Durante décadas, Miami fue prácticamente la única obsesionada por Cuba. Pero eso cambió. Ahora la isla se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para Washington.
En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con las medidas más enérgicas que se recuerda en los últimos tiempos. Ha imputado a altos funcionarios cubanos; ha impuesto nuevas sanciones a los líderes del régimen, a la empresa petrolera estatal y a entidades vinculadas al Ejército. También ha incrementado la actividad militar y de inteligencia en el Caribe y ordenó al general Francis Donovan, jefe del Mando Sur de EE. UU., y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitar la bahía de Guantánamo.
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Altos cargos del gobierno Trump también han expresado, cada vez con mayor frecuencia, que los acontecimientos en la isla son una amenaza directa para la seguridad nacional de EE. UU. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que la crisis humanitaria de Cuba, las instalaciones de inteligencia extranjera, los supuestos vínculos con organizaciones terroristas y la creciente capacidad en materia de drones de La Habana son amenazas para su país.
Aún no está claro si Washington persigue un objetivo definido o si mantiene deliberadamente su flexibilidad estratégica. Lo que sí es evidente es que la administración Trump está ampliando sus opciones. Y cuatro escenarios parecen cada vez más probables: intervención humanitaria, acción coercitiva limitada, fractura interna del régimen o concesiones negociadas.
Apagonas en Cuba del 10 de julio de 2026. Foto:Eliana Aponte. Especial para EL TIEMPO
La evolución de la crisis dependerá, en parte, de la dinámica interna de Cuba. Las Fuerzas Armadas de la isla siguen siendo el principal garante de la estabilidad del régimen, y la forma en que las élites militares y políticas interpreten las crecientes presiones económicas, el descontento social y el aislamiento internacional podría resultar tan determinante como cualquier medida adoptada en Washington. Las reacciones de la población ante el deterioro de las condiciones de vida podrían influir aún más en los cálculos de las élites.
Ayuda humanitaria
El reto más inmediato al que se enfrenta Cuba no es político, sino humanitario. En medio de un bloqueo de Washington renovado, la grave escasez de combustible, los cortes de electricidad recurrentes, el deterioro de las infraestructuras, el empeoramiento de las condiciones de salud pública y la creciente frustración han supuesto una presión extraordinaria para la población. Es probable que las condiciones empeoren en los próximos meses, y los huracanes o el calor extremo del verano podrían agravar la situación.
La presión de la administración Trump coincide con el agravamiento de la crisis económica en Cuba. Foto:EFE / AFP / Ilustración elaborada con IA
En este contexto, la intervención humanitaria podría convertirse en el mecanismo preferido por Washington para ampliar su presencia en la isla, evitando al mismo tiempo los costes y riesgos de una acción militar tradicional. La justificación de Washington para tal intervención no sería un cambio de régimen, sino la necesidad de hacer frente a una emergencia humanitaria con implicaciones para la estabilidad regional, la migración y la seguridad nacional de EE. UU. La administración ya ha comenzado a plantear la situación en la isla en esos términos.
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El detonante sería una crisis lo suficientemente grave como para que La Habana se muestre reacia o incapaz de responder de forma eficaz, lo que podría implicar apagones prolongados en todo el país, un empeoramiento de las condiciones de salud pública, escasez de alimentos o disturbios generalizados. Las primeras medidas de Washington probablemente se centrarían en colaborar con organizaciones internacionales, grupos religiosos y otros actores no gubernamentales para prestar ayuda humanitaria y médica. El papel del ejército estadounidense se centraría en mantener el bloqueo, al tiempo que facilitaría asistencia logística, de transporte, de comunicaciones y de seguridad.
Apagonas en Cuba del 10 de julio de 2026. Foto:Eliana Aponte. Especial para EL TIEMPO
Entre los beneficios se incluyen la reducción de las presiones migratorias y la estabilización sin perseguir explícitamente un cambio de régimen. Los riesgos son igualmente significativos: es probable que La Habana califique la intervención exterior como una violación de la soberanía, lo que avivaría la reacción nacionalista y complicaría la cooperación internacional. Cualquier presencia estadounidense prolongada podría generar expectativas de un compromiso político que Washington podría no estar dispuesto a ofrecer.
Coerción selectiva
Un segundo escenario consistiría en una operación militar o policial limitada destinada a aumentar la presión sobre los dirigentes cubanos sin asumir la responsabilidad de gobernar la isla. En lugar de una invasión convencional o una campaña para cambiar el régimen, el objetivo sería imponer costos al régimen, debilitar las capacidades específicas y alterar los cálculos de los responsables clave de la toma de decisiones.
La acusación formal contra Raúl Castro y cinco coacusados establece un marco judicial que podría utilizarse para justificar medidas coercitivas, similares a las que precedieron a la captura de Nicolás Maduro. A los altos cargos cubanos se les trata cada vez más no solo como adversarios políticos, sino como acusados de delitos penales.
Un hombre se sienta dentro de un automóvil antiguo mientras la gente se congrega en La Habana, Cuba. Foto:AFP
Estados Unidos podría emprender operaciones destinadas a detener a funcionarios imputados o realizar ataques limitados contra infraestructuras de inteligencia, seguridad, militares u otras que se consideren una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Dichas acciones no tendrían como objetivo derrocar al régimen ni ocupar territorio cubano. En cambio, buscarían demostrar la vulnerabilidad de los altos cargos, imponer costos al Estado y aumentar la incertidumbre dentro del régimen.
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Esta estrategia va más allá de la mera figura de Raúl Castro: al demostrar que ni las personas ni las instituciones están fuera del alcance del poder estadounidense, Washington podría intentar minar la confianza en la élite y obligar a los miembros del régimen a replantearse su futuro político.
Entre los indicios de que EE. UU. está adoptando este enfoque se incluirían nuevas acusaciones; revelaciones de información de inteligencia que vinculen a figuras del régimen con actividades delictivas o amenazas a la seguridad; una ampliación de los despliegues militares estadounidenses en el Caribe y un creciente debate público sobre la rendición de cuentas, la extradición, la delincuencia transnacional o las amenazas que emanan de la isla.
Una fractura interna
La presión sostenida podría acabar provocando una fractura dentro del régimen cubano, lo que conduciría a una transición en el liderazgo. En este escenario, el objetivo de Washington no es el colapso inmediato, sino la erosión gradual de la cohesión de la élite y de los cimientos políticos que sostienen al gobierno actual. La estrategia se basa en la presión económica, las sanciones selectivas, la diplomacia, la colaboración con la sociedad civil cubana y la amenaza creíble de medidas coercitivas adicionales.
Valla que muestra al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los expresidentes Raúl y Fidel Castro. Foto:EFE
Esta estrategia también recurre a la negociación. Cada vez que el régimen cubano libera a presos, modifica sus políticas o incluso reconoce que mantiene contactos con Washington, se expone a sufrir disensiones internas. Con el tiempo, estas presiones podrían dividir a quienes defienden el statu quo de aquellos que consideran que unas reformas limitadas y el diálogo con Estados Unidos son necesarios para la supervivencia del régimen.
Estas divisiones suelen acentuarse especialmente durante una transición de liderazgo. Raúl Castro tiene 95 años y, si falleciera, Díaz-Canel y otros altos dirigentes podrían perder influencia gradualmente debido a cambios formales o informales dentro del Partido Comunista, las FAR (las Fuerzas Armadas de la República) y sus servicios de seguridad.
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Los riesgos de este enfoque son considerables. La fragmentación interna podría dar lugar a incertidumbre política, a la aparición de autoridades rivales y a una mayor represión, a medida que las facciones rivales compiten por ganar influencia.
Se hacen concesiones
La presión de EE. UU. también podría dar lugar a nuevas negociaciones. Históricamente, los líderes cubanos han negociado cuando le convenía a la supervivencia del régimen. Sin embargo, la historia también sugiere que una presión intensa podría no dar lugar a concesiones importantes.
La resistencia a la coacción externa sigue estando profundamente arraigada en la identidad política del régimen. No obstante, si las condiciones económicas y humanitarias continúan deteriorándose y la presión afecta cada vez más los intereses de las élites, algunos líderes podrían llegar a la conclusión de que es preferible hacer concesiones limitadas.
EE. UU. imputó al expresidente de Cuba Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar. Foto:EL TIEMPO
Las autoridades cubanas también están siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela. La operación contra Maduro demostró la disposición de Washington a combinar herramientas económicas, jurídicas, de inteligencia y militares, y dejó entrever que podría colaborar con elementos sucesores de un régimen existente en lugar de insistir en una transición democrática inmediata.
En este escenario, es probable que las negociaciones se centren en resultados prácticos más que en un cambio ideológico: la liberación de presos políticos, la ampliación de la ayuda humanitaria internacional, la cooperación en materia de migración, una liberalización económica limitada, el crecimiento del sector privado y una mayor participación en las instituciones internacionales.
Para Washington, el objetivo sería una reforma significativa; para La Habana, sería el alivio económico y la reducción de la presión externa, al tiempo que se mantiene el control político.
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El reto consistiría en encontrar una salida aceptable. Cuba se ha resistido históricamente a las reformas que amenazan el dominio del Partido Comunista, mientras que las sucesivas administraciones estadounidenses han tenido dificultades para justificar concesiones sin que se produzca un cambio político significativo.
Las restricciones legales de EE. UU. podrían complicar aún más las negociaciones. La Ley Helms-Burton codificó elementos clave del embargo y vincula el alivio de las principales sanciones a condiciones que pueden resultar difíciles de conciliar con la continuidad del actual gobierno cubano. Si bien un presidente puede ajustar algunos aspectos de la normativa, las medidas de alivio económico más significativas podrían requerir la aprobación del Congreso. Esto podría limitar la flexibilidad de Washington y, por lo tanto, reducir los incentivos de La Habana para negociar. En resumen, ambas partes se encontrarían caminando por una cuerda floja política muy delicada.
Posibles resultados
Cuba se encuentra en una encrucijada decisiva. La convergencia del deterioro económico, el creciente descontento social, la intensificación de la presión estadounidense y el progresivo escrutinio internacional han dado lugar a un nuevo abanico de posibles resultados. Sin embargo, la historia nos advierte contra las predicciones de una transformación inminente. El sistema cubano ha demostrado en repetidas ocasiones una notable capacidad de supervivencia en circunstancias adversas.
Sigue existiendo una posibilidad muy real de que ninguno de estos escenarios se materialice a corto plazo y de que, en su lugar, Cuba experimente un período prolongado de deterioro controlado: declive económico continuado, emigración sostenida, disturbios sociales periódicos y represión intensificada, mientras el régimen mantiene la cohesión suficiente —sobre todo gracias al apoyo de las FAR y del aparato de seguridad— para resistir.
Es importante destacar que estas vías no son mutuamente excluyentes. Las fracturas internas podrían dar lugar a negociaciones, mientras que la escalada de los disturbios podría desencadenar divisiones entre las élites como una mayor intervención externa. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., el Gobierno podría enfrentarse a una presión cada vez mayor para demostrar avances en una política hacia Cuba que ha ido enmarcando cada vez más como una prioridad de seguridad nacional.
Que esa presión dé lugar en última instancia a una reforma, a una fractura, a una confrontación o simplemente a un estancamiento aún más arraigado dependerá de las decisiones que se tomen tanto en Washington como en La Habana, especialmente entre la élite militar y política cubana. Los próximos meses revelarán si Cuba se acerca a un auténtico punto de inflexión o si se trata simplemente de otro capítulo más en su larga historia de resiliencia en medio de la crisis.
BRIAN FONSECA (*) Y LIANY DÍAZ GONZÁLEZ (**)
Americas Quarterly
(*) Director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida y miembro del programa de investigación sobre seguridad internacional del centro de estudios New America, con sede en Washington D. C.
(**) Asistente de investigación en el Security Research Hub, donde dirige el panel de control sobre armas pequeñas y ligeras (SALW) del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida.
