El panorama global atraviesa un momento crítico: en los últimos años, el auge de fuerzas de derecha radical y movimientos antigénero en múltiples regiones —desde Europa y Estados Unidos hasta Asia y partes de África— ha reconfigurado el terreno político.
LEA TAMBIÉN
Estas corrientes comparten una estrategia común: erosionar marcos de derechos consolidados, cuestionar la legitimidad de instituciones de igualdad, recortar presupuestos y desacreditar a los movimientos feministas como amenazas al “orden tradicional”.
En muchos países, estos discursos se articulan con nacionalismos, religiosidades conservadoras o posturas antimultilateralistas que reducen la igualdad de género a “ideología”, negando su condición de derecho humano.
En un contexto global de incertidumbre económica, polarización y desinformación digital, la agenda de igualdad se ha convertido en blanco prioritario de proyectos autoritarios que buscan volver a centrar el poder en estructuras jerárquicas y patriarcales.
En América Latina, la última década ha dejado conquistas significativas —paridad, derechos reproductivos, sistemas de cuidados, leyes de violencia y arquitectura institucional—, pero también señales de estancamiento y retrocesos.
LEA TAMBIÉN
Los balances de ONU Mujeres, la Cepal y el sistema de Naciones Unidas coinciden: el progreso es real pero insuficiente, desigual y vulnerable al rechazo conservador. Ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre igualdad (ODS 5) está plenamente cumplido y, al ritmo actual, la paridad en parlamentos tardaría décadas en alcanzarse.
Avances legislativos
Los avances más significativos se han dado en el terreno legislativo y en la adopción de políticas multisectoriales. Entre los ejemplos más destacados se encuentra México, que se convirtió en referente de paridad gracias a reformas que exigieron listas equilibradas y paridad en cargos de decisión. Estas medidas sumaron a la elección de su primera presidenta en 2024, Claudia Sheinbaum.
También Chile, que bajo la administración de Gabriel Boric desplegó políticas robustas en prevención de violencia (Ley Integral 21.675), además de aprobar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida), que consagra el derecho al cuidado y articula una red intersectorial.
Y Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro integró servicios de justicia y protección para mujeres afectadas por el conflicto armado (Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 1325); aprobó la primera norma integral en la región que tipifica y sanciona la violencia política contra lideresas y candidatas en todos los niveles del Estado (Ley 2453) y aprobó el Conpes 4143, que establece una Política Nacional de Cuidados a diez años.
En materia de cuidados, también México reconoció el derecho al cuidado en la Ley General de Desarrollo Social (2024) e instaló una mesa interinstitucional para construir un futuro sistema nacional de cuidados.
En prevención de las violencias, también Brasil, con el regreso de un gobierno progresista (a la cabeza de Luiz Inácio Lula da Silva), reforzó el andamiaje contra la violencia de género: aumentó penas por feminicidio hasta 40 años y lanzó pactos y campañas nacionales (Cero Feminicidio).
Asimismo, México lanzó diez acciones federales para mejorar la coordinación institucional y prevenir agresiones. En Honduras, Xiomara Castro reforzó las políticas de protección a las mujeres con la Ley de Casas Refugio. Todo ello a pesar de que, según la Cepal, los índices de feminicidio e impunidad en la región siguen siendo elevadísimos.
En derechos sexuales y reproductivos, la “marea verde” reconfiguró el mapa regional. Argentina legalizó el aborto en 2020, Colombia lo despenalizó hasta la semana 24 (en 2022), y en México, un fallo de 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto en el ámbito federal.
LEA TAMBIÉN
En Chile, el gobierno de Boric reactivó el debate para ampliar derechos y el año pasado radicó un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas (aún no ha sido aprobado en el Congreso). Honduras avanzó en la refutación de la prohibición del uso y la venta de anticoncepción de emergencia, aunque mantiene una de las leyes más rígidas frente al aborto.
La región también avanzó en institucionalidad de género, creando o fortaleciendo ministerios y secretarías de Igualdad: el Ministerio de Igualdad en Colombia (hoy en riesgo por fallos judiciales), la Secretaría de las Mujeres en México y la Secretaría de Estado de la Mujer en Honduras.
Retrocesos
El retroceso más visible se encuentra en Argentina, donde en 2023 el gobierno de Javier Milei desmanteló la institucionalidad de género (eliminó el Ministerio de Mujeres), recortó fuertemente los programas contra la violencia y promovió proyectos para recriminalizar el aborto, golpeando líneas de atención, transferencias para sobrevivientes y capacidades estatales. Todo ello desde un discurso estatal abiertamente antigénero. Organismos como Amnistía Internacional en Argentina, junto con las marchas de Ni Una Menos, han denunciado tal deterioro.
En Centroamérica, el patrón es también severo. El Salvador mantiene la prohibición total del aborto, con mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. No obstante fallos interamericanos (caso “Beatriz”) que exigen garantías, el cierre de espacios cívicos bajo el gobierno de Nayib Bukele ha forzado al exilio u cierre a organizaciones clave, incluida la histórica Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
También Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega, ha clausurado miles de ONG —incluidos colectivos feministas—, asfixiando, según expertas de la Cedaw, servicios esenciales para víctimas y borrando la voz pública de defensoras.
Y en Guatemala, la violencia y las barreras de acceso a la justicia persisten no obstante esfuerzos institucionales recientes. Tales retrocesos afectan con especial dureza a mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, quienes, según el Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ordpi), enfrentan violencias específicas, discriminación en salud y justicia y barreras lingüísticas y territoriales que profundizan la desigualdad y limitan el acceso real a derechos.
Riesgos crecientes
En América Latina el impulso institucional de la última década ha permitido mejoras tangibles y marcos legales más sólidos, con incidencia persistente de los movimientos feministas.
Estudios comparados subrayan que la región alberga hoy algunos de los movimientos feministas más fuertes e interconectados del sur global, responsables de conquistas como la “marea verde”, la expansión de los sistemas de cuidados y la consolidación de instituciones de igualdad.
LEA TAMBIÉN
Incluso el propio auge del rechazo conservador confirma la magnitud de estos avances: las ofensivas antigénero emergen como reacción a décadas de logros feministas en legislación y políticas públicas.
Pero, al mismo tiempo, los retrocesos —particularmente políticos y presupuestarios— amenazan con erosionar logros recientes. El caso argentino actúa como advertencia: sin continuidad institucional, las políticas de igualdad pueden desmantelarse en meses.
A escala global, el aumento de la violencia, la pobreza femenina persistente y la reacción conservadora hacen evidente que la igualdad no está garantizada. La conclusión es clara: el avance requiere vigilancia, inversión sostenida y voluntad política. Porque, incluso allí donde se ha legislado bien, las amenazas no desaparecen.
(*) Profesora de Antropología Social, Universitat de Barcelona. (**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.
