Antes de que Daniel Ortega tomara la palabra en la celebración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el sistema político nicaragüense ya había sufrido una transformación que, según organismos internacionales y analistas, había reducido al mínimo las posibilidades de una verdadera contienda electoral.
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Sin embargo, la declaración del mandatario terminó por despejar cualquier duda sobre el rumbo que pretende seguir su régimen.
“Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”, afirmó ante miles de simpatizantes reunidos en Managua, en un mensaje que descarta de manera explícita la posibilidad de que la oposición pueda disputar el poder por la vía electoral.
Durante su discurso, Ortega justificó el fin de las elecciones tras asegurar que, supuestamente, la oposición continúa conspirando para recuperar el poder con el respaldo de Estados Unidos. “Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis volverán a llegar al gobierno”, afirmó.
Una persona ondeando una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Foto:AFP
Además, anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para levantar “un muro” contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”.
Cabe mencionar que, originalmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en 2026, pero la reforma constitucional extendió el mandato presidencial un año adicional, trasladando los comicios a noviembre de 2027.
Con el anuncio de Ortega, esa posibilidad queda en entredicho.
Para Enrique Sáenz, exdiputado nicaragüense y uno de los principales opositores exiliados, el debate sobre si las palabras de Ortega tienen sustento constitucional resulta secundario frente a la realidad institucional del país.
“En Nicaragua no existe Constitución, no existen leyes, no existen tribunales de justicia; lo único que prevalece es la voluntad de Ortega y de Rosario Murillo”, afirmó. A su juicio, el régimen modifica, ignora o vulnera las normas cuando lo considera necesario para mantenerse en el poder.
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La consolidación del poder absoluto
Las palabras de Ortega representan un punto de no retorno en un proceso de concentración del poder que se aceleró desde las protestas de 2018 (cuya represión dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas; centenares de opositores han sido encarcelados, expulsados del país o privados de su nacionalidad) y que tuvo uno de sus episodios más controvertidos y antidemocráticos con la reforma constitucional aprobada en febrero de 2025.
Esa modificación de la Carta Política convirtió oficialmente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en copresidentes, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó los contrapesos entre los poderes del Estado al subordinarlos a la Presidencia.
La reforma fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales. Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, advirtió en su momento que esos cambios consolidaban un modelo de poder que rompía el pluralismo político y restringía aún más las libertades políticas y civiles.
Daniel Ortega en la posesión de Nicolás Maduro. Foto: Redes sociales
En consonancia con ese diagnóstico, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua sostiene que, en algunos casos, las acciones del régimen podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de Managua rechaza esos informes y los califica de supuestos intentos injerencistas.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, tras haber presidido el país durante la década de 1980 luego del triunfo de la Revolución Sandinista, que derrocó la dictadura de la familia Somoza. En los últimos años eliminó sistemáticamente a la oposición política, cerró organizaciones civiles y persiguió a periodistas y activistas.
A ello se suma el cierre de miles de organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación y asociaciones religiosas, así como la confiscación de bienes de numerosos críticos del Gobierno.
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Sáenz sostiene que esa lógica también se ha reflejado en decisiones que, según él, desconocen incluso las normas aprobadas por el propio régimen. Recordó que Rosario Murillo fue elegida vicepresidenta en 2021 y posteriormente pasó a ser copresidenta tras una reforma constitucional, sin una nueva elección.
También mencionó el caso de los más de 450 opositores que fueron despojados de su nacionalidad en 2023, entre ellos el propio Sáenz, pese a que la Constitución vigente entonces lo prohibía. “La Constitución es simplemente irrelevante porque o la violan o la cambian o la ignoran”, sostuvo. “No hay servidores públicos, sino sirvientes de la dictadura”, agregó.
La oposición afirma que el régimen ya no oculta su naturaleza
Las reacciones de la oposición no tardaron en llegar. Juan Sebastián Chamorro, uno de los principales dirigentes opositores que fue encarcelado, posteriormente expulsado del país y despojado de su nacionalidad en 2023, aseguró que Ortega simplemente hizo público lo que durante años había sido una práctica política. “Se ha quitado una máscara más”, afirmó desde el exilio.
Según Chamorro, el mandatario pretende consolidar un modelo de partido único “inspirado en sistemas como los de China, Corea del Norte o Cuba”, donde la competencia electoral se limita al oficialismo.
El opositor considera que el anuncio refleja que Ortega ya no está dispuesto a someterse a ninguna votación que, por mínimo que sea, pueda poner en duda la continuidad del oficialismo, aun cuando mantiene el control absoluto del sistema electoral. “No quiere ni siquiera pasar por el mal rato”, añadió.
La Prensa, diario de Nicaragua, es uno de los medios perseguidos por el régimen. Foto: AFP
Sáenz coincide en que el anuncio no representa una ruptura con la situación política que vive el país. En un mensaje publicado tras el discurso del mandatario aseguró que “no hay nada nuevo” y sostuvo que las elecciones “fueron canceladas desde 2016”, cuando el oficialismo anuló a la única oposición con posibilidades de competir. A su juicio, “la novedad aquí es que lo haya declarado públicamente”, aunque no descarta que detrás del anuncio exista un cálculo político para desviar el debate y volver a generar expectativas sobre unos comicios que, en realidad, nunca piensa celebrar.
Una valoración similar hizo Gonzalo Carrión, abogado y miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien considera que el discurso presidencial solo oficializa una situación que ya existía.
“Lo que ahora ocurre no hace más que formalizar, de manera descarada, una práctica represiva que ya existía. En otras palabras, simplemente se confirma que en Nicaragua hay una dictadura”, sostuvo.
Carrión recordó además que, a su juicio, la última elección que cumplió con los estándares internacionales del derecho a elegir y ser elegido fue la de noviembre de 2006, cuando Ortega regresó al poder. “Próximamente se cumplirán 20 años desde entonces, un período en el que la población nicaragüense ha dejado de gozar de ese derecho universal”, afirmó.
¿Existe margen para una transición?
Si bien las posibilidades de una transición política dentro del país parecen cada vez más limitadas, distintos movimientos opositores mantienen su estrategia de buscar respaldo diplomático y presión internacional para promover cambios institucionales.
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Sin embargo, el margen de presión desde el exterior también enfrenta importantes obstáculos. Nicaragua se ha distanciado de varios organismos internacionales y ha endurecido su discurso frente a gobiernos occidentales, mientras fortalece sus vínculos con aliados como Rusia, China e Irán.
Pese a ello, Sáenz considera que el cierre de los espacios políticos dentro del país no impide necesariamente la reorganización de la oposición. Recordó que, a lo largo de la historia de Nicaragua, las principales resistencias a las dictaduras se han articulado desde el exilio, incluido el propio Frente Sandinista durante la lucha contra Anastasio Somoza.
“Una dictadura obliga a que la resistencia se organice desde el exterior”, afirmó. En su opinión, el principal reto consiste en construir “un bloque cohesionado” alrededor de la democracia, dejando para una etapa posterior las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha.
Para Carrión, además de ese aislamiento, la falta de una respuesta más contundente de la comunidad internacional contribuye a consolidar el régimen.
“La indiferencia puede convertirse incluso en complicidad. Hay gobiernos que se proclaman de izquierda democrática y que no han dicho absolutamente nada frente a las atrocidades cometidas por un régimen familiar que también se presenta como una revolución de izquierda. Del mismo modo, existen gobiernos democráticos que prefieren mirar hacia otro lado, pese a que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, delitos que ofenden a toda la humanidad”, afirmó Carrión, quien, sin embargo, no ve cercano un escenario de transición como el que atraviesa Venezuela.
Gonzalo Carrión. miembro del consejo de coordinación de Nicaragua Nunca Más. Foto: Nicaragua Nunca Más
En ese contexto, el discurso de Ortega adquiere un significado adicional por el momento en que se produjo. El líder del régimen llevaba cerca de dos meses sin aparecer públicamente y, en sus últimos actos oficiales, había mostrado visibles dificultades físicas que alimentaron los rumores sobre una eventual salida del poder.
Su reaparición coincidió, además, con versiones difundidas por sectores opositores sobre una posible reorganización interna del oficialismo alrededor de Rosario Murillo. No obstante, más allá de las especulaciones sobre una futura sucesión, su mensaje pareció buscar precisamente despejar cualquier duda sobre el rumbo del régimen.
Al afirmar que no volverá a haber elecciones, Ortega dejó claro que el oficialismo ya no considera los comicios como una forma de legitimar su permanencia en el poder, sino como un riesgo que prefiere evitar. Con ello, el mandatario reconoce públicamente que la alternancia democrática no tendrá cabida mientras el sandinismo siga gobernando.
En opinión de Carrión, ese escenario solo podría cambiar con una mayor presión internacional. “Con una solidaridad más firme y un compromiso más decidido de la comunidad internacional, Nicaragua podrá conquistar nuevamente su libertad”, concluyó.
La única posibilidad parece venir entonces de Estados Unidos y la comunidad internacional. Pero, a diferencia de Venezuela, Nicaragua ha quedado relegada de las prioridades internacionales y, por ahora, no enfrenta una presión diplomática comparable.
CAMILO A. CASTILLO — Subeditor Internacional — X: @camiloandres894
(*) Con información de EFE
