Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos.
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Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.
“La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación”, anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.
La medida fue considerada “ilegal” por Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, pero celebrada por Estados Unidos.
Un carguero y un remolcador navegan por las esclusas de Cocolí en el Canal de Panamá. Foto: ARNULFO FRANCO / AFP
PPC “objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal, sin transparencia ni coordinación”, indicó la firma en un comunicado, en el que aseguró que son “acciones confiscatorias”.
La toma se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.
El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo, hasta ser adjudicados mediante licitación.
Balboa quedará a cargo de APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- y Cristóbal, de Terminal Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC.
“El Estado es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado”, dijo PPC, al advertir que la intervención genera “serios riesgos” en las terminales.
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Estados Unidos celebra
Hutchison, que previamente anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), anticipó acciones legales si se tomaban los puertos sin su consentimiento.
China, además, amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión.
“Es muy bueno para el pueblo de Panamá (…) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa el 5 % del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison.
La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.
Agentes de la policía patrullan el área del Puerto de Balboa, administrado por Hutchison Holdings. Foto: AFP
“Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”, manifestó, sin embargo, a la AFP un operario de Balboa que reservó su identidad.
Camiones con contenedores permanecían estacionados en esas instalaciones, donde la verja de entrada fue cerrada.
Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, el 38 % de ellos por los que operaba Hutchison.
En la conferencia, Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y ahora encargado de la transición, señaló que las terminales seguirán siendo operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison y negó que se trate de una expropiación.
“Es una ocupación para garantizar que la operación pueda continuar; se reconoce que los equipos son de la empresa”, sostuvo, al indicar que luego se buscará un acuerdo económico con Hutchison sobre esa maquinaria.
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Negocio en duda
Alemán Zubieta anunció igualmente que Panamá contratará a “las mejores firmas de abogados internacionales” para defenderse ante la ICC en París, un proceso que estima durará “muchísimos años”.
Hutchison buscó in extremis un acuerdo con el gobierno del presidente José Raúl Mulino para seguir administrando los puertos y evitar un “caos”, y advirtió que un tercero tomó “bienes que no le pertenecen”, según declaró la semana pasada Alejandro Kouruklis, portavoz de PPC.
La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos -entre ellos los que operaba en Panamá- a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, por 22.800 millones de dólares.
