El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el domingo el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a 8 policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes.
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Escena del crimen donde un policía fue asesinado por presuntos pandilleros en Guatemala. Foto:AFP
Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy (18 de enero)” para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, dijo Arévalo en cadena nacional.
La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.
El mandatario también anunció que la policía tomó el control de tres cárceles donde los pandilleros mantenían retenidos a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad.
“Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales”, que ahora “están de rodillas”, afirmó Arévalo.
Miembros de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía de Guatemala. Foto:AFP
El origen del conflicto con las pandillas en Guatemala
El conflicto entre las pandillas y el Gobierno de Arévalo de León empezó de manera frontal en julio pasado con el asesinato de siete personas que velaban en una funeraria, en el centro de la Ciudad de Guatemala, a un presunto pandillero de la estructura criminal denominada “Mara Salvatrucha”.
El ataque, perpetrado presuntamente por varios sicarios de la pandilla enemiga, “Barrio 18”, provocó que el Gobierno de Arévalo de León ordenara el traslado de sus líderes a una cárcel de alta seguridad, denominada ‘Renovación 1’, ya que la matanza supuestamente fue organizada desde la prisión en las que se encontraban originalmente.
El adiós a las comodidades en prisión
Dicho traslado significó el cese de comodidades para los líderes de las pandillas, entre ellos Aldo Ochoa, uno de los cabecillas de la estructura “Barrio 18”, sentenciado a al menos 80 años de prisión por asesinato, entre otros delitos.
Ochoa, conocido como El Lobo, y sus lugartenientes en las pandillas han reinado en las Administraciones anteriores desde varias cárceles donde, según las autoridades, ordenan asesinatos, manejan extorsiones millonarias a comerciantes y viven en condiciones mejores que la población, con acceso a lujos.
Policías de Guatemala registran a un hombre durante un operativo en una carretera. Foto:AFP
Justamente uno de los motivos por los cuáles Ochoa organizó uno de los motines de este fin de semana en ‘Renovación I’ obedece a la falta de acceso a aire acondicionado, a comida a domicilio y a una cama grande, de acuerdo al Ministerio de Gobernación (Interior).
El trasfondo en un año clave para la Justicia
Para algunos expertos en el tema, los amotinamientos y asesinatos de policías buscan crear caos en un año trascendental para la lucha contra la corrupción, ya que en mayo próximo se reemplazará a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Los reos involucrados en los motines han solicitado a la población una sublevación en contra del presidente Arévalo, sobre quien recaerá la decisión de nombrar al sustituto de Porras en mayo próximo, mientras algunos operadores políticos también sancionados por EE. UU. han secundado las voces de los pandilleros.
El mismo Arévalo dijo que se sabe “quienes están detrás” de los ataques: “Grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo, además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
Cárceles liberadas
Este domingo, las autoridades retomaron el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían secuestrados.
Miembros de la División de Fuerzas Especiales (FEP) custodian el Centro de Detención Preventiva. Foto:AFP
Los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.
El ministerio de Gobernación publicó un video en X donde se ve que agentes llevan esposado y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio-18, y al que las autoridades identifican como Aldo Dupie, alias “El lobo”.
La policía también liberó, junto al Ejército, a 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II, y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.
Según Arévalo, no ha habido “una sola baja” durante estos operativos.
“Estos grupos, desesperados, quisieron infundir el terror y el caos”, pero “fracasarán” porque “no negociamos con criminales”, agregó.
Se mantienen los militares en las calles de Guatemala
El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado.
“El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, indicó Sáenz.
Un soldado guatemalteco en un vehículo blindado. Foto:AFP
El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes podrán defender “la vida” de los ciudadanos “utilizando su arma de fuego” si fuera necesario.
Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos.
Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad.
El gobierno decretó tres días de luto nacional por los 8 policías muertos y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se “refugie” y evite las “multitudes”.
El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar “uno de los momentos más dolorosos y desafiantes” del país.–
