El indulto para 2.010 presos en Cuba, anunciado en plena Semana Santa como un “gesto humanitario”, va más allá de una decisión judicial, pues se inscribe en un momento de tensión con Estados Unidos y sugiere que la presión de Washington comienza a producir efectos concretos en La Habana.
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La medida, que de concretarse en liberaciones sería una de las mayores de la última década, coincide además con un escenario de crisis energética severa, negociaciones en fase temprana y señales cruzadas entre ambos gobiernos.
Aunque el gobierno de Miguel Díaz-Canel insiste en que el indulto responde a criterios humanitarios –conducta en prisión, estado de salud y tiempo cumplido–, el contexto apunta a un escenario mucho más amplio.
Se trata del segundo indulto en menos de un mes, tras el anunciado en marzo para 51 detenidos –de los cuales 27 fueron excarcelados apenas este sábado– como gesto hacia el Vaticano. Además, ocurre pocos días después de que Washington flexibilizó las restricciones petroleras, permitiendo el ingreso de 740.000 barriles de crudo ruso a la isla.
Miguel Díaz-Canel reconoció que negocia con Estados Unidos. Foto: AFP
El momento de ambas decisiones parece sugerir, más que una casualidad, un movimiento en dos vías entre La Habana y Washington.
Señales cruzadas entre La Habana y Washington
Esa conexión, aunque no reconocida oficialmente, es precisamente la que subrayan varios analistas. “Hay toda una puesta en escena para desvincular el indulto de las negociaciones, cuando claramente están conectados”, advirtió el historiador de la Universidad de Wisconsin, Andrés Pertierra, en diálogo con AFP.
En esa línea, quienes siguen el proceso creen que La Habana está mandando señales a Washington, pero sin admitirlo públicamente, para no afectar su discurso de soberanía, tal como ocurre en Venezuela.
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Ese cálculo ocurre, además, en un contexto interno cada vez más crítico para la isla. Cuba enfrenta apagones que afectan a más del 60 por ciento de la población, escasez generalizada de alimentos y medicinas, y una economía en contracción sostenida (el 90 por ciento de la población ronda la pobreza extrema).
Desde Washington, la respuesta también es cautelosa. El gobierno de Donald Trump –que en su segundo mandato endureció su discurso contra el régimen cubano– reconoció las liberaciones anteriores, pero exigió la excarcelación de todos los presos políticos.
Y es que, según organizaciones como Justicia 11J, aún habría al menos 775 personas detenidas por razones políticas, muchas de ellas vinculadas a las protestas del 11 de julio de 2021 (manifestaciones que tuvieron como detonante la crisis sanitaria por la pandemia).
Cuba enfrenta desde hace meses una crisis energética sin precedentes. Foto: AFP
Ese dato es clave para entender por qué persisten las dudas sobre el alcance real del indulto. Como en ocasiones anteriores, las autoridades no divulgaron listas de beneficiarios –y al cierre de esta edición solo se había confirmado una veintena de liberaciones–, mientras que las ONG siguen sin poder verificar las excarcelaciones y si estas incluyen presos políticos.
Para la organización Cubalex, con sede en Miami, el patrón con estos anuncios se repite y poco tiene que ver con justicia. “Históricamente, el uso del indulto en Cuba ha servido como una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia”, dicen.
Esa crítica se refuerza con otro punto: el indulto excluye a quienes fueron condenados por “delitos contra la autoridad”, figuras que durante años han sido utilizadas para procesar y castigar la actividad opositora en la isla.
El indulto como herramienta política y de presión interna
Para los expertos, las excarcelaciones funcionan también como una válvula de presión interna, pues a corto plazo reducen tensiones sociales, alivian el sistema penitenciario y proyectan una imagen de flexibilidad en medio del deterioro. Pero, sobre todo, se insertan en una estrategia más amplia de supervivencia del régimen.
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“No tenemos gran esperanza de que vaya a haber presos políticos libres; algunos seguramente habrá para jugar con la ambigüedad y que, cuando se anuncie que tal preso ha sido liberado, los titulares relacionen 2010 con liberación de presos políticos. Están jugando con eso”, denunció Paolo Manzo, de Prisoners Defenders, en X.
Ese mismo cálculo explica por qué, en paralelo, La Habana empezó a mover otras fichas. Tras semanas de rumores, el propio Miguel Díaz-Canel confirmó contactos con Washington para buscar salidas a la crisis. Del lado estadounidense, figuras como Marco Rubio aparecen como interlocutores en conversaciones que, según filtraciones, incluyen a actores cercanos al poder cubano, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ‘Raulito’, nieto de Raúl Castro.
El objetivo de Washington parece replicar un modelo de presión máxima combinada con negociación, similar al que precedió cambios recientes en Venezuela. Pero la jugada que pretende Washington no solo tiene como trasfondo la influencia que el nieto de Castro ejerce sobre los militares, sino también su control sobre el Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa). Este conglomerado estatal, en manos de altos mandos militares y del círculo heredero de los hermanos Castro –entre ellos Rodríguez Castro–, administra activos valorados en cerca de 20.000 millones de dólares.
Marco Rubio, secretario de Estados de EE. UU. Foto: AFP
La idea, según fuentes citadas por Axios, sería forzar una apertura económica gradual que, a largo plazo, facilite una transición política. En ese esquema, las liberaciones de presos serían un primer gesto medible.
Sin embargo, la vía militar tampoco estaría completamente descartada. A pesar de que su atención está puesta en la guerra contra Irán, que libra en alianza con Israel, Trump declaró el mes pasado que el régimen comunista cubano “caerá muy pronto” y sugirió que el desenlace podría incluso tomar la forma de una “toma amistosa” por parte de las fuerzas estadounidenses.
En ese sentido, el margen de maniobra para el régimen sigue siendo limitado. De igual forma, si no hay un desenlace rápido, la situación podría derivar en el colapso del Estado en la isla y en una nueva crisis migratoria hacia Estados Unidos, dos escenarios que Washington asegura querer evitar.
Esa preocupación es la que plantean los expertos Guillaume Long y Alex Main, investigadores del Centro para la Investigación Política y Económica (CEPR), quienes advierten en una columna en Foreign Policy que el endurecimiento de sanciones y el bloqueo petrolero podrían empujar a Cuba hacia una crisis humanitaria con efectos duraderos en la región.
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En medio de ese equilibrio inestable, Cuba parece moverse hacia una negociación pragmática, marcada menos por la ideología y más por la urgencia. Y en ese giro, las cárceles –y quienes salen de ellas– se convierten en una señal concreta de hasta dónde está dispuesto a ceder el régimen.
Foto:AFP
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
