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La alerta fue lanzada por Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, durante la presentación en Washington del informe Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, en el que la organización documenta detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ataques contra civiles ocurridos entre enero y marzo de este año.
La advertencia adquiere especial relevancia para Colombia porque el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que uno de los pilares de su política exterior será reconstruir la relación estratégica con EE. UU. y profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
“Este informe que lanzamos hoy desde Human Rights Watch, yo creo que es un llamado de alerta muy importante para otros países de la región, incluyendo Colombia”, afirmó Goebertus al ser consultada sobre el riesgo de que prácticas como las documentadas en Ecuador puedan repetirse en el país.
Juanita Goebertus, directora para las Américas en Human Rights Watch (HRW). Foto: José Orozco / La Hora
Según la directora para las Américas de HRW, la lección central para Colombia no es que deba evitar la cooperación con Washington, sino que esta debe desarrollarse bajo reglas claras, mecanismos de supervisión y garantías que impidan que la lucha contra el crimen organizado derive en violaciones de derechos humanos.
“Toda colaboración en materia de seguridad tiene que basarse en reglas claras”, sostuvo Goebertus, quien señaló que los acuerdos deberían fortalecer la administración de justicia, la investigación forense y la persecución penal, además de incorporar salvaguardas que, según dijo, han estado ausentes en algunos esquemas recientes de cooperación.
“Para ser muy clara, la colaboración en materia de seguridad es totalmente admisible. No hay ningún problema en que eso exista, siempre que esté dentro del marco del derecho internacional”, añadió.
Para Goebertus, el problema surge cuando presuntos integrantes de organizaciones narcotraficantes son tratados como combatientes en una guerra y no como sospechosos que deben ser capturados, investigados y procesados por la justicia ordinaria.
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Ese enfoque, explicó, puede abrir la puerta al uso de bombardeos, ataques con drones u otras herramientas militares contra personas que no participan en un conflicto armado, lo que podría constituir una violación del derecho internacional.
Goebertus sostuvo, además, que los gobiernos latinoamericanos que entreguen datos utilizados posteriormente en operaciones ilegales de EE. UU. podrían ser considerados corresponsables de las consecuencias de esos ataques.
“Cualquier país latinoamericano que entregue información de inteligencia es copartícipe y podría enfrentar acciones internacionales por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales”, afirmó.
Según la directora de HRW, antes de suministrar información o facilitar una operación, los gobiernos deben conocer con precisión cómo será utilizada, bajo qué marco legal se desarrollará la acción y qué mecanismos existen para evitar daños a civiles.
Goebertus señaló que la mala calidad o la insuficiente verificación de la inteligencia puede conducir a operativos equivocados y a graves abusos contra personas que no tienen vínculos con las organizaciones perseguidas.
Capturas de pantalla ataque a las lanchas. Foto:X @Southcom.
Ese fue, dijo, uno de los problemas identificados por Human Rights Watch en Ecuador, donde una operación sustentada en información presuntamente errónea terminó con la captura y las denuncias de tortura de cuatro trabajadores colombianos sin antecedentes penales.
El riesgo de tratar al crimen organizado como un enemigo de guerra
La organización también llamó la atención sobre el riesgo de clasificar automáticamente a las bandas criminales como partes de un conflicto armado.
Aunque Colombia enfrenta organizaciones con capacidad militar, control territorial y acceso a armamento pesado, Goebertus advirtió que esas características no bastan para aplicar las reglas de la guerra en todas las operaciones contra ellas.
“Abordar a los grupos del crimen organizado como si fueran partes del conflicto armado no solo resulta ineficaz para debilitarlos, sino que también puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos muy graves y severas”, sostuvo.
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En su opinión, la cooperación debería priorizar el fortalecimiento de las fiscalías, la capacidad de investigación, la persecución de las finanzas ilícitas y el procesamiento judicial de los responsables, en lugar de convertir la lucha contra el narcotráfico en una campaña militar sin límites definidos.
Goebertus también señaló que el escenario actual difiere de la cooperación que existió durante el Plan Colombia.
Aunque ese programa fue objeto de múltiples cuestionamientos en materia de derechos humanos, afirmó que actualmente existe una preocupación adicional por el debilitamiento de los controles y las salvaguardas dentro del propio gobierno estadounidense.
“El vaciamiento de las garantías por parte del Gobierno de EE. UU. y del ejército estadounidense en posibles operaciones conjuntas es algo nuevo y un motivo de grave preocupación”, afirmó.
Las denuncias en Ecuador que preocupan a Human Rights Watch
La advertencia de HRW se sustenta en un informe divulgado este martes en Washington sobre la cooperación en materia de seguridad entre EE. UU. y Ecuador.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto:AFP
En el documento de 100 páginas, elaborado a partir de 62 entrevistas y del análisis de imágenes satelitales, expedientes judiciales, informes médicos y registros de navegación, la organización examina cuatro operaciones ocurridas entre enero y marzo de este año y sostiene que dejaron indicios de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ataques contra civiles.
Entre los casos figura una operación militar en la frontera con Colombia, en la que cuatro ciudadanos colombianos habrían sido detenidos y torturados pese a no tener antecedentes penales, así como la desaparición de una embarcación pesquera y dos ataques contra barcos civiles en el Pacífico.
El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de EE. UU. han negado su participación en estos hechos. HRW, sin embargo, sostiene que las preguntas siguen sin respuesta y pide investigaciones independientes, mayor transparencia y explicaciones sobre el papel que desempeñó cada país en las operaciones examinadas.
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Para Goebertus, esos episodios deberían servir de advertencia para Colombia antes de que el próximo gobierno defina las condiciones de una cooperación más estrecha con Washington.
La discusión, insistió, no debe limitarse a si Colombia coopera o no con EE. UU., sino a cómo lo hace, cuáles son sus límites y qué garantías se establecen para impedir que el país quede involucrado en operaciones contrarias al derecho internacional.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
