El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició su mandato con una señal clara de su agenda en materia de seguridad y migración: el lanzamiento del denominado ‘Plan Escudo Fronterizo’, una estrategia que busca reforzar el control en la frontera norte mediante infraestructura física, despliegue militar y sanciones más severas contra la inmigración irregular, y la firma de seis decretos que inauguran su “gobierno de emergencia” .
Desde la región de Arica y Parinacota, a donde viajó en su primera semana de gobierno, el mandatario puso en marcha una de sus principales promesas de campaña. El plan contempla la construcción, en un plazo de 90 días, de al menos 30 kilómetros de zanjas de tres metros de profundidad en la frontera con Perú, así como muros y vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones.
Él seguirá una línea similar a este grupo de derechas duras de corte populista, si es que tiene efectos en la sociedad que sean funcionales para aumentar sus bases de apoyo
A esto se suman cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos y patrullajes constantes de fuerzas militares y policiales, en lo que el nuevo gobierno describe como un “despliegue inédito” para controlar “los pasos no habilitados”.
Seguidores de José Antonio Kast, presidente de Chile. Foto:EFE
“Hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado, como lo fuimos señalando durante los meses anteriores. Lo queremos concretar sin pausa alguna, porque los ciudadanos merecen una respuesta distinta”, señaló Kast durante su visita para supervisar los trabajos.
¿Puede el cierre fronterizo contener la migración sin tensiones regionales?
La medida, sin embargo, no tardó en generar reacciones dentro y fuera del país. Desde Perú, el presidente José María Balcázar aseguró que respeta la decisión de su homólogo chileno, aunque advirtió sobre los riesgos de este tipo de medidas y recordó el fracaso histórico del Muro de Berlín, que cayó en 1989.
“Sí hay que indicar que cuidado, cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente”, advirtió el mandatario en entrevista con la radio local RPP.
En Bolivia, la decisión de Kast también causó molestia entre expresidentes como Evo Morales y Jorge Tuto Quiroga, quienes advirtieron que se trata de una política hostil que podría vulnerar el Tratado de 1904, que estableció los límites fronterizos entre ambos países.
Sin embargo, el canciller boliviano Fernando Aramayo consideró que se trata de una decisión soberana del nuevo gobierno chileno sobre su territorio, que no tiene por qué ser descalificada o estigmatizada, y recordó que muchos vehículos que son robados en Chile cruzan la frontera, lo que también puede representar un peligro para su país.
Seguidores de José Antonio Kast, presidente de Chile. Foto:EFE
“Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados. Eso es lo que también pedimos: que no se cuestionen las decisiones de nuestro Gobierno”, afirmó ante los medios el canciller boliviano, quien aseguró que La Paz mantiene “un diálogo abierto” con Chile y dejó abierta la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, interrumpidas desde 1962 por la falta de solución a la histórica reclamación marítima boliviana.
Pero más allá de la reacción oficial de los gobiernos de la región, el plan también genera cuestionamientos desde organizaciones y expertos en migración. David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes en Chile, advirtió que este tipo de barreras pueden alterar dinámicas históricas de circulación entre comunidades fronterizas.
“Son regiones que han tenido una circulación fluida entre pueblos originarios y campesinos, además del vínculo cultural y comercial que existe”, advierte, en diálogo con EL TIEMPO, David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes en Chile.
En la misma línea, la expresidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, aseguró que la creación de este tipo de barreras en la frontera impide cualquier posibilidad de solicitar refugio para personas que necesitan esa protección internacional.
“Sabemos que eso lo que hace también es crear, en esas zonas, redes de tráfico y otras situaciones que son tremendamente dañinas para las personas que están en movilidad”.
Es evidente que, en un día, uno no va a sacar a 300.000 personas. Nosotros hemos sido súper claros: si usted entró por la ventana y no por la puerta, en algún momento va a tener que salir
A estas advertencias se suman datos que cuestionan la idea de que la migración representa una carga para el Estado. En Chile residen cerca de un millón de venezolanos, la mayoría ya integrados en el país, cuyo aporte equivale al 1,03 por ciento de los ingresos fiscales -alrededor del 0,15 por ciento del PIB-, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De acuerdo con este organismo, si se redujeran las barreras de regularización y acceso al mercado laboral, ese impacto podría aumentar hasta los 510 millones de dólares, elevando su contribución al 1,28 por ciento de la recaudación total.
José Antonio Kast, presidente de Chile. Foto:EFE
Kast y el eco del trumpismo: migración, mano dura y alianzas en la derecha regional
El endurecimiento de la política migratoria se inscribe en el eje central de la campaña de Kast, quien vinculó el aumento de la inseguridad con la inmigración irregular -fundamentalmente la proveniente de Venezuela- y propuso la expulsión de hasta 330.000 personas en situación migratoria irregular.
Este discurso se apoya en un deterioro de los indicadores de seguridad en el país. En 2024, la tasa de homicidios en Chile alcanzó los 6 por cada 100.000 habitantes, más del doble que en 2015, cuando era de 2,32, aunque todavía por debajo del promedio regional de 15.
En ese contexto, el enfoque del mandatario es comparado con las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, no solo por el énfasis en el control físico de las fronteras, sino también por una narrativa política que, desde 2016, se sintetiza en el lema “Hacer grande a Estados Unidos de nuevo” y que asocia migración con seguridad y orden y sirve do de base para discursos similares en otros países.
Ya en el poder, sin embargo, Kast matizó esa promesa, al reconocer que no se trata de una medida inmediata, reiteró que quienes hayan ingresado al país por vías ilegales deberán regularizar su situación o abandonar el territorio.
“Es evidente que, en un día, uno no va a sacar a 300.000 personas. Nosotros hemos sido súper claros: si usted entró por la ventana y no por la puerta, en algún momento va a tener que salir”, aseguró en entrevista con el programa Las caras de La Moneda.
Además, descartó iniciar redadas como las que se están viendo en varias ciudades de Estados Unidos, al asegurar que “no quieren generar una persecución”, pero en algún momento los inmigrantes indocumentados en Chile “tienen que encontrarse con el Estado”.
Este enfoque también se conecta con una red de afinidades políticas internacionales. El ahora presidente fue invitado por Trump a sumarse a la iniciativa “Escudo de las Américas”, que propone el uso de fuerzas militares para combatir el narcotráfico en la región y controlar la inmigración irregular –de la que no hace parte Colombia-. Además, su primera visita oficial fue al mandatario argentino Javier Milei, lo que refuerza la cercanía con gobiernos de derecha en América Latina.
“Él seguirá una línea similar a este grupo de derechas duras de corte populista, si es que tiene efectos en la sociedad que sean funcionales para aumentar sus bases de apoyo”, señaló a EL TIEMPO el investigador político Ignacio Imas, gerente de Imaginacción en Chile.
José Antonio Kast durante la ceremonia de investidura como presidente de Chile. Foto:AFP
Pero el tema migratorio no es la única coincidencia con las políticas impulsadas por Donald Trump en la agenda del nuevo mandatario chileno durante sus primeros días en el poder. A esto se suman decisiones en otros frentes que reflejan un giro hacia posturas más conservadoras, entre ellas, la reversión de decenas de decretos medioambientales adoptados por administraciones anteriores, bajo el argumento de reducir trabas regulatorias a la inversión, así como el retiro de Chile de una declaración de la Organización de Estados Americanos sobre la protección de los derechos de la comunidad LGBT.
Este giro hacia posiciones más duras también se produce en un contexto económico particular. Kast asume el control de una economía que creció un 2,3 por ciento en 2025, pero que arrastra un déficit fiscal estructural del 3,55 por ciento del PIB, por encima de la meta del Ministerio de Hacienda por tercer año consecutivo.
De igual forma, la inflación se mantiene controlada, por lo que el endurecimiento del discurso migratorio no solo parece responder a una promesa de campaña, sino que también se configura como una apuesta política en medio de una economía que… sigue bajo presión.
Andrea Aguilar Córdoba – Corresponsal de EL TIEMPO – Santiago de Chile
