A comienzos de este mes, el presidente Donald Trump convocó en Miami una reunión con varios presidentes latinoamericanos que dio lugar a la iniciativa Escudo de las Américas, una coalición regional orientada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas que Washington considera cada vez más desestabilizadoras para el hemisferio.
Aunque fue presentada como un esfuerzo de cooperación regional, la reunión tuvo un carácter selectivo: participaron principalmente gobiernos ideológicamente cercanos a la agenda de seguridad de la Casa Blanca, entre ellos Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), así como representantes de países del Caribe y de Centroamérica. La ausencia de tres de los principales países de la región —México, Brasil y Colombia— fue especialmente significativa.
El combate a los carteles fue el eje de la reunión, pero la agenda incluyó otros temas clave. Entre ellos figuraron la migración irregular hacia Estados Unidos y el tráfico de personas. Además, Washington insistió en la necesidad de coordinar políticas ante el creciente peso económico y tecnológico de China en la región. Así, la cumbre no solo abordó el narcotráfico, sino que también reflejó la creciente competencia global entre Estados Unidos y China.
Más que una cumbre hemisférica incluyente, el encuentro fue un foro de gobiernos alineados con Washington, cuyo único objetivo era reestructurar la arquitectura de seguridad en el hemisferio.
El principal resultado de la reunión, como ya se anotó, fue adoptar la iniciativa Escudo de las Américas como una coalición de 17 países destinada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Esta iniciativa se concretó en una proclamación, suscrita por el presidente Trump, titulada ‘Commitment to Countering Cartel Criminal Activity’. La iniciativa refleja un cambio conceptual importante en la política hemisférica de seguridad.
Tradicionalmente, el narcotráfico ha sido tratado primordialmente como un problema policial o judicial; en cambio, este compromiso lo redefine como una amenaza estratégica que justifica una cooperación de seguridad mucho más estrecha, e incluso con componentes militares.
Trump comparó el modelo con la coalición internacional creada para combatir al Estado Islámico. Este escenario abre la puerta a una cooperación militar regional más estrecha, así como a operaciones transfronterizas conjuntas contra organizaciones criminales. Pero también implica una intervención más activa de Estados Unidos en la seguridad de Latinoamérica, lo que podría redefinir tanto las pautas de colaboración como el enfoque estratégico de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio.
El presidente Donald Trump (c), junto a mandatarios latinoamericanos- Foto:EFE
Este cambio conceptual tendrá profundas consecuencias para América Latina. Además, genera tensiones en torno a la soberanía, los derechos humanos o enfoques alternativos basados en el desarrollo y las políticas sociales.
Un ataque elocuente
Los efectos de esta nueva lógica ya comienzan a ser visibles. Un día antes de la cumbre —el viernes 6 de marzo—, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas realizaron una operación conjunta contra un campamento de los Comandos de la Frontera en el noreste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. El grupo estaba integrado por disidencias de las Farc vinculadas al narcotráfico y a redes criminales transnacionales.
El ataque tiene una importancia simbólica considerable. No solo evidenció un nuevo nivel de cooperación militar entre Washington y un gobierno de la región, sino que también puso de manifiesto una tendencia emergente: las operaciones contra organizaciones criminales podrían desarrollarse cada vez más en marcos multilaterales o en coaliciones ad hoc.
Para Colombia, este episodio tiene implicaciones directas. Muchas de las organizaciones criminales que operan en países vecinos tienen origen colombiano o mantienen vínculos con redes del narcotráfico que se extienden desde su territorio. Si las operaciones conjuntas, como la intervención en Ecuador, se vuelven más frecuentes, es probable que el conflicto colombiano adquiera una dimensión regional más marcada.
Esto traería consigo una serie de consecuencias, entre las que destacan una presión diplomática creciente sobre Colombia para endurecer su política antidrogas, el surgimiento de tensiones con países vecinos que consideran el narcotráfico colombiano una amenaza directa y la tendencia a internacionalizar aún más el problema del narcotráfico.
En otras palabras, el conflicto podría dejar de ser percibido como un problema predominantemente interno para convertirse en una cuestión de seguridad regional.
Los retos para Colombia
Ante este escenario, Colombia enfrenta desafíos inéditos que redefinen su papel en la región y obligan al país a replantear sus estrategias de seguridad y de relaciones exteriores. Las características de esta nueva realidad, cada vez más compleja, pueden resumirse de la siguiente manera.
En primer lugar, la exclusión de Colombia de la reunión resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta la historia de la relación bilateral con Estados Unidos.
Durante más de dos décadas, Bogotá ha sido el principal socio de Washington en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Desde el Plan Colombia hasta los programas de inteligencia y entrenamiento militar, la cooperación bilateral ha sido uno de los pilares de la política de seguridad regional. Sin embargo, la ausencia de Colombia de esta nueva coalición sugiere un cambio en la relación política. Para Washington, Colombia parece haber pasado de ser un aliado estratégico central a convertirse en un socio más complejo y menos predecible. Esto no implica necesariamente una ruptura en la relación bilateral, pero sí indicaría una disminución del nivel de confianza política y de afinidad estratégica.
En segundo lugar, resulta evidente la diferencia de enfoque entre Washington y Bogotá respecto del narcotráfico.
La lógica de la ‘paz total’ es completamente distinta de la que tiene la iniciativa impulsada por Trump. Mientras que la primera da prioridad a la negociación o a los procesos de reintegración, la segunda acentúa la presión militar, la cooperación internacional y la desarticulación coercitiva de las organizaciones criminales. Esta dualidad refleja el choque entre quienes consideran el problema como un fenómeno social y político que requiere transformaciones profundas, y quienes lo abordan como una amenaza a la seguridad que exige respuestas contundentes y multilaterales. Si la nueva coalición hemisférica avanza hacia operaciones más agresivas contra los carteles, la estrategia colombiana podría enfrentar crecientes presiones internacionales.
El factor China
En tercer lugar, la iniciativa también tiene implicaciones geopolíticas. Al vincular la lucha contra el narcotráfico con la competencia estratégica frente a China, Washington está ampliando el marco en el que evalúa sus relaciones con América Latina. Para Colombia, esto implica que la relación con Estados Unidos podría evaluarse no solo en función de la cooperación antidrogas, sino también en aspectos como inversiones en infraestructura estratégica, telecomunicaciones y tecnología, relaciones con China y posturas diplomáticas frente a Venezuela. Esto podría reducir el margen de maniobra de la política exterior colombiana, que en los últimos años ha intentado diversificar sus relaciones internacionales.
Finalmente, el contexto político en Colombia añade otra dimensión. El país se encuentra en una fase electoral, con elecciones legislativas y presidenciales, y la iniciativa impulsada por Trump podría influir en el debate político interno. Para algunos sectores, la cumbre confirma la necesidad de adoptar una política de seguridad más dura frente al narcotráfico. Para otros, representa un ejemplo de intervencionismo estadounidense en la región. En cualquier caso, la relación con Estados Unidos será, sin lugar a duda, uno de los ejes centrales de la discusión política colombiana.
Un nuevo ‘clima’
Es claro que Washington apunta hacia un modelo hemisférico en el que la seguridad cobra un protagonismo renovado, las alianzas regionales se vuelven más selectivas y la competencia con China se integra como variable clave en el tablero latinoamericano. La cumbre de Miami, lejos de ser un simple acto diplomático, ha puesto las bases de una nueva arquitectura de seguridad en el continente, basada en la cooperación militar y en una postura más firme frente al crimen organizado.
Así pues, la iniciativa estadounidense se inscribe en una estrategia geopolítica de mayor alcance, destinada a reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Este enfoque, expresado no solo en documentos, sino también en acciones concretas, sigue la lógica de la Doctrina Monroe —”Doctrina Donroe”—, subrayando que América Latina sigue siendo un espacio estratégico prioritario para Washington.
Si bien la reunión convocada por Trump no implica una ruptura inmediata en la relación entre Estados Unidos y Colombia, sí marca un giro significativo en el escenario estratégico en el que ambas naciones interactúan.
Colombia, actor histórico y central en la política antidrogas regional, se enfrenta ahora a un dilema crucial: cómo mantener la cooperación con su principal aliado sin quedar supeditado a la lógica de una guerra hemisférica militarizada contra los carteles. El reto para Colombia será navegar por este nuevo escenario, preservando su autonomía y su papel protagónico en la región.
Donald Trump durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ Foto:AFP
La respuesta no solo dependerá de las decisiones que emanen de Washington, sino también de la capacidad de Bogotá para definir una estrategia autónoma y adaptada a los nuevos tiempos.
MARCELA ANZOLA (*)
Razón Pública (**)
(*) Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D. en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.
(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
