El 6 de marzo, los bombardeos retumbaron en la selva de Sucumbíos, provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia. Se trataba de una acción conjunta de tropas ecuatorianas y estadounidenses contra posiciones de grupos criminales. El propio presidente Daniel Noboa confirmó lo que ningún comunicado oficial precisó en detalle: los misiles pertenecían al ejército de Estados Unidos.
El hecho no fue precedido de debate alguno. No hubo declaración conjunta del Pentágono. Ni un pronunciamiento del parlamento. Solo el anuncio del mandatario, con la naturalidad de quien informa sobre un trámite administrativo.
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Al día siguiente, los ecuatorianos presenciaron una imagen sin precedente en su historia diplomática: un presidente de los Estados Unidos que hablaba de seguridad regional y operaciones militares conjuntas, con la bandera de Ecuador –y de otros aliados en la región– a sus espaldas, durante la cumbre del Escudo de las Américas, en Doral, Florida. Su secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue más explícito: “Primero Ecuador. Ahora el Pacífico Oriental. Los carteles se están quedando sin océano”. Una declaración que suena más al parte de un comandante sobre un territorio asegurado que al reconocimiento entre aliados.
Pete Hegseth preside la cumbre Américas contra los carteles en Miami. Foto:Getty Images via AFP
Pero ningún funcionario en Washington ni en Quito ha explicado la geometría de esa coalición: una estrategia declarada contra el narcotráfico que excluye a Brasil, además de México y Colombia, los dos países latinoamericanos con mayor peso real en esa guerra.
La nueva coalición se construyó mucho antes, por capas, con la seguridad de quien anticipa oposiciones y anuncia sus planes solo cuando sabe que son irreversibles. En realidad, el bombardeo en Sucumbíos y la bandera ecuatoriana detrás de Trump hicieron visible en cuestión de días el resultado de una reingeniería silenciosa que llevaba meses en marcha.
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Hay; sin embargo, un momento en que ese esquema quedó al descubierto: el 30 noviembre de 2025, cuando los ecuatorianos creyeron haberle puesto un límite a la subordinación operativa. Ese día, rechazaron en un referéndum, con el 61 % de los votos, la posibilidad de instalar bases militares extranjeras (obviamente de Estados Unidos) en territorio nacional. Fue un resultado contundente, una de esas raras ocasiones en que la ciudadanía le pone un límite explícito a su gobierno.
Se trataba, detrás de bambalinas, de reabrir la base de Manta, que Washington utilizó durante 10 años hasta que fue cerrada por el entonces presidente Rafael Correa. Pero Noboa, detrás de su supuesto respeto a la voluntad popular, no estaba dispuesto a ceder.
Daniel Noboa y la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, en Manta. Foto:EFE
De hecho, lo que vino después, en ausencia de una base física, fue una presencia militar rotativa, invisible para el público pero efectiva en lo operativo. El 3 de marzo el Comando Sur de Estados Unidos lo anunció por redes sociales con la grandilocuencia fílmica del mainstream anglosajón: videos de tropas y helicópteros fuertemente armados captados con visión nocturna, música épica de fondo, nubes y relámpagos detrás de su escudo.
Al menos desde entonces, esas tropas operan en Ecuador bajo la etiqueta de “asistencia técnica”, una categoría tan elástica como para incluir entrenamiento, inteligencia, logística y participación directa en operaciones de combate.
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La evidencia más cruda llegó desde Sucumbíos, tres días después del anuncio. La frontera con Colombia se convirtió en el escenario del primer gran operativo militar conjunto de la era Noboa-Trump. El bombardeo fue ejecutado por tropas ecuatorianas y estadounidenses, con armamento y soporte de inteligencia provistos por Washington, como confirmó el propio Noboa.
La operación fue ejecutada en medio de un silencio institucional que se convirtió en uno de los rasgos más definitorios del nuevo Ecuador, en donde la urgencia por la seguridad suspende todas las demás conversaciones, incluido el debate sobre la llegada al país de sistemas de vigilancia digital mundialmente cuestionados.
Una alianza de varias capas
En efecto, antes de la acción en Sucumbíos, ya había llegado Palantir Technologies, una empresa que Noboa adoptó como herramienta de combate contra el crimen organizado. Pero el Gobierno no ha discutido públicamente que se trata de la misma tecnología que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) utilizó para rastrear y deportar a miles de migrantes en ese país. Y que sirvió de soporte para el sistema de selección de objetivos del ejército israelí en la Franja de Gaza.
No es menor el detalle de que el contrato con Palantir precede a los bombardeos: sugiere que la secuencia lógica de la nueva doctrina de seguridad ecuatoriana no comienza con la fuerza, sino con la inteligencia, el mapeo y la capacidad de identificar objetivos antes de neutralizarlos. Todo ello combina con la recién anunciada llegada del FBI a Quito.
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En efecto, el 11 de marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos formalizaron la apertura de la primera oficina permanente del FBI en Quito, sellada con un memorando de entendimiento firmado en la Vicepresidencia de la República sin convocatoria abierta a la prensa. Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la embajada estadounidense, la describió como un “hito estratégico y operativo” en la cooperación bilateral. La definición es precisa, aunque incompleta: lo que Petroni llamó cooperación es, en los hechos, la tercera capa de una misma estructura. Palantir identifica y mapea. El FBI investiga y procesa. El Comando Sur ejecuta.
Ecuador cargaba con un historial incómodo para la Casa Blanca: desde 2009, Cuba, Venezuela y Rusia entrenaron a agentes de ese país bajo el paraguas de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), una institución que el gobierno de Rafael Correa construyó para nacionalizar la actividad y desplazar la cooperación que Estados Unidos mantenía con unidades policiales y militares del país.
La Senain había nacido un año después del bombardeo colombiano al campamento de ‘Raúl Reyes’ —segundo al mando de las Farc— en suelo ecuatoriano, en un momento en que Quito rompió relaciones con Bogotá mientras se alejaba de Washington. Lo que entonces Correa presentó como autonomía estratégica, para el gobierno de Noboa se convirtió en un lastre para su nuevo romance con Washington, que por supuesto no comparte capacidades sensibles con aparatos de inteligencia de potencias rivales.
Visita de la OEA al lugar bombardeado contra Reyes, en Angostura, Ecuador. Foto:Pablo Cozzaglio. AFP
Los nuevos compromisos adquiridos explican la expulsión de los 21 funcionarios de la embajada cubana, el mismo día que se conoció de las operaciones del Comando Sur. Desde 2009, La Habana capacitó a agentes ecuatorianos, transfirió metodologías de contrainteligencia y tejió una red de vínculos en las instituciones de seguridad del país. Desde ese punto de vista, lo que hizo Noboa fue “limpiar la casa” para terminar de acercarse a los norteamericanos.
“Todas las embajadas tratan de levantar información del país donde están”, explica Saudia Levoyer, académica y periodista de investigación especializada en seguridad e inteligencia. El problema aparece cuando esa actividad rebasa el terreno diplomático y entra en el de la injerencia política, para “iniciar procesos de influencia ideológica dentro del país”, señala. Y eso era precisamente lo que hacía la embajada de Cuba en Ecuador.
Eso resulta consistente con las presiones y amenazas sobre la isla, que está bajo un asedio terminal al que Trump llamó “friendly takeover”; es decir, una “toma de control amistosa”. En otras palabras, que Estados Unidos tomará las decisiones sobre el futuro de la isla.
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Es que la estrategia geopolítica de Washington en la región adopta una postura de “ofensiva total” bajo el mando del secretario Pete Hegseth, que conduce la operación Lanza del Sur (JTF Southern Spear), una campaña de interdicción marítima y aérea que ha redefinido de facto el concepto de soberanía en el Pacífico. El patrón se repite a lo largo del continente: la presión sostenida de Estados Unidos y Ecuador sobre Gustavo Petro en Colombia, el respaldo abierto a Javier Milei en Argentina y el bombardeo de Caracas, para capturar a Nicolás Maduro, que convirtió a ese país en una suerte de protectorado.
Nicolás Maduro ilustrado durante las audiencias en EE. UU. Foto:Nicolás Maduro
La magnitud de ese reordenamiento quedó plasmada el 5 de marzo, cuando el semanario Time publicó su portada bajo el título ‘Trump’s War’. Allí aparecen ocho gorras rojas de países como Irán y Venezuela con variaciones del lema MAGA. En una de ellas dice “Make Ecuador Great Again”.
Así, Ecuador, un país que durante décadas se ganó el título de ser una isla de paz en un continente convulso, y luego cayó en una espiral de violencia del narcotráfico, hoy se convierte en un eslabón activo de la proyección de poder militar de Washington en América Latina.
LEONARDO GÓMEZ PONCE (*)
Connectas (**)
(*) Periodista de investigación ecuatoriano especializado en fiscalización de recursos públicos y análisis de economías criminales y miembro de Connectas Hub. Escribe sobre despojo de tierras, captura institucional y control territorial en contextos vinculados al crimen organizado.
(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.
