Este es uno de los documentos encontrados en Sudán que probaría la participación de mercenarios. Foto:Archivo particular
El modelo de operación es relativamente sofisticado: comienza con la captación en Colombia, donde exmilitares —muchos con experiencia en combate— son atraídos por salarios en dólares. Luego, mediante intermediarios internacionales, se formalizan contratos ambiguos y se canalizan pagos. Finalmente, los reclutas son desplegados en terreno, donde cumplen funciones que van desde combate directo hasta manejo de drones o apoyo logístico.
Según un comunicado del gobierno estadounidense, en el centro de la red está el militar retirado Álvaro Andrés Quijano Becerra, identificado como el principal articulador del reclutamiento. Junto a su esposa, Claudia Viviana Oliveros, creó en Colombia la agencia International Services Agency (A4SI), que operaba como fachada de empleo para captar exsoldados. A través de esta empresa, se ofrecían supuestas oportunidades laborales en seguridad en el exterior, pero en la práctica los contratados eran enviados a zonas de combate en Sudán.
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En diciembre de 2025, Estados Unidos sancionó a Quijano, pero tras la exposición de A4SI, la estructura no desapareció, sino que se reconfiguró. Según el Tesoro estadounidense, Quijano y Oliveros impulsaron una nueva firma, Fénix Human Resources SAS, también sancionada, que continuó con el reclutamiento. Su representante formal es José Libardo Quijano Torres, quien figura como responsable administrativo, aunque la operación seguiría bajo el control del mismo núcleo.
Se estima que más de cuatro millones de personas han sido desplazadas por la guerra. Foto:Marwan Mohamed / AFP
El esquema incluía además una capa internacional para mover dinero y reducir riesgos legales. La empresa Talent Bridge, con sede en Panamá, actuaba como intermediaria: firmaba contratos con los reclutas y gestionaba pagos, desconectando formalmente a las agencias colombianas del destino final de los combatientes. Este paso era clave para ocultar la trazabilidad de las operaciones.
Otro actor relevante es Global Qowa Al-Basheria SAS (GQAB), también conocida como Mi Futuro Global, dirigida por el excoronel José Óscar García Batte. Según OFAC, esta firma reclutó activamente exmilitares para integrarlos a A4SI y luego a Fénix, incluso cuando ya se conocía que los contratos implicaban su envío a la guerra en Sudán. Las autoridades también señalan que García Batte ha participado en reclutamientos para otros conflictos, como el de Ucrania. Dentro de esta estructura, Omar Fernando García Batte aparece como gerente y representante legal.
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¿Qué implicaciones tienen las sanciones de la OFAC?
El Departamento del Tesoro determina ahora que, bajo la Orden Ejecutiva 14098, “todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC”.
Presuntos exmilitares colombianos en la guerra de Sudán. Foto:Archivo particular
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
Por otra parte, salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de esas personas quedan bloqueadas.
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Más allá del castigo financiero, la medida busca desarticular una red que, según Washington, contribuye a prolongar un conflicto marcado por denuncias de genocidio, crímenes de guerra y limpieza étnica por parte de las FAR.
Personas desplazadas de El Fasher describen las atrocidades sufridas durante su viaje. Foto:Natalia Romero Peñuela/MSF
Se estima que más de cuatro millones de personas han sido desplazadas por la guerra y más del 50 % de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición.
