Una nueva iniciativa legal presentada ante la Asamblea Legislativa busca endurecer la postura de Costa Rica frente a la delincuencia internacional, mediante la ampliación de los motivos por los cuales sus ciudadanos pueden ser entregados a la justicia de otros países.
La propuesta, impulsada por la mandataria Laura Fernández dentro de un plan integral de seguridad, sostiene que la condición de nacional no debe servir como un pretexto para eludir tribunales extranjeros.
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Por ello, el Ejecutivo pretende ir un paso más allá del marco legal vigente y permitir que el mecanismo de extradición aplique también a delitos como el sicariato, el lavado de dinero, el tráfico de armas o personas, y los ciberdelitos, argumentando que las redes delictivas modernas operan de forma diversa e interconectada.
Este avance legislativo sigue la línea de los cambios profundos que el país ha experimentado en su sistema judicial en los últimos tiempos.
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Tras décadas de mantener una prohibición absoluta que impedía enviar a costarricenses o naturalizados a responder por sus actos fuera de sus fronteras —lo que convertía al territorio nacional en un refugio estratégico para evadir procesos penales—, el Congreso modificó el artículo 32 constitucional en mayo de 2025.
Aquella decisión histórica abrió las puertas a la extradición, aunque acotada de forma exclusiva a causas ligadas al tráfico de drogas y al terrorismo, bajo la cual se concretaron traslados de alto perfil hacia Estados Unidos y Europa, incluyendo la sonada entrega del exministro y exmagistrado Celso Gamboa.
Sin embargo, las autoridades consideran que acotar las entregas únicamente a dos tipos penales deja desprotegido al país frente al crecimiento de otros crímenes de gran impacto que alimentan a las mismas estructuras transnacionales.
Actividades como el ajuste de cuentas por encargo o el blanqueo de capitales son piezas clave en el engranaje de estos grupos, por lo que dejarlas fuera debilita la efectividad de la cooperación internacional. Con el trámite de esta nueva modificación constitucional en el Parlamento, el Gobierno busca afianzar sus herramientas de articulación con otros Estados, asegurando que el estatus de ciudadano costarricense no continúe siendo aprovechado como una barrera contra la justicia global.
