declara la creación de un puerto espacial como asunto de interés nacional. La Ley 32571 autoriza al Ministerio de Defensa a liderar los estudios técnicos y legales que determinarán la viabilidad del proyecto.
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En siglos pasados, los pueblos que habitaron el continente americano miraban al infinito para encontrar a sus dioses, elaborar calendarios complejos y orientar sus pirámides. Hoy, aunque aún queda trabajo por hacer para convertir estos sueños en realidad, los latinoamericanos vuelven a mirar a las estrellas.
(*) Investigador del centro de estudios AthenaLab (Chile) e investigador asociado sénior del Rusi.
¿Cómo está Colombia en este sector?
Desde el 2006, el país comenzó la formalización de la política aeroespacial nacional con el Decreto 2442, el cual creó la Comisión Colombiana del Espacio (CCE).
Este órgano intersectorial, adscrito al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, coordina, orienta y planifica la política espacial con la que se busca explorar e impulsar el desarrollo de las capacidades espaciales de Colombia, promover la aplicación de tecnologías espaciales, fomentar la investigación, entre otras tareas.
La regulación sobre la política espacial nacional se ha soportado en los Conpes 3579 de 2009 y 3983 de 2020 y recientemente en la Ley 2302 de 2023, con la que se adoptaron “medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial”. El primer Conpes sentó los lineamientos para implementar el proyecto satelital de comunicaciones, y el segundo se enfocó en impulsar, a largo plazo, el sector espacial en el país.
No obstante la normativa existente, Colombia no ha desarrollada bases propias de lanzamiento y lo que ha hecho en este ámbito ha sido a través de terceros.
Así, en 2018, de la mano de la Agencia Espacial India, lanzó desde ese país el primer satélite que fue operado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para la observación terrestre y la prevención de desastres. Y en 2023, con SpaceX, el Gobierno lanzó desde EE. UU. un segundo satélite para monitorear la deforestación, la minería ilegal y las emisiones de gases de efecto invernadero.
